El problema se agudiza con cada subida del precio de la vivienda
El precio de la vivienda en Canarias no deja de subir, y cada mes que pasa la distancia entre lo que cuesta un piso y lo que gana un isleño se hace más difícil de justificar. El sueldo medio en las islas no está, ni de lejos, entre los más altos de España, y sin embargo el metro cuadrado se comporta como si estuviera en una de las regiones más ricas del continente. Esa contradicción es la que ha empujado al presidente canario, Fernando Clavijo, a colocar la vivienda entre los asuntos que quiere dejar «encarrilados» antes de que termine la legislatura, con un objetivo muy concreto: que Canarias pueda limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros cuando el inmueble no se destine a residencia habitual.
No es una ocurrencia de última hora ni un brindis electoral. Clavijo lleva tiempo insistiendo en que aumentar la oferta de vivienda, por sí solo, no arregla nada si no se actúa también sobre una demanda que en muchos casos llega con un poder adquisitivo muy superior al de quien realmente necesita un techo en las islas.
Dos frentes, la misma urgencia
El Gobierno canario ha optado por no jugárselo todo a una sola carta y trabaja en paralelo en dos ámbitos completamente distintos. Ante Madrid, la propuesta pasa por modificar la Ley de Haciendas Locales y de Régimen Local para poder penalizar fiscalmente a los compradores no comunitarios que adquieran una vivienda en Canarias y no la destinen a residencia habitual ni al alquiler de larga duración. La reforma iría acompañada de una dimensión municipal: los ayuntamientos de las zonas más tensionadas podrían restringir el uso de determinados inmuebles y subir el IBI a las viviendas que permanezcan vacías, para forzar su vuelta al mercado residencial.
El segundo frente, el europeo, es el verdaderamente decisivo, porque es el único camino para poder limitar también la compra por parte de ciudadanos comunitarios, que hoy no se puede tocar con herramientas puramente nacionales. Canarias asegura contar ya con estudios jurídicos «avanzados» que sustentan esta vía, y el Ejecutivo autonómico admite que el ritmo en Bruselas será necesariamente más lento que en España. Aun así, Clavijo ha decidido no esperar sentado.
El divorcio insoportable entre sueldos y ladrillo
Aquí es donde conviene ser claros: lo que está ocurriendo en Canarias no es una anécdota estadística, es una emergencia con nombre y apellidos desde que el Archipiélago declaró la situación de emergencia habitacional el 19 de febrero de 2024, mediante el Decreto-ley 1/2024. Cuando una región entera necesita blindarse por decreto frente al precio de la vivienda, algo se ha roto en el equilibrio entre lo que cuesta vivir allí y lo que se gana trabajando allí. Y ese algo tiene mucho que ver con compradores que no buscan un hogar, sino una inversión, una segunda residencia o directamente un negocio de alquiler vacacional que ni empadrona a nadie ni contribuye al tejido residencial de la isla. Mientras esa demanda siga entrando sin fricción, cualquier esfuerzo por construir más vivienda social se quedará corto.
Bruselas, de obstáculo a aliado inesperado
Lo interesante es que la vía europea, que hasta ahora parecía la más cuesta arriba, ha empezado a allanarse sola. La Comisión Europea presentó hace apenas unos días su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, defendida por la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera y el comisario de Energía y Vivienda Dan Jørgensen, que por primera vez ofrece un auténtico «paraguas legal» para que Estados, regiones y municipios puedan limitar la compra de inmuebles que no se destinen a primera residencia —incluidas las segundas viviendas— en las zonas que acrediten presión habitacional, siempre que las restricciones estén justificadas, sean proporcionales y no discriminatorias.
Dicho de otro modo: Bruselas le está dando la razón a Clavijo casi al pie de la letra. La propia Comisión reconoce que varios Estados miembros ya han intentado regular las segundas residencias y se han topado con problemas jurídicos frente al Derecho europeo; esta nueva norma busca precisamente cerrar esa brecha de inseguridad. Para aprovechar la ventana, Clavijo tiene previsto reunirse en noviembre con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión para Cohesión y Reformas, con la vivienda canaria de nuevo sobre la mesa.
Que decida quien vive aquí
Desde la Consejería de Vivienda, Pablo Rodríguez ha calificado el movimiento de Bruselas como un «avance importante», y no exagera: si Europa permite restringir las segundas residencias, el resultado práctico puede parecerse mucho a lo que Canarias lleva meses pidiendo. El consejero insiste en que todo el Archipiélago está tensionado desde la declaración de emergencia de 2024, aunque con distinta intensidad según el municipio, y defiende que la prioridad debe ser el acceso a la vivienda de quienes realmente residen en las islas.
Y en eso, francamente, resulta difícil no darle la razón. No se trata de cerrar Canarias a nadie, sino de dejar de tratar la vivienda como un activo financiero más cuando para miles de familias isleñas es, sencillamente, el sitio donde viven. Que Bruselas empiece a moverse en esa dirección no es una casualidad: es la confirmación de que el problema que Canarias lleva señalando desde hace tiempo se extiende por Europa y ya no se puede seguir mirando hacia otro lado.
