En un enloquecido sprint que no tiene nada que envidiar a los deportistas olímpicos, el sector inmobiliario llega exhausto a las esta vez bien ganadas vacaciones de verano. Nadie predijo esta situación cuando en enero, sumidos en la cuarta ola pandémica, la incertidumbre se adueñaba de agencias inmobiliarias, compradores y vendedores;, el dinero se retraía y los inversores tomaban el sol en las Cayman.

Pero todo comenzó a cambiar a finales de febrero y tomó una decidida buena marcha bien entrado el mes de marzo, aunque sin poder remediar ya un primer trimestre marcado por la caída de operaciones y también un descenso de precios que afectó sobre todo a la segunda mano en tanto que la obra nueva salió casi indemne.

Y ya no paró en casi ningún sitio, que algunas excepciones para este mes de julio las hay, sobre todo en las grandes ciudades, de las que parecen haber huido sus habitantes antes que otros años. Hambre de playa, de mar, de sol y de espacios abiertos.

La costa y la vivienda vacacional están conociendo un mes de julio frenético, con más operaciones que nunca la última semana y los indecisos decidiéndose porque la catastrófica y general falta de producto les puede dejar apeados y sin vivienda. La recuperación no sólo se está produciendo en la costa mediterránea y Baleares, que también la costa atlántica de Cádiz y Huelva, junto a la cantábrica de País Vasco, Cantabria y Asturias están conociendo bastante movimiento vacacional.

La ausencia de muchos compradores extranjeros, aún con problemas de movilidad, se está viendo soslayada por un incremento del comprador nacional, incluso el de la propia comunidad autónoma, que busca más metros y viviendas desahogadas.  “Se vende todo lo que tenga terraza, balcón, parcela o incluso una maceta grande”, aseguran desde muchas agencias que contemplan el cambio de tendencia, “los pisos interiores ni para cultivar champiñones” aseguran.

A pesar del descenso de visitantes foráneos, se continúan realizando estas operaciones sobre todo en las zonas de costa.  Las comunidades autónomas con las cuotas más elevadas de compraventas por parte de extranjeros son Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias, según datos del Colegio de Registradores, seguidas de Murcia, Cataluña y Andalucía. Como siempre los alemanes son la nacionalidad con mayor concentración en las Islas Baleares, los ingleses en Alicante y Murcia, los italianos en las Islas Canarias, y los franceses en Valencia, Girona y Tarragona.

La captación se ha vuelto a revelar como la fase más importante de la actividad inmobiliaria y es que sin cartera no hay venta. La esperanza general es que pasado este verano salga producto de segunda mano al mercado. En determinadas ubicaciones hay obra nueva, aunque la pandemia provocó un frenazo del 22% en el número de visados aprobados en 2020 en casi todas las zonas, tanto de interior como de costa.  Pero en algunos municipios cambiaron la tendencia incrementando el pasado año el número de visados frente al 2019.

En concreto Orihuela fue el municipio de costa que más visados de obra nueva aprobó en 2020 (629, un 27 % menos), según datos del Ministerio de Transportes. Le siguen Marbella (596 visados, + 8 %), Gijón (580, +31 %), Vigo (507, +48 %), Estepona (469, -71,9 %), Arona (440, +74 %) y Motril (399, +50,6 %).

En estos momentos, en la vorágine de los papeles, los contratos y la notaría, y con un difundido afán de resarcirse de los malos meses del pasado año –que tampoco fueron tan malos en algunos casos- parece que el otoño queda lejos y sin embargo, como siempre, está a la vuelta del verano.

La situación económica se está resolviendo bien; suben las contrataciones y muchas empresas comienzan a respirar. Al fin, la estrategia de los ERTEs se ha revelado como la gran solución hacia una recuperación rápida que habrá que consolidar en los meses malos que llegarán.

Lo que nadie previó es que las subidas desmesuradas de la luz, el gas, los carburantes, la comida, los servicios bancarios y un largo etcétera que se vislumbra llegando, con la inflación en mayo en el 2,7%, están comenzando a hacer mella en las economías más débiles. En la cuenta falta el concepto vivienda, con unos alquileres en estos momentos, contenidos o a la baja por la crisis sanitaria, el hundimiento del alquiler vacacional y la huida de muchas familias hacia áreas metropolitanas o incluso rurales, más amables que el centro de las ciudades y con más espacio libre. Pero el año 2022 volverá a traer incrementos en los alquileres. Todo ese “build to rent” en proyecto o construcción, con unas elevadas rentabilidades previstas para los inversores, así lo indica.  Y será necesario poder disponer de alguna solución para ese millón largo de familias que tendrán dificultades para pagar las rentas.

Este último mes algunas de las empresas culpables de ese incremento de costes energéticos y precios en general, también han hecho balance. Y ha sido muy clarificador. Pongamos como ejemplo a dos excelsos representantes de nuestro IBEX: Iberdrola y Banco de Santander.

Como apunte previo a tener en cuenta hay que decir que el precio mayorista de la electricidad para hoy jueves se acerca de nuevo a los 100 euros por megavatio-hora (MWh). La subasta del operador ibérico para este jueves ha arrojado un resultado de 98,83 euros MWh. El máximo previsto para la jornada será de 107,25 euros a las 22.00, y el mínimo de 87 MWh a las 16.00.

