La huelga de los tasadores hipotecarios ha entrado en una fase crítica. Tras casi un mes de paro, la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha decidido prorrogar la movilización ante la falta absoluta de respuesta por parte de las sociedades de tasación y sus patronales, AEV y ATASA. El conflicto ya no es solo laboral: afecta de lleno a la seguridad jurídica del mercado hipotecario, a la fiabilidad de las compraventas y a un sistema que depende de valoraciones técnicas rigurosas para conceder préstamos.

Los tasadores —arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros y otros profesionales habilitados— denuncian que trabajan por debajo de costes, con tarifas congeladas desde 2008 y bajo un modelo de intermediación que desvía la mayor parte del precio que paga el cliente hacia las sociedades de tasación, dejando al profesional con una fracción mínima del importe final. Según la AETH, en algunos casos el tasador recibe solo el 20% de lo que paga el ciudadano por una tasación.

El resultado es un sistema hipotecario que funciona sobre una contradicción peligrosa: se exige máxima responsabilidad técnica, pero se remunera como si fuera un trabajo de bajo valor añadido. Y cuando quien firma la tasación trabaja a pérdidas, el riesgo ya no es solo suyo: es de todo el mercado inmobiliario.

La continuidad de la huelga afecta tanto a las tasaciones del canal bancario como a las de carteras bancarias

La prórroga del paro aprobada en la asamblea del 7 de enero tiene un impacto directo en dos grandes circuitos del sistema financiero. Por un lado, las tasaciones del canal bancario ordinario, las que permiten conceder hipotecas a familias y compradores, seguirán paralizadas al menos hasta el 21 de enero. Por otro, las tasaciones de carteras bancarias, utilizadas por las entidades para valorar préstamos dudosos, adjudicaciones y activos inmobiliarios, permanecerán bloqueadas hasta el 15 de febrero.

Este segundo canal es especialmente sensible porque afecta a la gestión interna de los balances bancarios, a la valoración de activos tóxicos y a las operaciones de venta de carteras inmobiliarias. Es decir, el núcleo duro del negocio financiero ligado al ladrillo. Y ahí es donde los tasadores están concentrando la presión.

La AETH levantó el paro para las tasaciones solicitadas por particulares el 23 de diciembre para no bloquear operaciones familiares, pero ha decidido mantener el pulso allí donde más duele: en las grandes carteras, donde se mueve el grueso del dinero del sector.

Numerosos profesionales han manifestado su disposición a mantener un paro indefinido en el canal de carteras

La tensión ha ido en aumento a medida que las patronales siguen sin sentarse a negociar. La AETH ha reconocido que muchos profesionales ya están dispuestos a convertir el paro en indefinido si no hay avances. No se trata solo de una protesta coyuntural, sino de una ruptura profunda entre quienes hacen el trabajo técnico y quienes controlan el negocio.

Los tasadores denuncian que el actual modelo de intermediación los ha convertido en falsos autónomos de alto riesgo, sometidos a plazos imposibles, presión comercial y remuneraciones que no cubren ni el tiempo ni los costes reales del trabajo: desplazamientos, visitas, análisis documental, comprobaciones registrales, redacción del informe y responsabilidad legal.

Mientras tanto, las sociedades de tasación mantienen o incluso mejoran sus márgenes gracias a acuerdos marco con la banca que no repercuten en quienes realizan la valoración real del inmueble. El resultado es una cadena de valor completamente desequilibrada.

Sus reivindicaciones son económicas y de contratación

La AETH no está pidiendo privilegios, sino una estructura mínima de sostenibilidad profesional. Sus principales demandas se concentran en cuatro ejes:

Tarifas mínimas ligadas al coste real del servicio, que permitirían situar la retribución media anual en torno a los 30.000 euros brutos, actualizadas por IPC y ajustables ante cambios normativos.
Condiciones contractuales equilibradas, con eliminación de indicios de laboralidad encubierta, plazos de entrega realistas, pagos en un máximo de un mes y compensación por desplazamientos.
Independencia profesional, garantizando que el tasador contrate con la sociedad de tasación y no esté sometido a la presión directa de la entidad financiera.
Mecanismos de gobernanza y resolución de conflictos, mediante una comisión mixta entre tasadores y sociedades.

Lo que está en juego no es solo el sueldo, sino la calidad del sistema hipotecario. Cuando un profesional debe hacer más informes en menos tiempo para poder sobrevivir, el riesgo de errores aumenta y la fiabilidad de las valoraciones se degrada.

El colectivo concentra alrededor de 3.000 trabajadores autónomos

En España hay alrededor de 3.000 tasadores hipotecarios activos, un colectivo pequeño pero absolutamente estratégico. Sin tasación no hay hipoteca. Y sin hipoteca no hay compraventa en un país donde más del 70% de las operaciones se financian con crédito.

La precarización de estos profesionales se produce en paralelo a un mercado inmobiliario cada vez más tensionado: precios altos, tipos de interés todavía elevados, exigencias bancarias más duras y un consumidor que necesita tasaciones fiables para no sobreendeudarse.

“Sin tasaciones bien remuneradas no puede haber hipotecas seguras ni un mercado inmobiliario fiable”, advierte la AETH. Y esa advertencia no es retórica. Es una llamada de atención sobre un sistema que ha permitido que las empresas intermediarias engorden sus márgenes mientras quienes sostienen técnicamente el mercado trabajan a pérdidas.

En un contexto de crisis de vivienda, encarecimiento del crédito y falta de oferta, la huelga de los tasadores no es un conflicto sectorial más. Es una señal de alarma sobre la fragilidad del engranaje que sostiene todo el mercado inmobiliario español.