La recuperación inmobiliaria, que ha comenzado con fuerza en China, se va a ir extendiendo al resto de economías desarrolladas y llegará a Europa en cuanto las restricciones a la movilidad desaparezcan. La subida en el primer trimestre ya alcanza una media de casi el 5% y podrían verse cifras de dos dígitos antes de acabar el año.

Es cierto que en algunas localizaciones europeas o norteamericanas los precios han comenzado el año a la baja, pero se espera que la buena tónica general, que seguirá al fin de las restricciones, impulse el mercado de forma general.

Las razones de esta rápida recuperación hay que verlas en varias causas, por un lado una “alegría” inversora que dispone de un músculo financiero sin precedentes y en el que el precio del dinero, las bajas retribuciones de los depósitos y la inseguridad de las bolsas tiene mucho que ver.

Muy importante es también el incremento que se está produciendo de la demanda, al que acompaña una cierta escasez de producto que también influirá en un fortalecimiento de los precios. Madrid y Barcelona, algo menos la capital catalana por su inestabilidad política, están en el umbral de salida del incremento de precios.

Y esta buena noticia para el  sector, si la contemplamos desde el punto de vista de los profesionales, que verán consolidarse sus empresas y puestos de trabajo después de un año de pesadilla, tiene también alguna lectura negativa que es preciso entender. Y es que en un escenario de salarios a la baja, la capacidad de muchos españoles para acceder a la vivienda se va a restringir aún más. Y los más perjudicados una vez más van a ser los jóvenes, que desde el año 2008 no levantan cabeza y cuya emancipación puede volverse aún más difícil. Para qué hablar de la creciente brecha económica entre los propietarios y rentistas frente a los que no lo son y viven de su trabajo.

Después de 13 años del inicio de la crisis económica, la situación del alquiler se ha vuelto insostenible: del 2013 al 2019 el precio medio para el inquilino subió un 50% en España. Se trata de precios medios de contratos vigentes, hecho que se explica por las subidas de precio desorbitadas que se producían cuando vencían los contratos y que ahora con la prolongación de estos bajarán su incidencia. La pandemia ha supuesto un descenso en los precios del alquiler, pero la alta demanda producida por la imposibilidad para muchos jóvenes de adquirir una vivienda y el aluvión de dinero que llega podrían hacer que se recuperaran de forma rápida

En el último lustro, el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios. Los últimos datos disponibles aseguran que de los 3,1 millones de inquilinos que hay en nuestro país –y se espera que la cifra crezca- el 43% de estos arrendadores pertenece a hogares en riesgo de exclusión y pobreza. El 26% no superan los 14.000 euros anuales y el 36% ingresan entre los 14.000 y 26.000 euros. Así las cosas  4 de cada 10 hogares dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler, y de ellos, 1,4 millones destinan más del 50%. Las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

Son los jóvenes los más perjudicados por una situación económica que  desde el 2008 los ha ido ignorando en beneficio de pensionistas y rentistas. Casi uno de cada cuatro jóvenes está en riesgo de pobreza, un dato que muestra con crudeza la situación tan vulnerable en que vive la juventud. Y la situación incide de forma directa en su capacidad de emancipación y por ende en la demografía, el consumo y la estabilidad futura de nuestro país.

Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España tan sólo el 19,3% lo había conseguido a finales de 2017, lo que contrasta muy negativamente con los datos del 2008 en que la cifra ascendía al 26%. En los países de nuestro entorno – Holanda, Alemania, Francia Reino Unido- las ayudas  públicas a la emancipación de los jóvenes  han conseguido que la misma se realice a los 25 años de media. Otros países, con distinta forma de orientar su vida, como son los países escandinavos y Luxemburgo, han logrado que la emancipación se produzca a los 20 años. En España a los 31 años y subiendo.

Y esta situación sucede porque a la mayor parte les resulta imposible pagar la vivienda- incluso en pareja- y poder continuar subsistiendo.

Otra alternativa, para los que perciben ese sueldo medio que apenas supera los 1000 euros, es la de compartir piso o alquilar una habitación. Posibilidad que la subida desenfrenada de los alquileres, llevando la media de los pisos en Madrid o Barcelona a casi los 1.200 euros al mes, está logrando que los jóvenes que consiguen alquilar estén en franco retroceso con caídas de entre el 25 y el 60%, según el rango de edad. La vuelta al hogar familiar se está convirtiendo en una triste realidad cada vez más abundante, sobre todo cuando median situaciones de separación, desempleo o precariedad.

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Esta situación, que puede ser dramática para el país por sus consecuencias a medio plazo, es la que intentaba soslayar la Ley de Vivienda con el control de alquileres que defiende Unidas Podemos. Una Ley que corrija la situación que se está viviendo en el mercado de la vivienda, que ha transformado un bien de primera necesidad y al que tienen derecho todos los españoles, en un activo financiero sujeto a los altibajos del mercado, y del que los inversores esperan altas rentabilidades; lo que  ha hecho caer al mercado en la especulación que, por cierto, no está protegida por la seguridad jurídica.

Fue esta consideración de la vivienda como activo financiero la que nos metió en la crisis inmobiliaria del 2008 y es una de las principales causas que nos está colocando en una difícil situación futura como país. Tampoco hay que dejar de lado que estamos gobernados por simples políticos, cuyo horizonte temporal de cuatro años no les permite tomar las decisiones a largo plazo que un país necesita. Salen del paso, toman medidas cortoplacistas que les proporcionan votos y dejan a los jóvenes y al país sin futuro y con un problema demográfico que comienza a ser acuciante.

