El acceso a la vivienda en España es una carrera de fondo en la que cada obstáculo parece estar diseñado para desgastar al corredor antes de llegar a la meta. Precios desorbitados, salarios estancados, inflación descontrolada y una precariedad laboral que convierte el ahorro en un lujo reservado para pocos. Y, cuando parece que el Estado mueve ficha y crea un instrumento útil —los avales ICO—, lo hace con la misma discreción con la que se esconde el dinero en paraísos fiscales: sin que nadie se entere.

El programa de créditos ICO para adquirir vivienda nació con vocación de ser una de esas medidas capaces de marcar la diferencia. Pero claro, de nada sirve diseñar un coche de Fórmula 1 si después lo dejas aparcado en un garaje sin gasolina. Y eso es exactamente lo que ha pasado: se ha creado un programa con potencial real, pero que sufre un pecado capital en política pública española: la invisibilidad.

Un programa de avales diseñado para respaldar a quienes cuentan con solvencia financiera, pero carecen del ahorro inicial

Sobre el papel, la medida es impecable. El Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lanzó en noviembre de 2024 una línea de avales destinada a jóvenes menores de 35 años y familias con hijos a cargo. La lógica es sencilla: hay gente solvente, con trabajo y capacidad para pagar una hipoteca, pero sin el colchón de ahorro necesario para afrontar la entrada inicial. El Estado se ofrece a cubrir ese hueco.

No se trata de regalar dinero, sino de actuar como garante. Algo tan básico y a la vez tan necesario que cuesta entender por qué se ha explicado tan mal. Pero claro, si de comunicación política hablamos, parece que lo esencial siempre se queda en el cajón.

El Estado actúa como garante de hasta el 20% del préstamo hipotecario

El esquema es fácil de entender incluso para quienes diseñaron la campaña informativa: el Estado garantiza hasta un 20% del préstamo hipotecario, y puede llegar al 25% si la vivienda alcanza una buena calificación energética. Eso significa que, en la práctica, un joven o una familia puede financiar el 100% del precio de compra.

En otras palabras: el sueño de emanciparse o de comprar la primera vivienda deja de depender exclusivamente de la hucha de ahorros. El aval público cubre la parte más difícil del proceso. ¿El problema? Que esta información ha circulado menos que un periódico en un domingo de resaca.

Solo un 28% de los españoles conoce la existencia de los #avalesICO

Aquí viene el dato que desmonta todo el optimismo: apenas un 28% de los españoles sabe que este programa existe. Es decir, siete de cada diez ciudadanos ignoran por completo la medida. En un país donde cada semana se improvisan ruedas de prensa para anunciar cualquier nimiedad municipal o autonómica, cuesta comprender cómo algo de esta magnitud ha pasado casi de puntillas.

Sí, quienes ya están buscando vivienda muestran un mayor conocimiento: el 43% entre los potenciales compradores y el 40% entre quienes acaban de firmar una hipoteca. Pero eso solo confirma lo obvio: quienes se mueven en el sector, de una forma u otra, acaban enterándose. El resto de la población, la que podría beneficiarse de la medida, sigue a ciegas.

El conocimiento por Comunidades Autónomas

La brecha territorial es otro espectáculo digno de estudio. Mientras en Asturias y Murcia un 37% de la población está al tanto de los avales ICO, en el País Vasco apenas lo sabe un 13%. Entre medias, Canarias llega al 35% y Madrid supera el 32%. En Castilla y León o Baleares, la cifra apenas roza el 23%.

Lo curioso es que nadie parece haber hecho un esfuerzo serio por igualar la información en todo el territorio. Como si el programa no se hubiera diseñado para todos los españoles, sino solo para quienes tienen la suerte de vivir en comunidades donde alguien se tomó en serio comunicarlo. Una desigualdad absurda, pero demasiado habitual en la gestión pública.

Los avales ICO son un instrumento con gran potencial, pero aún carecen de la visibilidad suficiente para ser útiles

Lo más frustrante es que los avales ICO tienen todo para funcionar. El interés existe: uno de cada cuatro españoles asegura que se plantearía solicitarlos, y la cifra asciende al 42% entre los jóvenes de 25 a 34 años. En Navarra, casi la mitad de la población (48%) considera pedirlos. Es decir, la demanda potencial está ahí, esperando una chispa que la active.

Pero si la medida no se comunica, el resultado es el que ya conocemos: un programa con potencial transformador reducido a una nota de prensa perdida en el archivo del Ministerio. Y mientras tanto, los mismos jóvenes que deberían beneficiarse siguen atrapados en alquileres abusivos o resignados a vivir con sus padres hasta los cuarenta.

La ironía es brutal: tenemos una herramienta pensada para facilitar el acceso a la vivienda en un país donde ese acceso es cada vez más difícil, y la dejamos en un cajón como quien guarda un manual de instrucciones que nunca piensa leer.

La comunicación: el talón de Aquiles de la política de vivienda

Lo de los avales ICO es el enésimo capítulo en una larga serie de despropósitos comunicativos. En lugar de campañas claras, accesibles y dirigidas a los jóvenes —los principales destinatarios—, lo que tenemos es un programa presentado con la frialdad burocrática de siempre. Un lenguaje técnico, poca difusión en medios de gran alcance y ninguna estrategia pensada para que el mensaje llegue a los que realmente lo necesitan.

Quizá sería mucho pedir que los responsables de comunicación del Gobierno o de las autonomías se plantearan hablar el mismo idioma que los ciudadanos. O que entendieran que un tuit en una cuenta institucional no sustituye a una campaña real. Pero claro, eso implicaría reconocer que la comunicación es tan importante como la medida en sí, y ahí es donde todo se descarrila.

Una opción muy interesante pero con una comunicación nefasta

Los avales ICO nacieron con la intención de ser una palanca para democratizar el acceso a la vivienda. Y lo cierto es que tienen todo lo necesario para serlo: diseño coherente, utilidad práctica, demanda potencial y un marco legal bien definido. Pero, sin visibilidad, se convierten en poco más que un titular olvidado.

El acceso a la vivienda no se resuelve con gestos a medias ni con medidas escondidas en la letra pequeña. Si el Estado realmente quiere ayudar a los jóvenes y familias, lo primero que debe hacer es comunicar con claridad, insistencia y eficacia. Porque de nada sirve tener un plan si nadie lo conoce.

Mientras tanto, la paradoja se mantiene: hablamos de un derecho fundamental como el de tener un hogar, pero seguimos gestionándolo con la torpeza de quien anuncia un gran espectáculo y luego apaga las luces antes de empezar.

En resumen: los avales ICO son útiles, necesarios y tienen potencial. Lo que no tienen es visibilidad. Y en política, lo que no se ve, no existe.