El Gobierno de Canarias ha dado un paso relevante en la reformulación de su política de vivienda con la aprobación, en Consejo de Gobierno, del Proyecto de Decreto que regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública y de sus anejos no vinculados. La norma, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, inicia ahora su tramitación consultiva antes de su aprobación definitiva, pero ya anticipa cambios estructurales en el acceso a la vivienda pública en el Archipiélago.

El decreto pretende actualizar un marco normativo que había quedado desfasado frente a la actual emergencia habitacional, caracterizada por el aumento de precios, la escasez de oferta y las dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna, especialmente entre jóvenes, familias con rentas medias y colectivos vulnerables.

Diez años de residencia para optar a una vivienda protegida

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo decreto es el refuerzo de los criterios de arraigo y residencia. Para poder acceder a una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en Canarias de al menos diez años, o de quince años en caso de residencia discontinua. Además, se exigirá una residencia prolongada o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la promoción, con el objetivo de garantizar que el parque público atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.

Este requisito supone un cambio sustancial en la política de adjudicación y responde a la voluntad del Ejecutivo autonómico de priorizar a los residentes frente a la presión externa, en un contexto en el que el mercado inmobiliario canario se ve tensionado por la compra de vivienda con fines turísticos, de inversión o como segunda residencia.

Fin de los sorteos y apuesta por una baremación objetiva

El decreto elimina el sistema de sorteos, que hasta ahora se utilizaba cuando la demanda superaba a la oferta, y lo sustituye por un procedimiento de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación. Este nuevo modelo tendrá en cuenta la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, permitiendo priorizar a aquellas unidades de convivencia con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

Con este cambio, el Gobierno de Canarias busca introducir mayor equidad y transparencia en el proceso de adjudicación, evitando que el acceso a la vivienda pública dependa del azar y reforzando su función social como instrumento de cohesión y protección frente a la exclusión residencial.

Revisión al alza de los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos

El proyecto de decreto introduce también un impulso social claro mediante la revisión al alza de los denominados cupos protegidos. Los porcentajes de reserva de vivienda pública para determinados colectivos se incrementan de forma significativa: el cupo para jóvenes pasa del 5% al 20%, el destinado a personas mayores de 65 años se eleva del 5% al 10%, el de personas con limitaciones funcionales también aumenta hasta el 10%, y el reservado a víctimas de violencia de género crece del 5% al 8%.

Este ajuste responde a la constatación de que determinados grupos están siendo especialmente golpeados por la crisis de la vivienda, y pretende adaptar el parque público a las necesidades reales de la población, en lugar de mantener porcentajes simbólicos con escaso impacto práctico.

Regulación en las viviendas de construcción industrializada

Otro de los cambios relevantes es la regulación expresa de las viviendas prefabricadas y modulares, enmarcándolas dentro de una apuesta por la construcción industrializada. El decreto define estas tipologías habitacionales y regula su utilización por parte de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de acelerar la creación de vivienda pública sin renunciar a estándares de calidad.

Desde el Ejecutivo canario se insiste en que estas viviendas deben ser dignas, modernas y plenamente habitables, alejadas del concepto de infravivienda, y formar parte de una estrategia más amplia de modernización del modelo constructivo para responder con mayor rapidez a la falta de vivienda.

Los otros cambios que llegan

La norma regula por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, un aspecto que hasta ahora carecía de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de mayor seguridad jurídica en su gestión. Asimismo, se establece un régimen general de obligaciones para las personas adjudicatarias, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y garantizando una gestión responsable del patrimonio público.

El decreto también consolida la creación de un Registro Público único de Demandantes de Vivienda Protegida para todo el Archipiélago, de inscripción obligatoria, con criterios homogéneos y transparentes, que permitirá una mejor planificación de las políticas públicas de vivienda.

Un cambio de modelo en un contexto de crisis habitacional

Con este proyecto de decreto, el Gobierno de Canarias avanza hacia un modelo más social, estructurado y transparente de adjudicación de vivienda protegida, en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del Archipiélago. La eliminación de sorteos, el refuerzo del arraigo, el aumento de cupos protegidos y la regulación de nuevas tipologías constructivas configuran un cambio de enfoque que busca priorizar a quienes más lo necesitan y garantizar que los recursos públicos cumplan su función social en un mercado cada vez más tensionado.