La solución a esta situación es la de incorporar medidas de regulación y fomento del alquiler, junto a la disposición de la vivienda social suficiente. No podemos seguir estando a la cola de Europa con un 2,5% de vivienda social en alquiler, frente al 17% en Francia y el 30% en Países Bajos.   Situación que nos ha llevado a encontrarnos en el puesto 24 en desarrollo juvenil, tan sólo por delante de rumanos, italianos, griegos y búlgaros.

Pero claro está, para llevar adelante un programa de vivienda social que nos dote de la suficiente para nuestras necesidades hace falta inversión. Y no es que España no haya invertido en vivienda, que desde la época de José Luis Arrese  puede haberlo hecho en más de un billón de euros, pero lo ha hecho de la forma equivocada y creando un verdadero paraíso fiscal y bolsa de fraude generalizado en nuestro país.

Las ayudas a la compra en el IRPF fueron unos 100.000 millones, desgravaciones fiscales al alquiler y las exenciones fiscales de gastos, podrían suponer otros 300.000 millones, a lo que hay que añadir el fraude generalizado y tolerado de los arrendadores en el IRPF, que según fuentes del sindicato de Inspectores de Hacienda, GESTHA, superaba el 75% antes del 2000 y que aún se mantiene en el 40% esta última década.

Pero ¿porqué se decide proteger a los rentistas y abandonar a la juventud que son el futuro? Por los intereses creados que hubiera dicho Jacinto Benavente y porque en el negocio inmobiliario hay muchos interesados encontrándose ya en el ADN del país.

En el año 2004 declaraban algún tipo de ingreso por alquiler de propiedades poco más de 1.300.000 españoles, que con la presión de Hacienda ha ido subiendo hasta los 2,36 millones en 2016 de personas físicas que han percibido algún tipo de renta de alquiler entre locales y viviendas. Declaran percibir 18 mil millones de euros en rentas de las que se deducen 6,6 mil millones en gastos.  En estos últimos años el capítulo de gastos deducibles se ha triplicado con respecto al de ingresos. Con el fraude no controlado la cifra de ingresos rentistas en España superaría los 30.000 millones anuales.

Estos propietarios, entre gastos deducibles y desgravaciones, no pagan impuestos por más de 10.300 millones de euros lo que representa un 60% de lo percibido. Esto quiere decir que en esta última década el Estado ha dejado de ingresar algo más de 100.000 euros por su política fiscal con la vivienda. Además, habría que añadir una cifra entorno a más del 40% de los que no declaran y cobran en negro, por lo que la cifra podría llegar con un cálculo a «grosso modo» hasta los 3,8 millones de arrendadores y más de 20.000 millones anuales sustraídos a las arcas de Hacienda.

Estas cifras muestran otra de las grandes injusticias del sistema impositivo español que es preciso reformar. Y es la desigualdad fiscal entre las rentas del trabajo y las rentas del alquiler. Una diferencia que puede llevar a que un asalariado con 8 horas de trabajo al día pague un 1000% más que un rentista inmobiliario por no hacer nada. Por eso más del 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario.

Según datos de avance del cuarto trimestre de 2020 de Urban Data Analytics, la rentabilidad bruta media del alquiler en España se situó en un 7,9%, lo que supone un aumento del 5,9% frente al dato registrado durante el mismo periodo de tiempo del año anterior. Es decir, a pesar de la pandemia y la crisis económica, se obtienen mayores beneficios que un año antes. Parece evidente que el terreno es susceptible de aguantar una mayor presión fiscal, pero es una medida muy impopular.

El problema está en los grandes tenedores de vivienda, que obtienen sus exagerados beneficios en un mercado de bienes de primera necesidad, e imponen unos precios del alquiler muy superiores a los que la economía de las personas de nuestro país se puede permitir… y esto va a empeorar. Quieren obtener beneficios como el capital riesgo pero con inversiones seguras y con garantía jurídica, como la lacra social de Florentino, pero con ladrillos, lo que también tiene su repercusión en la escasa inversión industrial y tecnológica en nuestro país. Hay que tener valor y visión de futuro para decirles que su paraíso fiscal no es de este mundo y que las prebendas impositivas tocan a su fin; tal vez hagan las maletas y se llevan los pisos a las Cayman.

Sin embargo la solución que defiende el PSOE en la Ley de Vivienda es la de continuar mimando a los propietarios, manteniendo e incrementando unos privilegios fiscales que suponen un inmenso agujero en las cuentas de Estado y una gran desigualdad entre las obligaciones impositivas de asalariados y rentistas. Paga más quien trabaja que quien se mantiene ocioso… paradigmático de nuestro país.

Pero es preciso dar un golpe de timón al rumbo del país, proteger más a la juventud, que es el futuro, buscando la forma de conseguir que puedan acceder a una vivienda asequible a sus condiciones económicas y disponer de un entorno laboral más justo y estable. Sabemos que el abandono de la juventud por el sector inmobiliario tendrá consecuencias, pero no hacemos nada para resolverlo.

Y si hay que cambiar un modelo económico que ha demostrado su fragilidad puede que ahora sea el momento de intentarlo y hacer patria sin exabruptos ni banderitas. Alrededor del turismo de sol y playa, con alcohol barato, costas masificadas y servicios estacionales y mal pagados están surgiendo demasiadas incertidumbres que nos muestran su caducidad. ¿Dónde está el Plan B?

La juventud olvidada

Eduardo Lizarraga

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