El Govern balear ha empezado a pagar las ayudas de 10.000 euros para que los menores de 40 años residentes en las islas puedan comprar su primera vivienda. En condiciones normales sería una buena noticia sin más. Pero las cifras que ha dado el propio Ejecutivo muestran otra cosa: el programa se ha quedado pequeño antes de cumplir su primer trimestre. Hay casi mil solicitudes para un presupuesto que, con suerte, alcanza para seiscientas. Es fácil prever el desenlace.
La iniciativa nació con una dotación de 6 millones de euros para el periodo 2026-2027. Sobre el papel parecía una cifra razonable para una comunidad autónoma de tamaño medio. En la práctica, en Baleares el precio de la vivienda se ha despegado de los salarios desde hace tiempo, y la demanda ha respondido rápido y en masa.
Otorgadas las primeras ayudas y casi 1.000 en espera
La Dirección General de Vivienda ha concedido las primeras 100 ayudas, que suman ya un millón de euros. En apenas unas semanas de resolución se ha comprometido una sexta parte del presupuesto total. Entre tanto, la cola no deja de crecer: el Govern reconoce haber recibido 955 solicitudes en los tres meses que lleva abierta la convocatoria.
El reparto geográfico tampoco sorprende. Mallorca acumula 845 peticiones, lejos de Menorca, con 60, y de Ibiza, con 26. Las 24 restantes siguen en tramitación y aún no tienen isla asignada. Las ayudas concedidas siguen el mismo patrón: 90 en Mallorca, ocho en Menorca y dos en Ibiza.
En Mallorca se concentran la población, el empleo y también la presión inmobiliaria. Que nueve de cada diez solicitudes salgan de allí indica dónde la compra de vivienda ha dejado de estar al alcance de la mayoría de los jóvenes. El caso de Ibiza merece mención aparte: tiene uno de los mercados más tensionados de España y presenta muy pocas solicitudes. La explicación más probable no es la falta de necesidad. Con los precios de la isla, muy pocos jóvenes logran siquiera acercarse a una compra que cumpla los requisitos.
La necesaria ampliación presupuestaria
Las cuentas son sencillas. Con 6 millones de euros y ayudas de 10.000 euros, el programa da para 600 beneficiarios. Atender todas las solicitudes actuales costaría unos 9,5 millones, y la convocatoria seguirá abierta durante 2026 y 2027. Si el ritmo de los tres primeros meses se mantiene, el agujero no se medirá en cientos de solicitudes, sino en miles.
El Govern ya ha anunciado que trabaja en ampliar la dotación presupuestaria, y hace bien. También es justo reconocer que no todas las solicitudes acabarán aprobadas: habrá expedientes incompletos, ingresos por encima del límite y compras que no cumplan las condiciones. Aun descontando ese margen, el desfase es evidente desde el principio, y eso dice poco de la previsión inicial. Cualquiera que conozca el mercado balear podía anticipar que diez mil euros a fondo perdido para comprar vivienda iban a provocar una avalancha de peticiones.
Convendría además que la ampliación no se quedara en un parche. Una ayuda que se agota antes de llegar a la mitad de su vigencia genera frustración y una sensación de lotería: lo obtiene quien llega antes, no necesariamente quien más lo necesita. Sería deseable que el Govern ampliara la partida y aclarara cuanto antes cómo se priorizarán las solicitudes si el dinero vuelve a quedarse corto.
¿Cuáles son las condiciones para optar a estas ayudas?
Los requisitos son bastante estrictos. La convocatoria se dirige a personas físicas de hasta 40 años que hayan comprado o estén comprando una vivienda con un precio máximo de 382.000 euros. Además, deben acreditar un empadronamiento mínimo de cinco años en las islas, y la compra tiene que haberse producido a partir del 1 de enero de 2026.
La ayuda sirve tanto para viviendas ya construidas como para viviendas en construcción. Los solicitantes no pueden tener otra vivienda en España y deben destinar el inmueble a residencia habitual y permanente durante al menos cinco años. Así se pretende evitar que la subvención termine en una inversión o, peor aún, en un alquiler turístico encubierto.
En cuanto a los ingresos, el límite general es de 6,5 veces el IPREM, unos 54.600 euros anuales, con incrementos previstos para determinadas situaciones familiares y personales. Es un umbral amplio, y tiene sentido que lo sea: en Baleares, quien gana poco ni siquiera llega a plantearse comprar.
Diez mil euros frente a un mercado desbocado
Queda la cuestión de fondo. Para una vivienda de 382.000 euros, el tope del programa, 10.000 euros suponen apenas un 2,6% del precio. La ayuda ayuda, valga la redundancia, pero no resuelve el problema principal de los jóvenes compradores, que es reunir la entrada y los gastos de la operación. Para muchos, esos diez mil euros marcan la diferencia entre firmar ahora o seguir esperando. Para otros muchos, que ni siquiera llegan a acercarse a una hipoteca, son una ayuda que no podrán usar.
El éxito de la convocatoria, medido por el volumen de solicitudes, es en realidad un síntoma del problema. Demuestra que existe una generación con arraigo en las islas, con empleo e ingresos razonables, que quiere comprar y no puede hacerlo sin ayuda. Ampliar el presupuesto es necesario y urgente. Pero mientras no aumente la oferta de vivienda asequible, cualquier programa de este tipo se parecerá a repartir sombrillas en mitad de una tormenta: alivia algo, pero no evita que la mayoría acabe empapada.
