La fotografía que deja el último informe del INE es tan elocuente como preocupante: el precio de la vivienda vuelve a dispararse y ya marca su mayor alza desde 2007, con un incremento interanual del 12,8% entre julio y septiembre. Lo que podría parecer un dato aislado es, en realidad, el síntoma de un problema estructural que España arrastra desde hace casi dos décadas: 46 trimestres consecutivos al alza, un ciclo ininterrumpido que ha expulsado del derecho a la vivienda a cientos de miles de ciudadanos. Mientras, las administraciones encadenan anuncios, programas piloto y grandes planes que, en la práctica, no logran frenar una escalada que se ha convertido en una auténtica emergencia social.

El precio de la segunda mano sube por encima de la vivienda nueva

El INE confirma lo que los expertos y los portales de datos llevan meses adelantando: la vivienda usada es la que está tirando con más fuerza del mercado, subiendo un 13,4% interanual, la mayor subida en 18 años. La vivienda nueva, por su parte, aumenta un 9,7%, una cifra igualmente elevada pero que palidece frente al ritmo de la segunda mano, convertida en el gran vector de tensión en la mayoría de mercados urbanos y turísticos.

Esta brecha —que no deja de ampliarse— refleja un fenómeno conocido: las familias ya no pueden acceder a la obra nueva y concentran su búsqueda en un parque de segunda mano cada vez más insuficiente, tensionando los precios de manera inevitable. La consecuencia es previsible: un mercado que se recalienta y que deja fuera a quienes dependen de salarios que no crecen ni de lejos al mismo ritmo.

El INE confirma 46 trimestres seguidos al alza

La cifra es tan contundente que casi pierde capacidad de sorpresa: 46 trimestres consecutivos de subidas en el precio de la vivienda. Casi doce años sin una sola moderación sostenida, sin un respiro para quienes intentan acceder a un hogar en propiedad y ven cómo los precios avanzan trimestre tras trimestre sin atender a crisis económicas, pandemias, subida del euríbor o endurecimiento del acceso al crédito.

Mientras tanto, el mercado del alquiler —que debería ser una alternativa— se encuentra en su propio proceso de implosión, con crecimientos superiores al 10% en un año y sin un parque público que actúe de contrapeso. Y todo ello en un contexto donde la vivienda es un derecho constitucional pero, en la práctica, se ha convertido en un bien inaccesible para amplias capas de la población.

Los precios de la vivienda subieron un 2,9% respecto al trimestre anterior

La comparativa trimestral tampoco da tregua. Entre el segundo y el tercer trimestre, los precios se incrementaron un 2,9%, un avance especialmente intenso para un periodo tan breve. La vivienda nueva subió un 0,6%, mientras que la de segunda mano volvió a destacar con un incremento del 3,3%, confirmando que el problema se concentra precisamente donde se encuentra la demanda real.

El incremento trimestral, aunque ligeramente por debajo del anterior, indica que no existe ningún síntoma de moderación. Ni la política monetaria del BCE, ni los nuevos programas públicos, ni las medidas anunciadas por el Gobierno están logrando detener una tendencia que parece independiente de cualquier intervención.

La subida de la vivienda por Comunidades Autónomas

Si algo deja claro el último informe del INE es que la subida es generalizada. Todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas presentan incrementos interanuales de dos dígitos. Pero algunas destacan por lo abrupto de la escalada: Región de Murcia (+15%), Aragón (+14,6%), Ceuta y Melilla (+14,5%), Castilla y León (+14,4%), Madrid (+14,2%) y La Rioja (+14,1%). Una geografía desigual donde casi todas las regiones superan holgadamente el 12%.

Incluso aquellas comunidades donde el crecimiento es “menos extremo” siguen mostrando cifras incompatibles con el acceso a la vivienda para una familia media: Navarra (+10,9%), Cataluña (+11,3%), País Vasco y Castilla-La Mancha (+11,6%). En todas ellas, salarios y precios llevan años circulando por carreteras diferentes.

El resultado es una España profundamente fragmentada, donde cada vez más ciudadanos quedan atrapados entre hipotecas imposibles, alquileres inasumibles y una oferta pública insuficiente que llega tarde y mal. La reciente propuesta del Gobierno para comprar vivienda destinada al alquiler a través de Casa47 —la antigua Sepes— es un paso, pero llega en un contexto donde el parque público actual representa apenas un 2,5% del total, frente al 30% de países como Austria o los Países Bajos. Una gota en medio de un incendio.

El derecho a una vivienda digna continúa en retroceso

La conclusión es tan clara como dolorosa: España afronta la mayor crisis de acceso a la vivienda en dos décadas, y los datos del INE no sólo no muestran señales de alivio, sino que revelan una escalada persistente e inasumible para buena parte de la ciudadanía. Mientras los precios suben sin descanso y el mercado se cierra como una puerta que se va empujando desde dentro, el derecho a una vivienda digna —reconocido en la Constitución— se aleja para centenares de miles de personas, atrapadas entre estadísticas que crecen y políticas públicas que no llegan.

La vivienda se ha convertido en el gran termómetro social del país. Y cada trimestre que pasa confirma la misma realidad: la temperatura sigue subiendo.