El Consejo de Ministros extraordinario convocado este viernes ha aprobado un paquete de medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, pero lo ha hecho dividido en dos decretos distintos. La razón no es técnica, sino política: el Gobierno sabe que juntar las medidas fiscales y energéticas con las de vivienda en un solo texto sería firmar su sentencia de muerte parlamentaria antes de llegar al hemiciclo.

Sumar fuerza la prórroga de los alquileres y retrasa el inicio del Consejo

La reunión, convocada en principio a las 9:30 horas, no arrancó hasta pasadas las dos horas. Los cinco ministros de Sumar se negaron a entrar en la sala si no se garantizaba previamente la inclusión de medidas en materia de vivienda. Yolanda Díaz y los suyos exigían la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, un tope a su actualización y el control de márgenes empresariales. Fue el propio Pedro Sánchez quien tuvo que sentarse con la ministra de Trabajo para desbloquear la situación, logrando el acuerdo que dio paso a dos decretos separados.

La estrategia es tan transparente como necesaria: meter las medidas de vivienda en el decreto fiscal habría dado munición a PP, Vox y Junts para tumbarlo todo junto bajo el argumento de que se protege a los okupas, exactamente como ocurrió en febrero con el decreto ómnibus. Separar los textos permite al Gobierno salvar el paquete económico y, al mismo tiempo, decir que lo ha intentado con la vivienda aunque no prospere.

La batería de medidas fiscales intenta contener el precio de la energía

El primer decreto, que se votará en el Congreso el próximo jueves 26 de marzo, recoge un paquete de 80 medidas valorado en 5.046 millones de euros. La mayoría tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2026, con una cláusula de desactivación vinculada a la evolución del IPC.

En el plano fiscal, el IVA de los carburantes, la luz y el gas natural baja del 21% al 10%, medida que también se extiende a la leña y los pellets. El impuesto especial de hidrocarburos se reduce hasta el mínimo permitido por la Unión Europea y el impuesto especial de electricidad pasa del 5,11% al 0,5%. Se suspende además el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica que pagan las compañías eléctricas. Según Sánchez, la rebaja en gasolina y diésel se traducirá en hasta 30 céntimos menos por litro según el carburante.

Medidas sociales para ayudar a los más vulnerables

El decreto incorpora también una ayuda directa de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores y titulares de autobuses urbanos, además de apoyo a la compra de fertilizantes. Se extienden hasta finales de 2026 los descuentos del bono social eléctrico y se refuerza el bono social térmico.

Vuelve asimismo la prohibición de cortar los suministros básicos del hogar a familias vulnerables, medida que ha sido rechazada dos veces este año en el Congreso. Las industrias electrointensivas, por su parte, recibirán una bonificación del 80% en los peajes eléctricos, lo que supone un ahorro estimado de 200 millones de euros para mantener competitividad y empleo.

Medidas estructurales a mayor plazo de tiempo

Junto a las medidas de choque, el decreto incluye incentivos fiscales prorrogados a la rehabilitación de vivienda, a la instalación de placas solares y a la compra de vehículo eléctrico. También adelanta a este año los planes de movilidad sostenible empresarial, que obligarán a las empresas a impulsar el transporte colectivo de sus trabajadores para reducir el gasto en combustible. Esta norma estaba prevista para 2027, pero se adelanta ante la urgencia del momento.

Tope a la actualización de los alquileres y prórroga de los contratos durante dos años

El segundo decreto, arrancado por Sumar en las negociaciones de última hora, establece un tope del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, antes del 26 de mayo de 2023. Una medida similar ya estuvo vigente entre 2022 y 2023.

Además, todos los contratos de alquiler que venzan entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027 se prorrogarán automáticamente durante dos años. Según el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, la medida beneficia a más de un millón de contratos y más de dos millones de personas.

Un difícil paso por el Congreso que requerirá conversaciones previas

El primer decreto tiene el camino relativamente despejado. El segundo, en cambio, afronta un horizonte parlamentario hostil y el propio Sánchez ha reconocido abiertamente que, de momento, no dispone de los apoyos necesarios para sacarlo adelante. El Gobierno tendrá un plazo máximo de 30 días para votarlo en el Congreso y usará ese tiempo para negociar con los grupos parlamentarios.

Y aquí llega el momento de llamar a las cosas por su nombre. Más de dos millones de personas verán su situación habitacional en el aire dependiendo de si unos políticos son capaces de ponerse de acuerdo. PP y Vox votarán que no porque ideológicamente consideran que el mercado debe regularse solo, aunque ese mercado lleve años dejando a familias en la calle. Junts lo hará calculando qué le saca al Gobierno a cambio. Ninguno de ellos vive de alquiler. Muchos de ellos, o quienes los financian, obtienen beneficios directos de que el precio del alquiler siga subiendo sin freno.

Más medidas si la crisis se prolonga

El Gobierno ha dejado la puerta abierta a nuevas intervenciones si el conflicto se prolonga y su impacto económico se agrava. El PSOE prefería esperar para ver cómo evolucionaba la situación antes de comprometer más medidas, pero la presión de Sumar ha acelerado los tiempos. España aspira, según Sánchez, a convertirse en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea frente a una guerra que el Ejecutivo no avala.

Lo que está claro es que el escudo existe, que cuesta 5.000 millones de euros y que hay quienes, en lugar de ayudar a levantarlo, prefieren mirar hacia otro lado o, peor aún, cobrar entrada.