La reforma del certificado energético se ha convertido en una de las piezas clave del futuro del mercado inmobiliario español. A las puertas de la trasposición definitiva por parte de España de la directiva europea de descarbonización de edificios, que marcará un antes y un después a partir del 1 de enero de 2030, el debate ya no gira únicamente en torno a la eficiencia energética, sino también en torno a la calidad de la información que reciben los consumidores y a la lucha contra el fraude. En este contexto, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha presentado sus aportaciones a la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sobre la reforma del procedimiento de certificación energética de edificios. La organización valora positivamente la intención de garantizar información más fiable, dado que los certificados de eficiencia energética son una herramienta fundamental para conocer el consumo energético y el nivel de confort de las viviendas. Sin embargo, advierte de que los cambios deben ser profundos si se pretende que el certificado sea realmente útil en la compraventa y el alquiler, y que contribuya a un mercado más transparente y accesible. En un momento en el que el acceso a la vivienda es ya de por sí complejo para amplias capas de la población, la falta de claridad o la manipulación de un documento obligatorio no hace sino agravar la inseguridad jurídica y económica de los hogares.
Incrementar el nivel de información.
Uno de los principales planteamientos de CECU es la necesidad de hacer el certificado energético más comprensible para la ciudadanía. Actualmente, el documento informa sobre el consumo en kilovatios hora por metro cuadrado al año y sobre las emisiones en kilogramos de CO2 por metro cuadrado al año. Se trata de indicadores técnicamente rigurosos, pero poco intuitivos para quien está valorando la compra o el alquiler de una vivienda. La organización propone incorporar una unidad de medida más accesible, que permita estimar el impacto económico real en la factura energética del hogar. Es decir, traducir la letra de la etiqueta energética en euros aproximados de gasto anual. Esta medida no solo facilitaría la toma de decisiones, sino que reforzaría la conciencia sobre la importancia de la eficiencia energética en la economía doméstica. Además, de cara a 2030, cuando previsiblemente se exigirán estándares mínimos más estrictos para poder vender o alquilar determinados inmuebles, el certificado dejará de ser un mero trámite para convertirse en un factor determinante en la valoración de los activos inmobiliarios. Por ello, incrementar el nivel de información y mejorar su claridad es una cuestión estratégica para la estabilidad del mercado.
Demasiados fraudes con el certificado en los anuncios de viviendas en venta.
La preocupación de las organizaciones de consumidores no es teórica. El informe “¿Cómo de eficientes son las viviendas que queremos habitar?” elaborado por CECU reveló que el 33,8% de los anuncios en plataformas digitales no incluían la etiqueta energética obligatoria y que el 74,2% podrían estar incurriendo en fraude en la presentación del etiquetado. Se detectaron valores que no se correspondían con la calificación indicada o datos establecidos por defecto que difícilmente podían ajustarse al consumo real del inmueble. Ante estos hechos, CECU denunció la situación ante la Dirección General de Consumo, afectando a portales inmobiliarios de gran relevancia. Esta realidad evidencia que el problema no es solo normativo, sino también de control y supervisión. La organización reclama un sistema de vigilancia y sanciones más efectivo, que actúe en todas las fases: desde la emisión del certificado hasta su registro y su publicación en anuncios de venta o arrendamiento. Sin un régimen sancionador disuasorio, el certificado energético corre el riesgo de convertirse en un simple formalismo sin valor real para el consumidor.
El eterno «en trámite» sigue campando a sus anchas.
Otro de los problemas recurrentes es la utilización sistemática de la expresión “en trámite” en los anuncios inmobiliarios, una fórmula que en la práctica priva al comprador o arrendatario de una información esencial en el momento de decidir. Esta situación, tolerada durante años, resulta incompatible con un mercado que aspira a ser más transparente y alineado con los objetivos climáticos europeos. Si a partir de 2030 la descarbonización de edificios condicionará la posibilidad de transmitir o arrendar viviendas con bajas calificaciones energéticas, mantener vacíos informativos o retrasar la publicación del certificado supondrá una grave distorsión del mercado. En definitiva, los necesarios cambios en el certificado energético antes de 2030 deben ir más allá de una actualización técnica: han de reforzar la protección del consumidor, mejorar la accesibilidad de la información y garantizar un control efectivo frente al fraude. Solo así el certificado podrá cumplir su doble función, ambiental y social, en un sector de la vivienda que afronta transformaciones profundas y decisivas.
