Como una serpiente de verano más, nos vamos acostumbrando a las malas noticias procedentes del Mar Menor que son, por desgracia, cada vez peores. Luego llega el otoño, le sigue el invierno, se van los veraneantes y parece que todo se desvanece. Es uno de los ejes en que se basa la gestión de la administración murciana para no hacer nada. Pero algo está cambiando y parece que el gobierno de López Miras ya no va a tener ese periodo letárgico para poder llegar al próximo verano con el crédito recuperado. Ya está a cero y la última manifestación, con más de 70.000 personas en Murcia es un indicador claro de que hay que tomar medidas.

En la actual decadencia de este paraíso único en Europa convergen una serie de factores, todos derivados de la actividad humana, en los que la pasividad o complicidad de las diferentes administraciones tiene todo que ver. Y por mucho que el actual Gobierno murciano acuse a su alrededor llegando hasta la denuncia, es la administración competente y la más cercana para actuar.

El Mar Menor es, con sus 170 kilómetros cuadrados, la mayor laguna litoral de agua salada de Europa. En su origen se trataba de una bahía abierta al Mediterráneo, pero la acción del Segura y la casualidad, hicieron surgir la estrecha franja de arena de 24 kilómetros de longitud y de entre 100 y 1200 metros de anchura, que ahora la separan del mar y que convierten a La Manga en una sorpresa de excepcionales condiciones climatológicas a la orilla de dos mares. Y a la que visitan cada año centenares de miles de personas.

Todo el proceso comenzó cuando Felipe II ordenó talar los bosques y desbrozar la cubierta vegetal para impedir que los piratas berberiscos, que penetraban en la Mar Menor por las golas, se escondieran y sorprendieran a los vecinos del lugar.

Y se quedó preparado con la desamortización, que en 1863 sacó a subasta pública todos los terrenos que fueron adquiridos por diversos propietarios. Fue la familia Maestre, la que en una labor de casi un siglo, fue adquiriendo todo el territorio hasta que en 1956, Tomás Maestre inició, con todos los permisos y plácemes del régimen, el proceso de urbanización. Se alzaron las grúas, llegaron los ladrillos, el cemento y también la nueva asunción de competencias por ayuntamientos y comunidades autónomas que, con el turismo como objetivo y excusa, incrementaron la especulación inmobiliaria y la recalificación indiscriminada de cualquier terreno que se asomara al mar. La combinación políticos, constructores y propietarios asfaltó todos los alrededores del Mar Menor.

Tras los sucesivos planes de depuración iniciados en los 80 por el primitivo primero MOPU y luego MOPTMA, las aguas residuales urbanas están razonablemente tratadas, salvo hechos puntuales en urbanizaciones ilegales, como Bahía Bella que no tienen bien resueltos todos los permisos. Otra cosa distinta es el exceso de presión urbanística que no ha dejado nada por destruir, con edificios, clubes, puertos deportivos, centros comerciales…con nulo respeto por el entorno, la sostenibilidad y hasta la estética, con el dinero como único acicate. Las más de 200.000 personas que veranean en La Manga y en las orillas del Mar Menor cada verano son ya un exceso que por sí solas pondrían en peligro la laguna con su manera de “disfrutar y consumir” en vacaciones: aceites bronceadores por toneladas, barcos de recreo a cascoporro, plásticos y otros desechos de nuestra civilización.

Pero a ello se le ha sumado la llegada a la misma zona de la agricultura y ganadería intensivas que han hecho claudicar al ecosistema dándonos un ultimátum.

Los tradicionales agricultores de secano de la zona, respetuosos con su entorno y con una actividad sostenible, se han visto sustituidos por grandes industrias de la agricultura intensiva que para obtener tres y hasta cuatro cosechas al año fuerzan la producción con aportes de abonos y fitosanitarios cuyos sobrantes no recogen y que indefectiblemente van a parar al acuífero y a la laguna. Estos abonos excesivos, nitratos y fosfatos, causan en el agua el mismo efecto que en la agricultura y multiplican el fitoplancton hasta la eutrofización, con unas cargas no compatibles con la vida por la eliminación del oxígeno y producción de compuestos tóxicos que produce su descomposición.

Y esto es así por más que López Miras eche la culpa a las DANAS, al MITECO, al calor del verano, a una maldición gitana o a Podemos y exija la apertura de las golas, demostrando su desconocimiento del ecosistema, la limpieza de los más de 300.000 toneladas de nitratos que se especula pueda contener el acuífero y que se interrumpa la llegada de nitratos desde la rambla del Albujón. Está claro que la limpieza se haría con una gran obra pública -ya me gustaría que me explicaran la ingeniería pertinente para hacerlo- y que si los nitratos no llegan al Albujón es porque se les desvía con una tubería y se los lleva a… ¿Mar Mediterráneo? ¿Una depuradora? Todo lo que plantea el gobierno murciano son soluciones de final de tubería, pagadas con dinero público, sin ir al origen del problema y salvando a los contaminadores de reparar los daños causados. Y teniendo otra vez la posibilidad de volver a ensuciar gratis y seguir lucrándose a costa del bien común.

Pero a estas alturas de la situación plantear estas posibilidades es como crear un gran trampantojo para que no se vea lo que hay detrás de este modelo de agricultura intensiva. Y lo que hay son más de 8.500 hectáreas de regadío ilegales, desaladoras que dan servicio a los agricultores a coste cero, trabajo precario, mucho silencio y 5 toneladas diarias de fosfatos y nitratos que llegan a un ritmo de 650 litros por segundo de agua contaminada a través del Albujón, hasta el Mar Menor.

