El mercado inmobiliario español atraviesa un momento de transformación y debate, especialmente en las zonas de mayor tensión de precios. En este contexto, el Gobierno de España ha dado un paso decisivo al proponer formalmente a la Comisión Europea la autorización para limitar la compra de viviendas en Canarias al uso residencial. Esta medida, que busca frenar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda, se enmarca dentro de una estrategia más amplia para proteger las singularidades de las regiones insulares.

Desde Aquimicasa, donde analizamos diariamente la evolución de las compraventas, las hipotecas y el Euríbor, observamos con atención esta maniobra legislativa. El objetivo central de la propuesta es claro: reducir la presión sobre el mercado inmobiliario en el archipiélago y facilitar el acceso a un hogar a jóvenes, familias y colectivos vulnerables que han sido desplazados por la escalada de precios.

La medida ha sido también solicitada por el Gobierno Canario

La iniciativa no surge de la nada, sino que responde a una reclamación histórica y urgente del Gobierno de Canarias. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha liderado una intensa agenda política, desplazándose incluso a Bruselas para persuadir a la Comisión Europea de la necesidad de «tomar cartas en el asunto».

Aunque inicialmente el ejecutivo canario abogaba por prohibir o limitar la compra directamente a extranjeros no residentes, la propuesta elevada finalmente por el Gobierno central matiza el enfoque hacia el uso del inmueble. La propuesta de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, sugiere «mecanismos legislativos para limitar la adquisición de vivienda para uso no residencial».

Esta alineación entre el gobierno central y el autonómico busca aprovechar el estatus de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) para aplicar excepciones que serían inviables en el territorio continental. Coalición Canaria ha celebrado que el Estado haga suya esta demanda, reconociendo que, aunque la Unión Europea es un espacio de libre tránsito de capitales y personas, la realidad fragmentada y limitada del territorio insular requiere soluciones excepcionales.

Paquete de medidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sugerido a Bruselas en la normativa de las regiones ultraperiféricas

La solicitud de limitar la compra de vivienda no es una acción aislada. Forma parte de un ambicioso paquete de medidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sugerido a Bruselas. El objetivo es incluir estas propuestas en la futura simplificación de la normativa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la UE, que afecta a nueve territorios de Francia, Portugal y España.

España anima a Bruselas a convertir a estas regiones en un «banco de ensayos» para probar innovaciones legislativas. Entre las propuestas destacan:

  • Flexibilidad en Ayudas de Estado: Se solicita un régimen más flexible para la aprobación de ayudas, sin restricciones de cuantía o plazos, siempre que no afecte a la cohesión de la Unión.

  • Sector Primario (POSEI): Se pide mantener la singularidad del programa POSEI con un presupuesto suficiente, vital para la agricultura canaria, y permitir ayudas para renovar la flota pesquera pequeña.

Este enfoque integral pretende que la normativa europea se adapte a las desventajas estructurales que implica la insularidad y la lejanía, utilizando la vivienda como uno de los ejes centrales de la cohesión social.

La difícil situación de la vivienda en Canarias

Para entender la urgencia de esta medida, basta con mirar los datos que maneja el sector. La situación habitacional en Canarias es crítica. Las estadísticas acreditan que más de un tercio de las viviendas que se venden en las islas son compradas por extranjeros (una participación del 36% en la compraventa). Este volumen de demanda externa, a menudo con un poder adquisitivo muy superior al local, ha distorsionado el mercado.

Las consecuencias para el residente son graves:

  • Escalada de precios: El coste de la vivienda en las Islas ha subido más de un 50% en la última década.

  • Desplazamiento de la población: En zonas tensionadas, una de cada cuatro viviendas en venta acaba en manos de no residentes, dificultando que la población local pueda competir.

  • Emergencia habitacional: La falta de oferta asequible ha impedido la emancipación de los jóvenes y ha puesto en jaque a las familias trabajadoras.

A diferencia de otras zonas tensionadas como Baleares —que no tiene estatus de RUP y, por tanto, tiene más difícil encajar legalmente estas restricciones en el marco comunitario—, Canarias cuenta con una base jurídica en los tratados de la UE que permite un trato singular. Si Bruselas acepta la propuesta, se podría sentar un precedente histórico en la regulación del mercado inmobiliario europeo, priorizando el uso residencial frente al uso especulativo o vacacional.

España pide también “facilitar la redistribución de menores y la derivación de personas migrantes desde las RUP al territorio europeo continental”

El documento enviado a Bruselas aborda otro de los grandes retos del archipiélago: la presión migratoria. El Gobierno de España ha incluido en su petición la necesidad de «facilitar la redistribución de menores y la derivación de personas migrantes desde las RUP al territorio europeo continental».

El objetivo es evitar la concentración de personas en estas regiones fronterizas y garantizar un marco jurídico adecuado para la acogida. Cabe recordar que, solo en 2025, Canarias llegó a tutelar en solitario a casi 6.000 menores llegados en pateras y cayucos. La propuesta busca que la solidaridad europea sea obligatoria y efectiva, distribuyendo la responsabilidad de la acogida entre los estados miembros y aliviando los recursos de las islas.

En conclusión, la petición de España a Bruselas marca un punto de inflexión. De aprobarse, la limitación de la compra de viviendas al uso residencial podría cambiar las reglas del juego en el sector inmobiliario canario, enfriando los precios y devolviendo el protagonismo del mercado a quienes realmente habitan las islas. Desde Aquimicasa seguiremos muy atentos a la respuesta de la Comisión Europea y a cómo esta normativa podría afectar a las futuras operaciones de compraventa e inversión en España.