Maricarmen tenía 87 años y llevaba más de setenta viviendo en el mismo piso. Pagaba un alquiler que podía asumir con su pensión hasta que el edificio cambió de manos. Un fondo de inversión lo compró y la renta se actualizó a una cifra que no habría podido pagar ni con tres pensiones como la suya. Del desahucio pasó al hospital, y esta tarde se ha comunicado su fallecimiento. No hace falta ser forense para establecer la causa: a Maricarmen se la ha llevado un modelo de vivienda que trata un techo como un activo financiero, y lo ha hecho con todos los papeles en regla.

Su caso no es una excepción. Es la versión con nombre propio de los más de 25.000 desahucios que se produjeron el pasado año en nuestro país, la mayoría por impago del alquiler, aunque los de hipoteca vuelven a crecer. Su historia corrió por todos los medios, empujó al Gobierno a aprobar dos decretos ley a toda prisa y, por el camino, ha acabado provocando unas elecciones generales. Pocas veces una vida anónima ha hecho tanto ruido al apagarse.

Unas elecciones generales con la vivienda como eje central

Los decretos llegaron al Congreso el viernes con la mayoría aparentemente atada. Y entonces Junts dio marcha atrás, después de una cena de Míriam Nogueras con Josep Sánchez Llibre y un grupo de empresarios catalanes entre los que, según se ha contado, no faltaban fondos de inversión y rentistas. Hay cenas que se digieren mal y otras que tumban decretos. PP, Vox y Junts votaron juntos, los dos textos cayeron y Pedro Sánchez convocó elecciones generales para el 29 de noviembre.

Se dijo que esta era la legislatura de la vivienda, y desde luego lo ha sido, aunque no como se esperaba: empezó con la vivienda como problema y termina con la vivienda como detonante. La campaña llega además convenientemente caldeada, con una huelga general el 11 de noviembre respaldada por CCOO y UGT, acampadas y manifestaciones que no dejan de crecer. Cuarenta días son pocos para apagar ese incendio y demasiados para fingir que no huele a humo.

Los dos modelos antagónicos, el del PP y el del derecho a la vivienda

Lo que se vota el 29N es, en el fondo, un plebiscito entre dos maneras de entender una casa. Para unos, es un derecho que el Estado debe garantizar aunque eso suponga meter las manos en el mercado. Para otros, es un bien como cualquier otro, cuyo precio decide quien lo posee y cuya rentabilidad no se toca.

Conviene no idealizar. Ocho años de Gobierno del PSOE no han cambiado el modelo que nos ha traído hasta aquí; lo han ido remendando con parches titubeantes que, en más de una ocasión, solo han añadido caos a un mercado ya desquiciado. Pero enfrente no hay una alternativa, sino más de lo mismo, pero a lo grande. La Declaración de Asturias firmada por Feijóo y sus presidentes autonómicos promete suelo, avales hipotecarios de hasta el 100% para menores de 40 años, rebajas fiscales a la compra, una ley antiokupación con desalojos en 24 horas y la derogación de los aspectos «más lesivos» de la Ley de Vivienda: el control de precios, las zonas tensionadas y el índice de referencia. Borja Sémper ha llegado a prometer que desbloqueará «un millón de viviendas» en el primer Consejo de Ministros. Un millón, en una sola mañana. Ni Moisés bajando del monte.

Traducido al idioma de quien ya está ahogado por el alquiler: un aval para endeudarse más y la garantía de que nadie le pondrá freno al casero.

Dos artículos de la Constitución como base de los programas

Cada bloque tiene su artículo de cabecera. La izquierda enarbola el artículo 47: todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos deben regular el suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es un artículo precioso que nunca se ha cumplido y que tiene algo de adorno, como el del derecho al trabajo. Quedaba bien ponerlo.

La derecha prefiere el artículo 33, el que reconoce la propiedad privada y la herencia, y sobre él levanta todo su discurso de la seguridad jurídica, léase alquilar al precio que el propietario decida. Lo curioso es que ese mismo artículo tiene un segundo apartado que suele saltarse en los mítines: la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Es decir, la misma Constitución que tanto citan ya prevé que la propiedad tenga límites. Los artículos se leen enteros o no se leen.