Por desgracia para el Mar Menor y para todos los que han convertido la zona en su lugar de residencia hay un tercer enemigo que se está teniendo poco en cuenta y debe ser porque no se le ve en las inmediaciones y porque los interese económicos a su alrededor son los más grandes: la ganadería porcina intensiva.

Para tener constancia del problema y sus consecuencias hay que saber que desde el año 2013 hay 330.000 cerdos más en la Región de Murcia, sumados a los anteriores y que cada uno de ellos produce anualmente dos metros cúbicos de purines -mezcla de heces, orines y restos alimentarios- que tienen una DBO más de 50 veces superior a la de nuestras aguas residuales.  Es decir, para tratar el purín de esa cantidad de cerdos habría que construir una depuradora diseñada para más de 16.000.000 de habitantes equivalentes, lo que está claro que es imposible.

Por ello ese purín debe tratarse en balsas convenientemente aisladas para que no lixivien hacia el terreno y pueda irse produciendo un secado natural para tratar luego ya el residuo seco. Pero no se está haciendo así y los purines de los cerdos, vertidos en muchos casos en simples hoyos en el suelo, terminan contaminando los acuíferos y trasladándose por escorrentía acaban en el Mar Menor. Me recuerda al tratamiento que hacía un conocido “gestor de residuos” de mi época de periodista ambiental, Manolo el del camión le llamaban.  Recogía los residuos líquidos en su camión cuba de capacidad 10.000 litros…dejaba la espita un poco abierta y “gestionaba” por diferentes carreteras hasta poder llenar de nuevo la cuba.

El modelo de gestión de esos fabricantes murcianos de cerdos que contaminan el Mar Menor es conocido y barato. Según un informe de 2019 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el sector porcino aporta aproximadamente el 17% del nitrógeno que acaba en el Mar Menor, una estimación que es conservadora y podría ser muy superior.

Son unas 500 las balsas de purines, pertenecientes a 450 explotaciones, las que hay en la zona del Mar Menor y según otro informe del mismo ministerio, al que López Miras tacha de mentiroso,  el 90% de ellas estás descontroladas. Y el problema no solo es el nitrógeno, sino también el amoníaco y el metano, porque algunas de ellas vierten directamente a los campos por medio de una tubería, lo que está completamente prohibido en la UE por su efecto sobre los acuíferos. En nuestro país casi el 30% de las estaciones de control de acuíferos y el 50% de las aguas superficiales presenta contaminación por nitratos, sobre todo por la costumbre de esparcir los purines por los campos como abono orgánico.  En Murcia los niveles triplican el máximo recomendado por la directiva de la UE que es de 50 ppm alcanzando las 169 ppm.

Pero esta industria no paga por la contaminación que produce y tampoco acumula sanciones ya que no hay control. El dumping ambiental español en las granjas de cerdos frente a otros países es descomunal. No es extraño que ya seamos el primer país exportador de la UE, con 56 millones de cerdos sacrificados en 2020. Nuestros precios, sin tonterías de gestión de residuos y salarios miserables con inmigrantes sin dar de alta, son imbatibles.

Pero hablando de lo que nos interesa hay que decir que esta situación de inacción del Gobierno murciano con el Mar Menor está empezando a tener consecuencias en el turismo de la zona y por ende en el sector inmobiliario. Mucho cartel de “Se vende” en la zona y bajada de precios de casi un 20% en los pisos y apartamentos. Y es que cuando por avaricia y ceguera acabamos con un paraíso los turistas que venían a disfrutarlo se buscan otro.

El problema no es para los que ya hicieron dinero con la especulación o el delito ambiental, sino para los que tienen su vida y su trabajo ligados al Mar Menor o una propiedad inmobiliaria que se está devaluando porque sus gobernantes les desprecian y han elegido la industria agropecuaria intensiva frente al turismo. Son miles de personas las que viven y trabajan dependiendo de la actividad económica que el turismo y la gestión inmobiliaria generan en las orillas de la laguna. Y ya no valen los irresponsables peloteos entre las administraciones acusándose de todos los males, es ya casi tarde para sentarse y poner las soluciones.

Un cinturón verde alrededor de la laguna, con zonas palustres que sirvan de protección natural, eliminación de las 8.500 hectáreas de cultivos ilegales, control de los abonos y fitosanitarios empleados, impermeabilización de todas las balsas de purines y control de su correcta gestión -tampoco estaría de más un estudios de sostenibilidad y otro de bienestar animal-, regulación de la navegación en el interior de la laguna, control  de los residuos mineros y RCDs, demolición de construcciones ilegales, impuestos verdes a la industria depredadora de recursos…las soluciones están ahí, pero no veo a políticos capaces para llevarlas a cabo.

El único aspecto positivo de la situación es que la sociedad ha despertado y dicho basta. Que se ha organizado y manifestado, tanto en Murcia, Cartagena como en otros lugares de España y exigen soluciones que garanticen el futuro de la laguna, dotándola, por ejemplo, de personalidad jurídica o creando un parque natural en toda su extensión… Lo que ahora importa es que el movimiento siga y que los intereses económicos  de unos pocos no ahoguen para siempre el Mar Menor.

Periodista económico

Periodista económico

Eduardo Lizarraga

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