La reserva obligatoria de vivienda protegida en Barcelona, conocida popularmente como la reserva del 30%, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su aprobación. Impulsada en 2018 durante el mandato de Ada Colau, esta normativa obliga a los promotores a destinar un 30% de las viviendas de obra nueva o grandes rehabilitaciones a vivienda asequible, una medida que nació con el objetivo de incrementar el parque público y contener los precios, pero cuyos resultados están muy lejos de las previsiones iniciales.

Siete años después, el balance es limitado. En 2025, el Ayuntamiento de Barcelona solo adquirió 12 viviendas procedentes de esta obligación, una cifra que contrasta con la previsión inicial de 330 pisos anuales. En total, desde la entrada en vigor de la norma, apenas se han generado 31 viviendas protegidas, muy lejos de las cerca de 2.000 que se esperaban en este periodo.

¿Cuál es el origen de la norma y desde cuando está en marcha?

La reserva del 30% fue aprobada en octubre de 2018 y se aplica tanto a promociones de obra nueva como a grandes rehabilitaciones. Su objetivo era forzar al sector privado a colaborar en la creación de vivienda asequible dentro de la ciudad consolidada, evitando la expulsión de vecinos y fomentando la mezcla social.

Desde el inicio, el sector promotor ha advertido de sus efectos negativos, señalando que la medida ha paralizado proyectos, reducido la inversión y dificultado la viabilidad económica de muchas promociones, especialmente en un contexto de encarecimiento del suelo, los materiales y la financiación.

¿Cuáles han sido los resultados de esta reserva del 30% hasta ahora?

Los datos municipales confirman un impacto muy inferior al esperado. En 2025, el Ayuntamiento compró cuatro pisos en la calle Llull, en Poblenou, por 660.000 euros, y ocho viviendas en la calle Garrofers, en el barrio de Porta, por 1,61 millones, aunque estas últimas no estarán terminadas hasta 2027.

Desde 2018, solo seis edificios han generado viviendas protegidas bajo esta normativa. Una cifra que refuerza la percepción de que la reserva del 30% no está cumpliendo su función estructural en un mercado tensionado como el barcelonés.

¿Cómo se va a servir de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat del 2026?

Ante la imposibilidad de modificar la norma por la vía municipal, el gobierno de Jaume Collboni ha encontrado una alternativa: la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2026. A través de este instrumento, el Ayuntamiento busca flexibilizar la aplicación del 30%, permitiendo concentrar la vivienda protegida en una sola finca dentro del mismo barrio, sin necesidad de tramitar un plan urbanístico especial, un proceso que actualmente puede demorarse hasta un año.

Esta modificación requeriría un simple trámite de licencia, lo que agilizaría los proyectos y reduciría la incertidumbre para los promotores. No obstante, su aprobación depende del Parlament, en un contexto político marcado por presupuestos prorrogados y negociaciones abiertas entre PSC, ERC y Comuns.

¿Qué es la norma de tanteo y retracto y cuáles han sido sus resultados?

Paralelamente, el Ayuntamiento ha reforzado la normativa de tanteo y retracto, que le permite adquirir viviendas de forma preferente antes de que pasen al mercado libre. En 2025, el consistorio destinó 21,71 millones de euros a estas operaciones, su cifra más alta hasta la fecha.

El balance incluye la compra de tres fincas enteras, entre ellas la Casa Orsola, y 50 viviendas individuales, además de solares para desarrollar 119 nuevos pisos públicos. Una estrategia que busca compensar la escasa producción derivada del 30%.

Situación actual del mercado de venta y alquiler en Barcelona

La vivienda se ha consolidado como el principal problema de los barceloneses, con un 32,8% de menciones en el último barómetro municipal. La oferta sigue siendo insuficiente, los precios de venta se mantienen elevados y el alquiler continúa bajo una fuerte presión, pese a las distintas intervenciones normativas.

Previsiones para el 2026

De cara a 2026, el Ayuntamiento apuesta por ajustes normativos y compras selectivas para ampliar el parque público sin bloquear la actividad privada. La flexibilización de la reserva del 30% se presenta como una pieza clave para desbloquear promociones, atraer inversión y aumentar la oferta. El reto será encontrar el equilibrio entre intervención pública y viabilidad del mercado, en una ciudad donde la falta de vivienda sigue marcando la agenda política y social.