El problema de la vivienda a largo plazo y sus soluciones

El acceso a la vivienda tiene muchas patas, pero se puede dividir en dos grandes bloques. El primero mira al futuro y pasa, inevitablemente, por construir más donde hace falta. Ahí el diagnóstico es casi unánime: falta mano de obra, falta suelo preparado, sobra burocracia, los impuestos caen en cascada sobre cada promoción y el suministro eléctrico se ha convertido en un cuello de botella para los nuevos desarrollos. Algunas recetas del PP en este terreno, como agilizar tramitaciones o movilizar suelo público, no son descabelladas y habría que aplicarls. El problema es que son recetas a cinco o diez años vista, y quien duerme en una tienda de campaña o un zulo no tiene diez años.

El problema en el corto plazo y la situación actual

El segundo bloque es el de hoy. Según el Banco de España, faltan unas 800.000 viviendas que no existen y que no van a aparecer por arte de magia. Mientras se construyen, la única salida es conseguir vivienda en propiedad o alquiler asequible ahora, y ahí está el núcleo del choque. Los precios de venta crecían en agosto por encima del 12% interanual y los del alquiler más de un 7%, con los jóvenes y los salarios medios y bajos en primera fila. Cuatro de cada diez hogares inquilinos dedican más del 40% de sus ingresos al alquiler, y la generación inquilina no deja de crecer: desde 2008, el porcentaje de hogares sin vivienda en propiedad ha aumentado un 45%.

Los fondos hacen caja mientras se discute

Y mientras unos discuten, otros cobran. Blackstone acaba de vender la cartera residencial de su socimi Fidere a Brookfield por 1.050 millones y se despide con un beneficio de 518,9 millones, repartido casi íntegramente en dividendos. En ese paquete viajan unas 1.860 viviendas protegidas que el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella de alcaldesa, vendió en 2013 a unos 68.000 euros la unidad. Hoy se revenden reformadas a un precio medio de 295.000 euros, mientras los inquilinos reciben burofaxes de no renovación o subidas de hasta 500 euros al mes. Vivienda pública convertida en dividendo privado. Quien quiera ver el modelo del PP aplicado no necesita leer programas: le basta con mirar el catastro.

¿Qué pide el Sindicato de Inquilinas?

Las reivindicaciones son claras: control y bajada de los alquileres y contratos indefinidos. Lo segundo no es un capricho. Mudarse cada cinco años para huir de la siguiente subida hace imposible tener una vida como la de nuestros padres, formar una familia o simplemente saber en qué colegio estarán los niños dentro de tres cursos. La voluntad del casero se convierte en una espada de Damocles permanente. No es algo excepcional y existe en muchos países de nuestro entorno, claro está con sus limitaciones. Desde el otro bloque, todo esto se presenta como un atentado contra la propiedad privada y la libre disposición de los bienes. Curiosa libertad la que solo existe para una de las partes del contrato.

El problema de la evolución de los alquileres y los salarios

El fondo del asunto es aritmético. Con Rajoy y su reforma laboral, los salarios bajaron por primera vez en la historia y no recuperaron ese hundimiento hasta 2020. Desde entonces crecen, sí, a un ritmo de entre el 3% y el 4%, mientras la vivienda sube a dos dígitos. Comprar un piso medio exigía 6,7 años de ingresos brutos de un hogar en 2016; hoy, con el PSOE gobernando, supera los 8 años. Con un sueldo medio que apenas roza los 2.000 euros y un IPC que vuelve a superar el 4%, el casero se lleva cada mes una porción mayor de la nómina. Ninguna subida salarial puede perseguir a una inflación inmobiliaria de dos dígitos. El problema empezó, como casi siempre, el día en que una necesidad básica pasó a tratarse como un producto de inversión sujeto a las leyes del mercado.

