Primera acción del Fondo de Emergencia Habitacional en Barcelona: Generalitat y Ayuntamiento compran un bloque ocupado en Sant Andreu

Hay instrumentos públicos que tardan años en estrenarse y otros que se estrenan antes de que se seque la tinta del Diari Oficial. El Fondo de Emergencia Habitacional de la Generalitat de Cataluña pertenece claramente al segundo grupo. Apenas 24 horas después de su aprobación por el Consell Executiu, el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona anunciaron un principio de acuerdo para comprar el edificio del número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu. El objetivo era frenar un desahucio previsto para la mañana del miércoles. El precio, de momento, sigue siendo un misterio.

El lanzamiento estaba fijado para las ocho de la mañana. Las movilizaciones frente al inmueble lo frenaron primero, y a última hora de la tarde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó la suspensión definitiva a petición de la propiedad, que había pactado la venta con ambas administraciones. Conviene precisar que lo anunciado es un acuerdo para adquirir el bloque. La información disponible no acredita que la compraventa esté ya formalizada.

La compra tiene como objetivo evitar el desalojo de 32 personas

El edificio tiene 20 viviendas, de las cuales 18 estaban afectadas por la orden de lanzamiento. En ellas residen 32 personas, entre ellas seis menores, que llevan varios años ocupando el bloque. El desalojo derivaba de tres procedimientos judiciales iniciados en 2019. Siete años de pleitos se resolvieron finalmente con la administración haciendo de comprador de última instancia.

La operación lleva sello socialista por partida doble, ya que tanto el Govern de Salvador Illa como el consistorio de Jaume Collboni están encabezados por el PSC. El teniente de alcalde de Economía y Vivienda, Jordi Valls, agradeció expresamente el papel de los movimientos sociales y reconoció que la presión en la calle ayudó a desbloquear el acuerdo. Es una sinceridad poco habitual, y la oposición no ha tardado en aprovecharla. La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Gallén, defendió por su parte que el nuevo instrumento permite que quien ya tiene un techo pueda seguir bajo él, en lugar de engrosar las listas de emergencia.

Según fuentes municipales citadas por RTVE, 13 de las 18 unidades familiares habían tenido contacto en algún momento con el servicio municipal de intervención ante la pérdida de vivienda y la ocupación. Cuatro familias con niños estaban en seguimiento por servicios sociales. Son datos relevantes, aunque no equivalen a un informe de vulnerabilidad aportado al juzgado, y en ese matiz se ha instalado buena parte de la polémica.

El grupo popular municipal pide explicaciones

El presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, ha sido el más rápido en sacar la calculadora. En un comunicado del 8 de octubre acusa a Collboni e Illa de convertirse en una “inmobiliaria de okupas” que resuelve cada conflicto comprando edificios con dinero público. Sirera exige conocer el coste de la operación, el reparto del desembolso entre administraciones y los criterios que justifican la intervención. Recuerda además el precedente de Casa Orsola, cuya compra cifra en casi 10 millones de euros.

El dirigente popular también subraya que, según lo señalado por el TSJC, no constaba un informe oficial de vulnerabilidad de los ocupantes. Su tesis es que primero hay que estudiar cada caso y no comprar edificios “a golpe de protesta”, porque la presión mediática acabaría decidiendo quién accede a la vivienda pública y quién espera en la cola.

El argumento tiene su punto incómodo, porque el propio Valls admitió el peso de la movilización. Pero también tiene su trampa, ya que reducir a 32 personas, seis de ellas menores, a la etiqueta de “okupas” simplifica un problema que ningún partido ha sabido resolver en dos décadas. Lo que sí parece difícil de discutir es que la transparencia sobre el precio no debería requerir una nota de prensa de la oposición.

¿Qué es el Fondo de Emergencia Habitacional de la Generalitat y para qué sirve?

Bautizado popularmente como fondo antidesahucios, nace con una dotación inicial de 25 millones de euros, ampliable hasta 50 millones. Según el Govern, está pensado para evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad extrema cuando ya se han agotado otras vías, como la mediación, el alquiler social o la mesa de emergencia. Sobre el papel no es la primera respuesta a cualquier conflicto, sino la última.

El mecanismo permite comprar la vivienda en la que reside la familia afectada y gestionar después su alquiler. Los inmuebles adquiridos pasan a la cartera de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. La pregunta que deja Llenguadoc es evidente. Si el fondo es el último recurso, cabe preguntarse cuánto tiempo hubo para agotar los anteriores en un caso estrenado al día siguiente de su creación. Con 25 millones y edificios enteros a precio de Barcelona, las cuentas no dan para muchas emergencias más, y de ahí que los criterios de selección importen tanto como el cheque.

Ampliar el parque público de vivienda como objetivo

En paralelo, la Generalitat ha puesto en marcha un segundo fondo, este de 100 millones de euros, para compras conjuntas de viviendas orientadas a facilitar el acceso a un piso a personas mayores de 40 años. Su meta es incorporar 2.000 viviendas al parque público. En este caso, la Administración se reserva un derecho de preferencia para adquirir la totalidad del inmueble si el propietario decide venderlo en el futuro.

Son dos herramientas con lógicas distintas. Una actúa como bombero ante el desahucio inminente y la otra como inversor paciente que busca ampliar la oferta. Ambas comparten un mismo diagnóstico, que Cataluña tiene un parque público raquítico, muy lejos de la media europea, y que ahora intenta engordarlo a golpe de talonario. Comprar edificios ya construidos no añade una sola vivienda al mercado, pero sí cambia de manos su control. Si esa es la estrategia, el Govern tendrá que explicar con números, y no solo con comunicados, por qué cada compra es la mejor inversión posible del dinero de todos.