Ayuso apuesta por urbanizar suelo forestal mientras los incendios marcan el verano

La Comunidad de Madrid ha decidido que la mejor respuesta a la crisis de vivienda pasa, entre otras cosas, por facilitar la construcción en suelo rural y forestal. Lo ha hecho a través de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, conocida ya por sus siglas, LIDER, aprobada el pasado 22 de julio por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La norma llega en pleno verano de incendios, con más de 89.000 hectáreas de Red Natura 2000 calcinadas en la región, y las organizaciones ecologistas no han tardado en señalar la contradicción evidente entre acelerar la urbanización dispersa del monte y, al mismo tiempo, prometer que la región estará mejor protegida frente al fuego.

 ¿Qué es exactamente la Ley LIDER?

La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región es, en el papel, una herramienta de simplificación urbanística. El Gobierno regional la vende como el instrumento que permitirá reducir los plazos para construir viviendas, que hasta ahora podían extenderse hasta doce años, y dejarlos en apenas cuatro. Introduce los llamados Planes Estratégicos Municipales, que según la Comunidad devolverán autonomía a los ayuntamientos para decidir sobre su propio desarrollo urbanístico, simplifica las categorías de suelo existentes y, de paso, dice impulsar las actividades agrícolas y ganaderas en el medio rural. Todo suena razonable si uno se queda solo con el titular. El problema, como casi siempre, está en la letra pequeña: la ley también facilita que particulares promuevan urbanizaciones y núcleos aislados de vivienda diseminada en suelo rural y forestal, precisamente el tipo de construcción que los técnicos llevan años señalando como el más peligroso en materia de incendios.

La crítica de las organizaciones ecologistas

La Plataforma Ecologista Madrileña ha sido especialmente contundente en su valoración de la norma. Su diagnóstico es que la ley, lejos de resolver ningún problema, multiplica el riesgo de incendio forestal al abrir la puerta a construir de forma dispersa por el monte. Antonio Martínez, portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, lo explica sin rodeos: la norma permite que particulares impulsen urbanizaciones en zonas donde la sierra madrileña ya arrastra un exceso histórico de construcciones fuera de los núcleos urbanos tradicionales. Este modelo de construcción dispersa tiene, además, una consecuencia muy concreta: traslada la responsabilidad de mantener las franjas de seguridad frente al fuego a los propietarios de los montes, perpetuando un sistema que, según denuncian, lleva décadas fallando sin que nadie lo corrija.

Las responsabilidades incumplidas de los propietarios de los montes

Aquí es donde el discurso institucional choca de frente con los datos. Desde 1972 existe la obligación legal de mantener franjas de protección de treinta metros alrededor de las construcciones en zonas forestales. Es una norma con más de medio siglo de antigüedad, de sobra conocida, y sin embargo se incumple de manera sistemática. Promotores y administraciones llevan años mirando hacia otro lado porque cumplir con esas franjas de seguridad reduce la superficie edificable y, con ella, el beneficio económico del proyecto. El resultado es un paisaje de construcciones diseminadas por el monte que conviven, año tras año, con un riesgo de incendio que nadie parece dispuesto a asumir de verdad.

Una situación de riesgo que los propios datos oficiales confirman

Los números que maneja la Plataforma Ecologista Madrileña no dejan demasiado margen para la interpretación. De las casi tres mil zonas de interfaz urbano-forestal que existen en la Comunidad de Madrid, apenas un 2,3 por ciento cuenta con un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales aprobado. La situación municipal tampoco resulta tranquilizadora: de los 42 ayuntamientos obligados a disponer de un Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios, solo 33 lo tienen en vigor. A esto se suma que el 62 por ciento de los montes madrileños son de titularidad privada, lo que complica enormemente cualquier actuación pública coordinada y deja buena parte de la prevención en manos de particulares que, como ya hemos visto, no siempre cumplen con sus obligaciones.

Cumplir la normativa hace que construir sea poco rentable, y ahí está la clave del problema

Conviene detenerse en un detalle que rara vez se explica con claridad: si promotores y propietarios respetasen escrupulosamente las franjas de seguridad, las distancias mínimas y el resto de exigencias de la normativa contra incendios forestales, buena parte de estas urbanizaciones dejarían de ser rentables. La ecuación es sencilla. Cuanto más suelo se reserva para protección, menos superficie queda para edificar y vender. Ese es, probablemente, el verdadero motivo por el que las franjas de treinta metros llevan décadas incumpliéndose: no es solo dejadez administrativa, es que cumplir la ley tal y como está escrita convierte muchos proyectos en poco atractivos económicamente. Una ley que, como LIDER, simplifica y acelera los trámites sin reforzar de forma paralela la exigencia y el control de estas medidas de protección, corre el riesgo de multiplicar precisamente el tipo de urbanización que menos garantías ofrece frente al fuego.

Dos versiones enfrentadas, un mismo territorio calcinado

La Comunidad de Madrid insiste en que LIDER es una ley pensada para construir más vivienda y para simplificar una maraña burocrática que lastra al sector. Habla de autonomía municipal, de agilidad y de impulso al medio rural. Las organizaciones ecologistas, por su parte, ven en la misma norma la antesala de más tragedias como las de este verano. Recuerdan el incendio de Tres Cantos-Viñuelas como advertencia temprana, y señalan lo ocurrido después en Los Gallardos, La Mierla o el suroeste madrileño, con miles de hectáreas arrasadas en las cuencas del Alberche y el Cofio, en los pinares del bajo Alberche y en el valle del Tiétar, territorio compartido entre Madrid y Ávila. Para los ecologistas, sin un cambio real de modelo la tragedia volverá a repetirse, y cada vez con consecuencias más graves. Piden prevención auténtica, cumplimiento estricto de la normativa ya existente, protección efectiva de los ecosistemas forestales y la paralización de una ley que, a su juicio, compromete la seguridad de toda la región. Cuando el fuego vuelva, y todo apunta a que volverá, no faltará quien señale al Gobierno Central por no haber ayudado lo suficiente. Lo que resulta más difícil de escuchar es una autocrítica sobre el propio modelo urbanístico que se ha decidido impulsar en plena sierra madrileña.