Un pacto de Estado que no existió

Todo este enfrentamiento se podría haber evitado con un Pacto de Estado por la Vivienda firmado hace unos años. No pudo ser. Las hipotecas parlamentarias de un lado y los intereses económicos del otro lo impidieron, y el crecimiento de Vox terminó de enterrarlo. El PP lleva tiempo actuando por miedo a quien le come terreno por la derecha, y no hay nada peor que hacer política con miedo: uno acaba metido en la ratonera de la que quería escapar. Vox crece precisamente con los miedos del PP y con la falta de liderazgo de un Feijóo que, además, tiene que contemporizar con Ayuso, no vaya a correr la suerte de su predecesor.

El PP intentará cambiar de conversación. Sacará Ceuta, Zapatero, Begoña Gómez y cuanto recurso judicial encuentre por el camino. Pero la calle no se lo va a poner fácil. Con miles de personas manifestándose y una huelga general en plena campaña, la vivienda estará en el centro de cada debate, y más le valdría llevar un argumentario para el corto plazo, el de quien ve cómo se le va media nómina en el alquiler, y no solo para el de quien algún día podrá firmar una hipoteca avalada.

Sánchez, por su parte, tiene su salvavidas. El Gobierno ha vuelto a aprobar los decretos para llevarlos a la Diputación Permanente, donde la aritmética le da 35 votos frente a 34. El PNV respalda el primero, el más amplio, que incluye el límite del 2% en la actualización de rentas, la moratoria antidesahucios, la prórroga extraordinaria de contratos y el freno a los fondos hasta 2030. El segundo, el de los contratos casi indefinidos, está prácticamente condenado. Si el primero se convalida, seguirá vigente hasta que el Parlamento que salga de las urnas lo derogue o lo mantenga. Es decir, el decreto estará en la papeleta. Mucha munición para un presidente que lleva ocho años en Moncloa, facilitada por una anciana que acaba de morir. Que nadie en la campaña olvide de dónde sale.

El sector inmobiliario paralizado en las vísperas de un año difícil

Mientras tanto, las agencias inmobiliarias miran el calendario con inquietud. El mercado ha entrado en una atonía evidente. Muchas ya tienen el año hecho gracias a unos meses que fueron fuertes, pero el movimiento se ha frenado: las operaciones se alargan, el 14% de los anuncios ya ha rebajado precio y la distancia entre lo que se pide en los portales y lo que se firma ante notario es la mayor en años. Además, tendrán que adaptar anuncios y contratos a un decreto que obliga a publicar el índice de referencia y si el arrendador es gran tenedor, sabiendo que en dos meses todo puede volver a cambiar. No hay que perder de vista que si el BCE vuelve a subir tipos, porque a la inflación no le importa la política española, 2027 puede empezar torcido. Y los comienzos suelen marcar el resto del año.

Está claro que a todos los que trabajamos en el sector nos beneficia más un modelo que potencie la actividad económica, pero también hay que mirar a la historia y entender que cuando una cuerda se estira demasiado termina por romperse. Y nadie quiere fracturas, que duelen.

La solución deberá pasar por el Pacto de Estado para la vivienda

Gane quien gane el 29 de noviembre, el problema seguirá ahí el día 30. Ni el control de precios por sí solo crea las viviendas que faltan, ni la liberalización por sí sola baja un euro el alquiler de quien lo paga hoy. Hace falta construir a largo plazo y proteger a corto, y eso solo se sostiene con un Pacto de Estado que sobreviva a los cambios de Gobierno, que blinde el parque público para que no vuelva a acabar en manos de un fondo a precio de saldo y que deje de convertir el artículo 47 en un adorno. La tranquilidad de un marco estable dentro del que se puedan construir empresas y casas para vivir no tiene precio. Lo contrario es seguir con el péndulo: hoy hacia los propietarios, mañana hacia los inquilinos, y siempre con la factura para quien solo quería saber dónde iba a dormir dentro de cinco años. Maricarmen no llegó a saberlo.

Eduardo Lizarraga

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