La historia se repite, pero esta vez con final feliz para los consumidores. Tras casi tres lustros de litigios, maniobras dilatorias y todo tipo de tácticas obstructivas por parte de las entidades financieras, la justicia ha hablado con claridad meridiana: la banca deberá devolver miles de millones de euros cobrados de forma abusiva mediante las cláusulas suelo incluidas en miles de contratos hipotecarios en España.

La reciente sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo —que desestima todos los recursos interpuestos por las entidades— reconoce la validez de la acción colectiva presentada por ADICAE en 2010, dando por concluida una de las mayores batallas legales de la historia financiera reciente en nuestro país. Pero esta victoria no es sólo jurídica; es un triunfo ético y simbólico contra los abusos sistémicos del sector bancario.

El Tribunal Supremo ha reconocido la validez de la acción colectiva de ADICAE

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) interpuso hace ya catorce años una demanda contra más de un centenar de entidades financieras. A esta se adhirieron más de 800 consumidores directamente, y miles más han estado esperando el desenlace judicial para poder reclamar lo que es suyo.

Desde su origen, el caso se centró en el carácter abusivo de las llamadas cláusulas suelo, que impidieron a los hipotecados beneficiarse de las caídas del euríbor durante años. Esas condiciones, redactadas de forma opaca y sin la información debida, se convirtieron en una trampa legal que garantizaba a los bancos un suelo mínimo de beneficio, incluso cuando los tipos de interés se desplomaban.

La primera victoria llegó en 2013, cuando el Tribunal Supremo ya reconoció la posibilidad de controlar la transparencia de estas cláusulas. Pero el proceso se complicó, y la banca, lejos de reconocer su error, se atrincheró en el laberinto judicial, apelando y recurriendo a todo tipo de artimañas procesales con el único objetivo de demorar lo inevitable: la restitución de lo cobrado de más.

Finalizan años de maniobras de obstrucción a la justicia por parte de la banca

Que la sentencia definitiva haya tardado casi tres lustros no es casualidad. Las entidades financieras desplegaron toda su artillería jurídica para evitar el desenlace que ahora conocemos. Recursos por infracción procesal, casaciones, cuestionamientos a la forma y el fondo de la demanda, y, por supuesto, una estrategia deliberada de confusión sobre si las cláusulas eran idénticas o simplemente similares.

Todo valía para intentar zafarse de una acción colectiva que, de prosperar —como ha sucedido— supondría la devolución de cientos o incluso miles de millones de euros. La banca no ha estado sola: la tibieza y, en ocasiones, la connivencia de parte del aparato judicial español ha contribuido durante años a ralentizar un proceso que nunca debió alargarse tanto.

La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya avanzaba este final

Lo más grave es que ha tenido que ser la justicia europea la que desbloquease el proceso, al emitir el pasado 4 de julio de 2024 una sentencia fundamental (C-450/2022) que establecía claramente que el control de transparencia puede hacerse dentro de una acción colectiva, y que no se necesita estudiar caso por caso.

Esa sentencia fue el detonante final. El TJUE desmontó el principal argumento de los bancos y de los despachos de abogados que los defendían: que no se podía juzgar en conjunto porque los consumidores eran diferentes. Bruselas respondió tajantemente: el análisis debe centrarse en el «consumidor medio», en el conjunto de prácticas estándar, y en si esas cláusulas eran comprensibles y transparentes para el público general.

Los mejores despachos de abogados no han podido con el derecho de los consumidores

Las entidades financieras implicadas se rodearon de los más prestigiosos bufetes del país: Uría Menéndez, Cuatrecasas, Garrigues, Squire Patton Boggs… Toda una legión de abogados de élite trabajando con un objetivo: no devolver el dinero.

Y sin embargo, ni toda esa maquinaria legal ha podido evitar lo que era evidente desde el principio. La justicia, aunque tarde, ha respaldado el derecho de los consumidores frente a los abusos masivos de la banca. Y lo ha hecho además reforzando la validez de la acción colectiva como herramienta para defender los derechos económicos de los ciudadanos.

Los efectos de las cláusulas suelo en los contratos hipotecarios

Las cláusulas suelo consisten en establecer un interés mínimo que se aplica aunque el euríbor (u otro índice de referencia) baje por debajo de cierto umbral. En la práctica, esto ha significado que miles de hipotecados no se beneficiaron de las caídas históricas de los tipos de interés tras la crisis de 2008.

El impacto económico ha sido brutal: familias que pagaron cuotas muy superiores a las que les correspondían, con un coste acumulado que ADICAE calcula en más de 190 millones de euros sólo en los casos agrupados en esta macrodemanda. Si sumamos los potenciales casos derivados de esta sentencia, el coste para la banca podría ser muy superior.

Se elimina el control caso a caso frente a la demanda colectiva

Uno de los aspectos más relevantes de esta sentencia es que se elimina definitivamente la exigencia de analizar caso por caso. Durante años, esa fue una excusa perfecta para eternizar los procesos y desanimar a los consumidores.

El Supremo, siguiendo la doctrina europea, ha establecido que el juez debe basarse en la existencia de prácticas estándar y valorar si el consumidor medio —razonablemente informado, atento y perspicaz— podía entender las consecuencias económicas de la cláusula. Ya no se trata de si un notario lo explicó bien o si alguien firmó sabiendo; se trata de si, en general, esa práctica era transparente y justa. Y no lo era.

Una victoria histórica para ADICAE y para los consumidores

Esta sentencia cierra un ciclo. La macrodemanda presentada por ADICAE en 2010 ha terminado por imponerse a la gran banca. El Tribunal Supremo ha tenido que aceptar lo que Europa ya dejó claro: no se puede abusar impunemente de los consumidores. No se puede esconder detrás de tecnicismos para mantener prácticas que violan los principios básicos del derecho a la información y la buena fe contractual.

Miles de familias están hoy un paso más cerca de recuperar su dinero, y aunque el daño ya está hecho, al menos se cierra una etapa de impunidad. La banca española tendrá que asumir las consecuencias de sus prácticas abusivas. Y es hora también de que la ciudadanía recuerde que sus derechos, aunque pisoteados durante años, pueden ser reconocidos si se lucha por ellos.

Una lección para el futuro del sector financiero

Esta sentencia marca un antes y un después en la relación entre consumidores y bancos en España. Supone una advertencia a futuras prácticas abusivas y un reconocimiento al poder de la acción colectiva.

El mensaje es claro: no importa cuán poderosas sean las entidades financieras ni cuán sofisticadas sean sus defensas legales. Cuando la justicia funciona, cuando hay voluntad y coraje ciudadano como el que ha demostrado ADICAE, los abusos pueden ser corregidos.

Han sido muchos años de lucha, pero el final, esta vez, es para los de abajo. 👏

✊ Que no se nos olvide nunca: el abuso no es negocio si hay quien lo combate.