El Gobierno, a través de Casa 47, construirá 161 nuevas viviendas públicas, asequibles y con protección permanente en Valladolid, según ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una visita a una promoción cofinanciada con fondos europeos. Así, Casa 47 invierte 25 millones para construir viviendas asequibles en Valladolid, una operación que confirma que la ciudad se ha convertido en uno de los focos principales de la política estatal de vivienda protegida.
La ministra ha detallado que las nuevas viviendas se levantarán en el barrio de Santos-Pilarica. En concreto, las viviendas se ubicarán en un solar de la Sareb situado en la calle Universo, un terreno que en su día formó parte del entramado inmobiliario previo a la crisis de 2008 y que, tras años en manos del llamado «banco malo», pasa ahora a convertirse en vivienda pública. Rodríguez lo ha resumido con una frase que retrata bien el giro de guion: ese patrimonio, que «sirvió al boom inmobiliario», se pondrá ahora a disposición de la ciudadanía. Es, en cierto modo, una forma de cerrar el círculo de una crisis que dejó miles de viviendas y suelo público sin uso durante más de una década, y conviene reconocer el acierto de emplearlos ahora para lo que debieron servir desde el principio.
La operación de la calle Universo no es la única que Casa 47 tiene entre manos en la ciudad. La entidad pública avanza también en la reconversión de los antiguos cuarteles militares de «La Rubia» en vivienda asequible: la ministra ha explicado que en los próximos días se adjudicará el proyecto de demolición, una vez analizados los cuatro proyectos presentados a la licitación. Son procesos que avanzan con la lentitud propia de la administración, pero que apuntan a que la ciudad concentrará en los próximos años varias promociones de peso en materia de vivienda protegida.
De hecho, la agenda de la ministra en Valladolid no se limitó al anuncio de las 161 viviendas de la calle Universo. Rodríguez visitó también una promoción de 50 viviendas asequibles de nueva construcción dirigidas a jóvenes, situada en la calle Mieses y cofinanciada con 2,5 millones de euros a través de los fondos europeos Next Generation EU. Todo apunta, por tanto, a que hay más construcción de vivienda asequible en Valladolid de la que refleja un único anuncio, en un mapa de inversión que resulta notable: desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno, el Ejecutivo ha destinado más de 670 millones de euros a políticas de vivienda en Castilla y León, movilizando más de 16.500 viviendas, entre ellas más de 2.000 de nueva construcción y 16.600 de rehabilitación. Solo en Valladolid capital, la inversión ya asciende a 72 millones de euros, con más de 4.000 viviendas movilizadas, 850 de ellas de nueva planta.
Son cifras que sitúan a Valladolid como una de las ciudades donde más se nota el impulso estatal a la vivienda asequible. Ahora bien, conviene no perder de vista que buena parte de estos proyectos —como el de La Rubia o el propio solar de la calle Universo— están todavía en fase de licitación o adjudicación. El anuncio es una buena noticia, pero la verdadera prueba llegará cuando esas 161 viviendas empiecen a entregarse a sus futuros inquilinos.
Las víctimas de violencia machista y la vivienda
Isabel Rodríguez ha aprovechado su paso por Valladolid para abordar otro asunto especialmente sensible: la relación entre las víctimas de la violencia machista y la vivienda. La ministra ha querido dejar claro que el Gobierno garantizará que las mujeres víctimas de violencia machista sigan recibiendo ayudas para acceder a una vivienda digna, una cuestión que, en su caso, va mucho más allá de lo puramente habitacional: supone, en sus propias palabras, una auténtica «tabla de salvación» a la hora de alejarse de sus agresores.
«Me consta que aquí ha habido alguna polémica», ha reconocido la ministra, en referencia a la controversia surgida en los últimos meses en torno al uso de estas ayudas en algunas comunidades autónomas. Rodríguez ha insistido en que el Ministerio velará para que los recursos del Plan Estatal de Vivienda se destinen efectivamente a proteger a las víctimas de la violencia machista, sin que la gestión autonómica se convierta en un obstáculo para quienes más lo necesitan.
La ministra no está sola en esta preocupación. Según ha explicado, la comparte con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, con quien se reunió el lunes en el ministerio. Casla trasladó a Rodríguez su inquietud ante la posibilidad de que algunos gobiernos autonómicos discriminen a determinados colectivos en el acceso a la vivienda amparándose en discursos de odio, una advertencia que no debería tomarse a la ligera.
«Nuestro compromiso y determinación es que no sea así. Porque España no solamente forma parte de los tratados internacionales a los que nos debemos, sino también del mandato de nuestra Constitución», ha zanjado la ministra. Es un mensaje que sitúa el debate de la vivienda no solo en términos de ladrillo y presupuesto, sino de derechos fundamentales, y que difícilmente admite matices: si el acceso a la vivienda protegida se convierte en terreno de disputa política a costa de las víctimas de violencia machista, el problema deja de ser técnico para volverse directamente inaceptable.
