La Ley de Vivienda no puede esperar más
El Gobierno se marcha de vacaciones con una tarea pendiente que no debería figurar en ninguna lista de «asuntos aplazables»: la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo ha optado por retirar el real decreto ley que iba a aprobarse en el último Consejo de Ministros antes del parón estival, al comprobar que no contaba con los votos suficientes para garantizar su convalidación posterior en el Congreso. Es una decisión comprensible desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, pero difícilmente justificable desde el punto de vista de la urgencia social. Entre las medidas que se quedan en el cajón figuraban la prórroga de la congelación de las rentas de alquiler durante dos años más y una regulación específica del alquiler temporal, dos cuestiones que afectan directamente al bolsillo de miles de familias que hoy no encuentran una vivienda asequible donde vivir.
Un deber ineludible por la situación de la vivienda
No hace falta insistir demasiado en el diagnóstico: la vivienda se ha convertido en el principal problema cotidiano para buena parte de la población, especialmente para los jóvenes y para quienes buscan un alquiler en las grandes ciudades. Los precios no dejan de subir, la oferta se estrecha y cada mes que pasa sin una respuesta legislativa clara es un mes que se traduce en más presión sobre los inquilinos. Por eso cuesta entender que, siendo la vivienda uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos según todas las encuestas, el Gobierno llegue al parón de agosto sin haber sido capaz de cerrar un acuerdo. Da igual de qué lado se mire la responsabilidad: el resultado es que la política de vivienda vuelve a quedar rehén del calendario político en lugar de responder al calendario real de quienes pagan un alquiler cada mes.
La postura encontrada de Junts y Podemos
El bloqueo tiene nombres y apellidos, aunque no todos reman en la misma dirección. Junts ha rechazado el borrador porque, a su juicio, no aborda la ocupación ilegal ni ofrece garantías suficientes a los pequeños propietarios, y porque considera que el verdadero problema del mercado es la falta de oferta, no el precio. La portavoz Míriam Nogueras lo dejó claro: los controles de precios, sostiene su formación, no generan más vivienda disponible y pueden incluso reducirla. Podemos, en las antípodas, ha rechazado el texto por lo contrario: por incluir beneficios fiscales para propietarios y por colar, a su entender, cambios en la legislación del suelo que no deberían tramitarse por esta vía. Es decir, el Gobierno se encuentra atrapado entre un socio que pide menos intervención y otro que pide más, y esa tenaza deja pocas rendijas para el consenso. Gobernar con mayorías tan fragmentadas tiene este precio, y la vivienda es, quizá, el terreno donde ese precio se paga más caro.
Regular el alquiler temporal y de habitaciones
Más allá del ruido político, el contenido del decreto merece una lectura detenida, porque apunta a un problema real: el uso fraudulento del alquiler temporal como vía de escape a la regulación del alquiler habitual. El texto fijaba una duración de entre 31 días y 12 meses, obligaba al propietario a justificar la causa de la temporalidad y, sobre todo, establecía que encadenar más de dos contratos temporales, o superar el año, convirtiera automáticamente el arrendamiento en un contrato de vivienda habitual, con todas sus garantías. Es una medida de sentido común frente a una práctica que se ha extendido precisamente para esquivar los límites de precios en zonas tensionadas. En esas áreas, además, la nueva renta no podría superar la del último contrato firmado en los cinco años anteriores, salvo excepciones tasadas como rehabilitaciones o mejoras de eficiencia energética. Son medidas técnicas, sí, pero con un objetivo claro: cerrar la puerta trasera por la que se cuela buena parte de la especulación en el alquiler. Dejarlas aparcadas hasta después del verano tiene un coste que no es abstracto, sino que se mide en contratos temporales que se seguirán firmando mientras tanto.
Cómo retomar las negociaciones para sacar adelante la ley
El Ministerio de Vivienda insiste en que la negociación sigue abierta y que el aplazamiento responde más a la falta de tiempo que a una ruptura definitiva. Puede ser cierto, pero septiembre exige algo más que buenas intenciones. Si el Gobierno quiere evitar que este decreto corra la misma suerte que otras iniciativas naufragadas en el Congreso, tendrá que hacer un ejercicio de escucha real con Junts y Podemos, identificar qué puntos son innegociables para cada uno y construir un texto que no intente contentar a todos a la vez, porque esa fórmula ya ha demostrado que no funciona. Separar lo urgente de lo accesorio —empezando por la regulación del alquiler temporal, donde probablemente hay más margen de acuerdo que en la prórroga generalizada de la congelación de rentas— podría ser la vía más realista para desatascar el decreto. Lo que no puede ocurrir es que la vivienda vuelva a ser la primera víctima de la fragmentación parlamentaria. Después del verano, este es, sin discusión, el deber más importante que tiene el Gobierno sobre la mesa.
