El Gobierno trabaja contrarreloj para relanzar el programa de avales ICO destinados a la compra de vivienda, una de las medidas estrella para facilitar el acceso a la propiedad a jóvenes y familias con hijos. A pesar de las expectativas iniciales, su ejecución está siendo mucho más lenta de lo previsto, con resultados modestos y una aplicación desigual según las comunidades autónomas. Las mejoras que prepara el Ministerio de Vivienda buscan corregir las limitaciones detectadas y hacer que el sistema resulte realmente operativo en un mercado donde los precios, la falta de ahorro y la dificultad para acceder a crédito siguen marcando el ritmo.
La línea de avales ICO destinada a jóvenes y familias con hijos
El programa, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en mayo de 2023 y formalizado un año después mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), nació con una dotación de 2.500 millones de euros y el objetivo de ayudar a adquirir unas 50.000 primeras viviendas. Sin embargo, la realidad ha sido más modesta: solo 8.400 operaciones aprobadas tras un año de funcionamiento. La iniciativa cubre hasta el 20% del préstamo hipotecario, ampliable al 25% si la vivienda cuenta con una calificación energética D o superior, con el fin de facilitar que los compradores sin ahorros suficientes puedan acceder a una hipoteca sin tener que aportar el 20% inicial. Pero el retraso en la adhesión de las entidades bancarias —solo 67 bancos han suscrito el convenio— y la complejidad de los requisitos han lastrado su impacto.
Los obstáculos en su aplicación
El primer gran problema fue la lentitud en la puesta en marcha. Aunque el programa estaba operativo desde comienzos de 2024, las primeras operaciones no se firmaron hasta septiembre. A ello se suma la burocracia y los criterios restrictivos: las entidades financieras han aplicado sus propias evaluaciones de riesgo, exigiendo estabilidad laboral y ratios de endeudamiento muy estrictos, lo que ha dejado fuera a buena parte de los solicitantes potenciales. Además, la escasa disponibilidad de viviendas dentro de los límites de precio fijados por el programa ha dificultado que los beneficiarios encuentren inmuebles que cumplan los requisitos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido estos problemas y ha anunciado ajustes en los próximos meses para “hacer los avales más accesibles y adaptados a la realidad del mercado”.
Quién puede acceder y las limitaciones
Los avales ICO están dirigidos a jóvenes menores de 35 años y a familias con hijos a cargo, siempre que la vivienda adquirida sea la primera residencia habitual. No pueden acogerse quienes hayan sido propietarios previamente ni quienes tengan un patrimonio superior a 100.000 euros por comprador. En cuanto a ingresos, se exige no superar los 37.800 euros brutos anuales por persona, o los 75.600 euros en el caso de parejas, con incrementos adicionales por hijos. Además, el precio máximo de la vivienda varía según la comunidad autónoma, un criterio que ha generado fuertes desigualdades territoriales. En Madrid o Baleares, por ejemplo, resulta casi imposible encontrar inmuebles que encajen en los límites del programa, mientras que en regiones con precios más moderados los avales sí están teniendo una aplicación más amplia.
Las mejoras para hacerlos más accesibles
El Ministerio de Vivienda plantea aumentar los límites de precio por comunidad autónoma y ampliar el plazo de formalización de hipotecas hasta finales de 2025, con posibilidad de extenderlo hasta 2027 si la demanda lo justifica. También se ha aprobado un incremento de los fondos destinados al programa y una mayor flexibilidad financiera: el periodo de aval se mantiene en diez años, independientemente del plazo de amortización, y se han simplificado las condiciones de pago. En paralelo, el Gobierno estudia introducir incentivos para las entidades bancarias que agilicen los trámites y prioricen las solicitudes de colectivos más vulnerables. “El objetivo es que los avales sean una herramienta real y no un anuncio bienintencionado”, señalan fuentes del ministerio.
¿Cuál ha sido su aplicación este año y en qué Comunidades Autónomas?
Los datos del Instituto de Crédito Oficial reflejan una distribución desigual del programa. Andalucía encabeza la lista con 2.458 operaciones, seguida de la Comunidad Valenciana (1.219) y Cataluña (1.068). En la Comunidad de Madrid apenas se han formalizado 386 avales, una cifra similar a regiones con menor población como Castilla y León o Castilla-La Mancha, mientras que Baleares solo ha registrado 50. Este desequilibrio territorial evidencia la dificultad de aplicar un modelo homogéneo en un mercado inmobiliario profundamente fragmentado y con grandes diferencias de precios.
A pesar de las limitaciones, el Gobierno mantiene que los avales ICO son una herramienta necesaria en un contexto donde la falta de ahorro previo se ha convertido en el principal obstáculo para acceder a una vivienda. Sin embargo, el programa sigue enfrentándose a un dilema de fondo: ayudar a quienes pueden comprar, pero no a quienes más lo necesitan, ya que exige cierta estabilidad laboral y financiera. De ahí que las próximas modificaciones sean cruciales para convertir los avales en un instrumento de inclusión real y no en una medida testimonial.
El mercado inmobiliario español vive un momento de alta tensión: los precios no dejan de subir, los salarios avanzan lentamente y el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país. En este escenario, los avales ICO son una pieza más del complejo puzle de la vivienda, útil pero insuficiente si no se acompaña de una mayor oferta de vivienda asequible y una política de alquiler más estructurada. El reto ahora es claro: pasar del anuncio a la eficacia, para que los jóvenes y las familias que más lo necesitan puedan dejar de mirar el mercado inmobiliario desde fuera. 🏠