En este contexto de precios enloquecidos, Iberdrola ha presentado los resultados empresariales pertenecientes al primer trimestre de 2021. La compañía ha obtenido unos beneficios netos de 1.025 millones de euros, un 19% menos que el mismo período del año anterior. Pero viendo el panorama que tenemos de precios incontinentes y alta rentabilidad, la compañía se ha reafirmado en sus previsiones de cara a final de año y espera ganar entre 3.700 y los 3.800 millones de euros.

La otra estrella del IBEX, el Santander, que carga en las cuentas de sus clientes poco vinculados la tontería de 240 euros año en comisiones de mantenimiento, ha logrado un beneficio atribuido de 3.675 millones en el primer semestre de 2021.

Estas dos empresas, como el resto de las grandes cotizadas, se han subido a la ola de la recuperación y van a consolidar e incrementar sus beneficios en los próximos años, haciéndolo en base a las carteras de sus clientes que somos todos. Pero para mantener un sistema económico sano y no hay que olvidar que nuestra economía se basa en el turismo y el consumo interno, hace falta masa monetaria en movimiento, incrementando los salarios que perciben los españoles, cuando menos para que esa inflación no se deje notar en los más desfavorecidos.

Nuestro país tenía hace cinco años el octavo salario mínimo más alto de la Unión Europea. Hoy, es el séptimo, tras haber superado a Eslovenia. También es el séptimo país que más ha incrementado el SMI en la UE, exactamente un 44,99% durante esos cinco años, de acuerdo con los datos que publica Eurostat. De esta forma el SMI ha pasado de los 764,4 de la era Rajoy a 1.108,3 euros mensuales en doce pagas, tal y como acostumbra la agencia estadística europea a presentar las comparaciones para hacerlas comparables. En España estamos más acostumbrados a los 950 euros por catorce mensualidades para hablar del actual SMI o a 655,2 euros para el de 2016.

El actual salario mínimo interprofesional vigente en España es superado en la Unión Europea con amplitud por Luxemburgo (2.202 euros brutos mensuales), Irlanda (1.724), Holanda (1.685), Bélgica (1.626), Alemania (1.614) y Francia (1.555).

La subida del SMI quedó aplazada en 2020 por la pandemia y este año, después de los titubeos de Calviño, el Gobierno se planteará su incremento en septiembre si el mercado laboral y la economía siguen evolucionando de manera favorable después del verano. Y ha sido la propia vicepresidenta primera de Economía, Nadia Calviño, la que lo ha asegurado este pasado martes en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros.

Tras la congelación de la subida del SMI el pasado año, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, conformó a principios de este año un grupo de expertos con representantes de varios ministerios y sectores económicos para que diseñaran la hoja de ruta que debía seguir el salario mínimo para cumplir con el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, es decir, que el SMI alcanzara el 60% del salario medio al final de la legislatura. Se trata no sólo de ir acercándonos a la recomendación de la UE, sino de impedir que los trabajadores fuera de convenio pierdan poder adquisitivo con todas estas subidas que están experimentando los suministros básicos. Se ha solucionado con los pensionistas, que verán incrementar sus emolumentos acorde a la inflación, eliminado ya el factor de sostenibilidad del Partido Popular.

Sin embargo la crisis sanitaria y económica ha producido un cambio importante para el cálculo de este 60% del SMI y es que los datos del INE para el 2018, es decir un salario mínimo de 10.303 euros que era igual al 43% de los 24.009 euros del salario mínimo han cambiado. Y lo han hecho a la baja. El salario medio de los españoles en 2020, que era de 24.500 euros ha pasado este primer trimestre del año, según los datos del INE, a ser de 22.900 euros, con un SMI de 13.300 euros al año. Es decir, con cifras de marzo de este año, el SMI estaría en el entorno del 58% del salario medio.

En la tan traída y llevada hostelería, que junto con el sector agrario exhiben los salarios más bajos del país, la situación es aún peor. Con 686 euros de media al mes el salario de un trabajador de hostelería en España era, en el primer trimestre de este año, inferior al SMI y mejor que no entremos a investigar las horas necesarias para percibir ese sueldo, porque podríamos caer en la melancolía y en lejanas reminiscencias  al trabajo esclavo.

Que beber alcohol y disfrutar de las cañas y los bocatas de calamares es tan barato en nuestro país no sólo porque los impuestos son bajos, sino porque los salarios son de auténtica miseria y no garantizan a los que los “disfrutan” siquiera la supervivencia. La situación debe cambiar, por la dignidad de esos trabajadores que nos atienden en bares y terrazas.

La solución, ya nos lo han dicho, llegará en septiembre, aunque espero que no tome el rumbo de la Ley de Vivienda que no creo la tengamos tampoco este año. Desde luego la CEOE ya lo está intentando.

En términos de precios corrientes, el gasto en consumo final de los hogares representaba en España el 57,3% del PIB en el año 2019, el 57,1% del PIB en el año 2018 y el 57,3% en el año 2017. Todos sabemos que la pandemia y el confinamiento han traído un cambio, incrementando los ahorros y hundiendo el consumo que es preciso recuperar. Para ello un paso importante es ir recuperando los salarios, que los beneficios tienen mayor rendimiento para el país si llegan a los bolsillos de los consumidores y no a opacos paraísos fiscales.

La recuperación económica debe llegar a todos

Eduardo Lizarraga

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