El Ejecutivo ha decidido retirar de la agenda del Consejo de Ministros de este martes el real decreto de vivienda, que llevaba semanas preparando como una de las piezas legislativas más relevantes del curso político. La medida no saldrá adelante como estaba previsto y su aprobación queda pospuesta hasta después del verano, en septiembre, ante la evidencia de que el texto no contaba con los apoyos suficientes para superar el trámite parlamentario. La decisión llega tras varias semanas de negociación intensa con los socios habituales de investidura, que no han logrado cerrar sus discrepancias a tiempo.

Qué se quería llevar al Consejo de Ministros

El borrador que el Gobierno pretendía culminar este martes incluía una batería de medidas de calado. Entre ellas, una prórroga de dos años de los contratos de alquiler, de la que podrían beneficiarse los inquilinos con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028. El texto contemplaba también cambios en el régimen fiscal de las socimi, un incremento del IVA de los pisos turísticos hasta el 21%, bonificaciones fiscales para los caseros que no subieran la renta y una regulación específica del alquiler temporal, que pasaría a tener un régimen propio con una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses, exigiendo causa justificada al arrendador. Si se encadenaban más de dos contratos temporales entre las mismas partes, o se superaba el año, el contrato pasaría a convertirse automáticamente en habitual, con todos sus efectos. En las zonas tensionadas, la renta del nuevo contrato no podría superar la del último contrato vigente en los cinco años anteriores, salvo un margen de incremento del 10% en casos de rehabilitación, mejora energética o accesibilidad. El paquete incluía además algunas reformas de la Ley de Suelo, pensadas para agilizar los trámites urbanísticos.

Los puntos de fricción entre los partidos

La ambición del decreto ha terminado siendo también su principal obstáculo. La inclusión de la reforma de la Ley de Suelo ha sido uno de los grandes escollos: mientras el PNV la consideraba imprescindible para dar «mayor agilidad jurídica» y evitar bloqueos en la producción de vivienda nueva, Podemos se ha opuesto frontalmente, denunciando que el Gobierno pretendía «colar por la puerta de atrás» esta modificación. La formación morada tampoco ha querido oír hablar de las bonificaciones fiscales a los propietarios que no subieran el alquiler. Por su parte, Junts ha rechazado de plano varios puntos de la iniciativa, entre ellos las medidas que, según sostiene, «perpetúan las okupaciones» sin proteger ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios. La portavoz Miriam Nogueras llegó a calificar el aplazamiento de «vacaciones políticas», reclamando al Ejecutivo que aproveche el verano para una «reflexión profunda» e incorpore las propuestas de su partido de una vez.

Buscar el beneficio de la mayoría de la ciudadanía

Desde el Ministerio de Vivienda se insiste en que el objetivo del decreto sigue siendo dar estabilidad a quien vive de alquiler e impulsar la oferta de vivienda asequible, en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Fuentes del departamento aseguran que «la responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura», aunque reconocen que la premura del calendario se ha convertido en un obstáculo dada la complejidad del texto. El reto no es menor: equilibrar la protección del inquilino con la del pequeño propietario, sin desincentivar la oferta, es un ejercicio que ha costado ya una derrota parlamentaria en abril, cuando el Congreso tumbó el anterior decreto de medidas urgentes en materia de vivienda.

La falta de oferta no se arregla controlando los precios

Más allá del pulso partidista, el debate de fondo sigue siendo el mismo: la vivienda en España atraviesa una crisis de oferta, no solo de precios. Tanto Junts como el PP cuestionan la efectividad de los topes al alquiler, argumentando que pueden parecer una solución rápida, pero «no construyen ni un solo piso nuevo», en palabras de Nogueras. La crítica apunta a que años de políticas centradas en la contención de rentas han terminado reduciendo la oferta disponible y disparando los precios en el mercado libre, en lugar de aliviarlos. Es un argumento que sobrevuela buena parte del debate legislativo y que condiciona cualquier acuerdo transversal que el Gobierno quiera alcanzar.

Más margen para la negociación: volvemos en septiembre

Ante la falta de respaldo suficiente, el Ejecutivo ha optado por ganar tiempo antes que forzar una votación con resultado incierto. El último Consejo de Ministros antes del parón de agosto priorizará otros asuntos urgentes, como la respuesta a los incendios derivados de la emergencia climática, dejando la vivienda para el nuevo curso político. El Ministerio de Vivienda mantiene la expectativa de cerrar un acuerdo «amplio y transversal» durante estas semanas adicionales de margen, con el objetivo de tener el decreto listo a la vuelta de vacaciones. Habrá que esperar a septiembre para saber si esas semanas bastan para acercar posturas tan dispares.