El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley de respuesta a la crisis económica derivada del conflicto en Oriente Medio, un paquete de medidas dotado con 5.000 millones de euros que ha recibido una valoración agridulce por parte de las principales asociaciones de consumidores. Tanto CECU como Facua aplauden la dirección del decreto, pero coinciden en que se ha quedado corto para proteger a los hogares más vulnerables. El Partido Popular, fiel a su pauta habitual, tampoco ha ahorrado críticas: sus portavoces han acusado a Pedro Sánchez de llegar tarde y con medidas insuficientes, lo que no le ha impedido votar en contra de una norma que reconoce como necesaria.

Lo que está sobre la mesa es que la respuesta del Gobierno puede ser adecuada si el conflicto no se prolonga ni se extiende. Pero si la crisis escala, si las tensiones alcanzan el estrecho de Bab el Mandeb y afectan al tráfico por el Mar Rojo, las consecuencias sobre el comercio global y los precios de la energía podrían ser de otro orden. En ese escenario, el actual paquete resultaría claramente insuficiente. No es una valoración menor: Larry Fink, consejero delegado de BlackRock y una de las voces más influyentes de las finanzas globales, ha advertido ya de que un agravamiento del conflicto podría empujar a las economías occidentales hacia una recesión. Si eso ocurre, habrá que aprobar medidas mucho más ambiciosas.

Las asociaciones de consumidores aplauden el decreto pero piden más

CECU valora positivamente la inclusión de medidas de protección en el ámbito energético: la ampliación del descuento al bono social, la garantía de no cortar suministros a los hogares vulnerables y las ayudas para la rehabilitación de viviendas son bien recibidas. Sin embargo, la organización señala una contradicción de fondo: reducir el IVA al gas y a los carburantes diluye el mensaje de descarbonización que debería orientar la política energética.

Piden un mecanismo más justo que distinga a los consumidores por niveles de renta

El argumento de CECU es sencillo pero contundente. En España, el 25% de los hogares tiene ingresos netos mensuales de entre menos de 1.000 y 1.500 euros, y las medidas deberían concentrarse ahí. Aplicar reducciones fiscales lineales, sin distinguir por capacidad económica, beneficia a todos por igual pero protege de forma insuficiente a quienes más lo necesitan. Portugal ya ha implementado un mecanismo de este tipo, y CECU reclama que España siga ese camino.

También un tope al precio de los alimentos básicos y mecanismos de control de márgenes

Una de las ausencias más señaladas es la falta de medidas sobre los alimentos. Tras la crisis derivada de la guerra en Ucrania, los precios de la alimentación fueron los que acumularon mayores incrementos y los que más tardaron en moderarse, con un impacto que todavía se deja sentir en la economía de los hogares con menos recursos. CECU reclama un tope de precios para una cesta básica de alimentos y la extensión de los mecanismos de control de márgenes —ya aplicados al sector energético— a la industria alimentaria y a las empresas de distribución.

Más apoyo al transporte público y a los inquilinos

La organización también lamenta la ausencia de ayudas directas al transporte público, que considera una herramienta clave para aliviar el gasto cotidiano de las familias y favorecer una movilidad sostenible. En materia de vivienda, el decreto incluye una de sus medidas más destacadas: la prórroga de los contratos de alquiler, una figura de la que podrían beneficiarse casi un millón de hogares en toda España. CECU la valora, pero insiste en que es necesario ir más lejos para garantizar el acceso a una vivienda digna a la población inquilina.

El decreto es un primer paso. Si el conflicto se estabiliza, puede ser suficiente. Si se prolonga o se ramifica, la pregunta no es si habrá que hacer más, sino cuánto más y con qué rapidez.