El grupo parlamentario de Compromís ha puesto sobre la mesa del Congreso una propuesta que promete dar mucho que hablar en la Comunitat Valenciana: prohibir la compra de vivienda a la población no residente en la provincia de Alicante. El diputado y portavoz de Vivienda de la formación, Alberto Ibáñez, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Vivienda reclamando una actuación «de manera urgente» ante lo que describe como una escalada de precios que está expulsando a los alicantinos de su propio mercado inmobiliario. Es una medida drástica, de las que rara vez se plantean en España, y precisamente por eso merece que nos detengamos en las cifras que la sustentan y en lo que implicaría llevarla a la práctica.
Los precios se disparan en Alicante
El punto de partida son los datos que maneja el propio Compromís, y son, hay que decirlo, contundentes. El precio de la vivienda usada en Alicante creció un 16,8% en junio de 2026 respecto al año anterior, una subida muy por encima de la media nacional y de los incrementos salariales de cualquier trabajador de la zona. Pero el dato que de verdad ilustra el diagnóstico del partido es otro: el comprador no residente paga de media un 76% más que un comprador nacional por una vivienda equivalente. Ibáñez habla de un «efecto arrastre que tensiona todo el mercado local», y la imagen que utiliza es elocuente: «no puede ser que la casa de al lado de una mansión se encarezca simplemente por proximidad, impidiendo que una persona normal pueda comprar su hogar».
Conviene, sin embargo, no simplificar en exceso. El propio diputado matiza que la subida «bestial» de precios se debe, «entre otros factores», a la compra de población no residente, y esa coletilla importa. La tensión del mercado alicantino no nace solo de quién compra, sino también de cuánto se construye, de los tipos de interés, de la presión turística sobre determinadas zonas de costa y de una oferta de vivienda que lleva años sin dar respuesta a la demanda real. Atribuir el problema a un único culpable simplifica el discurso político, pero probablemente empobrece el diagnóstico. Dicho esto, el peso específico del comprador extranjero en Alicante es lo bastante grande como para que la reflexión de Compromís no pueda descartarse como anecdótica.
Una de cada tres viviendas, en manos de no residentes
Y es que las cifras de proporción son, si cabe, más llamativas que las de precio. Según los datos aportados por Compromís, más del 33% de las compraventas en la provincia de Alicante las realizan personas que no residen en el territorio, y en algunas zonas concretas esa proporción se acerca a una de cada dos operaciones. A escala autonómica, la fotografía es todavía más nítida: la Comunitat Valenciana concentró el 40% de todas las compras realizadas por no residentes en toda España durante 2025, una tendencia que, según Ibáñez, se ha agravado en lo que llevamos de 2026. Son números que sitúan a Alicante en una liga distinta a la del resto del país y que explican por qué el debate sobre restringir el acceso a extranjeros ha prendido aquí antes que en otras provincias.
La propuesta: restringir la compra en las zonas más tensionadas
La propuesta concreta que plantea Compromís no es, en realidad, una prohibición total y homogénea, sino una restricción selectiva por zonas: limitar las compras en aquellas áreas donde la presencia de compradores no residentes supere el umbral del 30%. Es un diseño que busca, al menos sobre el papel, no penalizar a todo el mercado alicantino sino intervenir donde el fenómeno es más agudo. Ibáñez defiende además que la medida es compatible con el derecho comunitario europeo, que ya contempla este tipo de regulaciones en territorios con circunstancias excepcionales, y recuerda que el propio Ministerio de Vivienda está estudiando fórmulas similares para Baleares y Canarias. Su reclamación final es tan política como técnica: que Alicante no quede fuera de esa reflexión.
¿Es una medida viable?
Aquí conviene introducir una dosis de cautela. Restringir el acceso a la propiedad por razón de residencia es un terreno jurídicamente resbaladizo: la libre circulación de capitales es uno de los pilares del mercado interior europeo, y cualquier excepción exige justificar de forma muy sólida que existe un interés general que la ampara, además de que la medida sea proporcionada. Los precedentes que cita Ibáñez —Baleares, Canarias— están todavía en fase de estudio, no de aplicación, lo que da una idea de lo compleja que resulta la ingeniería legal necesaria. Tampoco hay que perder de vista el otro lado del argumento: la inversión extranjera en vivienda también genera actividad económica, empleo y recaudación en muchas zonas costeras que dependen de ella.
Con todo, la propuesta de Compromís pone el foco en un problema real y medible: una parte creciente de los alicantinos ve cómo el precio de la vivienda se les escapa por decisiones de compra que no controlan y que, según los propios datos oficiales que maneja el partido, están directamente correlacionadas con la llegada de capital no residente. Que la solución pase por una prohibición selectiva, por medidas fiscales disuasorias o por una combinación de ambas con políticas de oferta es una discusión que, a partir de ahora, tendrá que dar el Ministerio de Vivienda. La pelota, de momento, está en su tejado.
