El inicio de las obras del Nuevo Barrio de Campamento marca un punto de inflexión en la política de vivienda en España y, muy especialmente, en la Comunidad de Madrid. Tras más de tres décadas de parálisis, uno de los mayores desarrollos urbanísticos del país comienza por fin a materializarse, con una previsión de 10.700 viviendas asequibles que pretenden aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario madrileño, tensionado por el encarecimiento de los precios de compra, el alquiler y el endurecimiento de las condiciones hipotecarias ligadas al euríbor.

La puesta en marcha de la Operación Campamento no es solo una noticia urbanística: es también una respuesta estructural a la falta de vivienda, una de las principales preocupaciones económicas y sociales de miles de familias, jóvenes y trabajadores. El proyecto se integra además en la nueva estrategia del Gobierno para recuperar el parque público de vivienda, impulsada a través de la Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.

Pedro Sánchez lo resumía durante el acto de inicio de obras: “Hace cuatro años tomamos la decisión de impulsar este proyecto y hoy echamos de las palabras a los hechos. No venimos a prometer un futuro, venimos a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un barrio”.

La Operación Campamento: un proyecto pendiente desde 1989

La Operación Campamento es uno de los proyectos urbanísticos más dilatados de la historia reciente de Madrid. Bloqueado desde 1989, su desarrollo quedó atrapado durante décadas entre conflictos competenciales, cambios de gobierno, intereses inmobiliarios y falta de voluntad política. No fue hasta 2005 cuando se firmaron los primeros protocolos de colaboración entre los Ministerios de Defensa y Vivienda, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y en 2009 cuando se aprobó definitivamente el Plan Parcial.

Ahora, con el arranque de las obras de urbanización, se rompe por fin ese bloqueo histórico. El ámbito de actuación abarca más de 200 hectáreas de suelo, en una de las mayores bolsas urbanizables dentro del término municipal de Madrid. Sobre este espacio podrán construirse 10.700 viviendas, todas ellas asquibles. Lo que es algo inusual en un mercado dominado por la promoción privada y la vivienda libre.

La inversión prevista en la actuación, al margen del coste del suelo, supera los 450 millones de euros, lo que convierte a Campamento en una de las mayores apuestas públicas por la vivienda en décadas.

¿Cuántas viviendas se construirán y con qué criterio?

El Gobierno ha querido subrayar que el modelo de Campamento rompe con el patrón especulativo que ha marcado gran parte del desarrollo urbano en España. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue clara: “Es el mejor proyecto de todos los presentados en estos 40 años. El 100% de las viviendas serán promovidas por la empresa pública y serán asequibles. Habrá viviendas en alquiler y en propiedad, pero todas asequibles”.

En el caso de los alquileres, los precios estarán limitados para que no superen el 30% de la renta mediana de la zona, un criterio alineado con las recomendaciones internacionales de accesibilidad residencial. En el caso de la venta, los precios también estarán por debajo del valor de mercado, evitando que el suelo público acabe alimentando la escalada de precios.

Las viviendas estarán destinadas a hogares con ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM y que no tengan otra propiedad, una franja amplia que incluye desde trabajadores con salarios medios hasta familias que hoy no pueden acceder a una hipoteca por el encarecimiento del crédito y la subida del euríbor.

Desde la perspectiva de Aquimicasa, este planteamiento es clave: la crisis de la vivienda no se resuelve solo con más oferta, sino con oferta protegida, estable y ajena a la especulación.

Una colaboración entre el Estado y el Ayuntamiento de Madrid

La viabilidad de la Operación Campamento descansa en un complejo entramado institucional. Los Ministerios de Vivienda y Defensa alcanzaron un acuerdo para que la antigua SEPES, hoy Casa 47, adquiriera a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa (GIED) el 51% del suelo de la operación por 150 millones de euros.

Este movimiento permite que la empresa pública de vivienda lidere el proceso de urbanización y promoción, en colaboración con Defensa y el Ayuntamiento de Madrid. Se da así continuidad al proceso iniciado en 2005 y desbloqueado ahora con una estructura de gobernanza más clara y orientada al interés público.

Durante el último año se han tramitado las iniciativas urbanísticas necesarias para que el Ayuntamiento, como administración competente, autorizara el inicio de las obras de urbanización, que ya están en marcha.

El soterramiento de la A5, una pieza clave del proyecto

Uno de los elementos más relevantes de la Operación Campamento es el soterramiento de la autovía A-5, una infraestructura que hoy actúa como una auténtica cicatriz urbana. El Ayuntamiento de Madrid ha incluido el ámbito de Campamento dentro del proyecto de soterramiento, lo que permitirá integrar el nuevo barrio en la ciudad y liberar superficie para zonas verdes, equipamientos y movilidad sostenible.

Para hacerlo posible, las administraciones han acordado revisar el Convenio Urbanístico de 2009, actualizando las obligaciones económicas y urbanísticas de cada parte. El objetivo es facilitar el desarrollo del proyecto y garantizar que el soterramiento se ejecute de forma coordinada. Tal y como se ha señalado, “el soterramiento de la A-5 también se incluirá en la Operación Campamento, y para las obligaciones económicas que eso pueda conllevar se va a revisar el convenio y los compromisos de cada administración”.

Desde el punto de vista urbano y social, este paso es crucial: no solo se construyen viviendas, sino que se recose un fragmento de ciudad históricamente degradado.

Un respiro para el tensionado mercado habitacional madrileño

La Operación Campamento no resolverá por sí sola la crisis de vivienda en Madrid ni en España, pero sí representa un cambio de paradigma: más suelo público, más promoción pública y más control sobre los precios. En un contexto de hipotecas cada vez más caras, alquileres disparados y oferta insuficiente, este tipo de actuaciones marcan la diferencia entre un mercado orientado al beneficio privado y otro que empieza, por fin, a pensar en el derecho a la vivienda.