El Parlament ha dado luz verde al incremento del impuesto sobre los establecimientos turísticos en Cataluña, una reforma que entrará en vigor el próximo 1 de abril y que afectará tanto a hoteles como a apartamentos turísticos, campings, albergues y cruceros. La medida, aprobada con los votos favorables de PSC-Units, ERC y Comuns, la abstención de la CUP y el rechazo de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, supone un cambio relevante en la fiscalidad del turismo en la comunidad y abre un nuevo frente de debate sobre su impacto en el mercado de la vivienda y en los consumidores. El texto integra además aportaciones parlamentarias y establece un nuevo marco progresivo que eleva significativamente la presión fiscal sobre las pernoctaciones, especialmente en Barcelona.

La tasa turística se incrementará progresivamente a partir del 1 de abril

La reforma establece que la tasa turística se incrementará progresivamente a partir del 1 de abril, con un calendario diferenciado entre Barcelona y el resto del territorio. En términos generales, en Cataluña —excluida la capital— la subida será del 50% en 2026 y volverá a incrementarse en 2027, consolidando un nuevo baremo autonómico que prácticamente duplica las cuantías actuales en dos años. En Barcelona, sin embargo, la aplicación será singular y más intensa desde el primer momento.

El cambio normativo permitirá incrementar la recaudación en aproximadamente 100 millones de euros adicionales, que se suman a los 100 millones actuales, hasta alcanzar una cifra cercana a los 200 millones de euros anuales. Este aumento se fundamenta en criterios de ubicación y temporalidad, con posibilidad de modular los importes según zonas y temporadas, con el objetivo declarado de favorecer la desestacionalización del turismo.

En Barcelona alcanzará la cantidad de 7 euros por noche

El caso de la capital catalana concentra el mayor impacto. En Barcelona alcanzará la cantidad de 7 euros por noche en el tramo autonómico para los hoteles de cinco estrellas y gran lujo, duplicando los actuales 3,5 euros. A esta cuantía debe añadirse el recargo municipal, hoy fijado en 4 euros pero con posibilidad de elevarse hasta 8. En consecuencia, el coste total podría situarse entre 11 y 15 euros por noche en los establecimientos de mayor categoría.

En los hoteles de cuatro estrellas, la tasa autonómica pasará a 3,4 euros, mientras que en el resto de alojamientos hoteleros será de 2 euros. Las viviendas de uso turístico quedarán gravadas con hasta 4,5 euros por noche, que con el recargo municipal máximo podrían alcanzar los 12,50 euros, una cifra que incluso superaría el coste fiscal de algunos hoteles. También los cruceros duplicarán sus tarifas, diferenciando entre estancias superiores o inferiores a 12 horas.

Este incremento no solo encarece la estancia para el visitante, sino que también puede trasladarse al precio final que paga el consumidor, afectando tanto a la competitividad del destino como al bolsillo del turista.

La reforma elevará la recaudación hasta los 200 millones

Uno de los elementos centrales del acuerdo es el carácter finalista de la recaudación. La reforma elevará la recaudación hasta los 200 millones y destinará el 25% de los ingresos a políticas de vivienda de la Generalitat, mientras que el 75% restante se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. Este fondo no solo financiará acciones de promoción, sino también programas vinculados a la desestacionalización y gestión sostenible de los flujos turísticos.

Desde la perspectiva del mercado inmobiliario, esta decisión resulta relevante. Cataluña es una de las comunidades donde la presión turística ha impactado con mayor intensidad en el precio del alquiler y en la disponibilidad de vivienda. Destinar parte de los ingresos a políticas habitacionales puede interpretarse como un intento de compensar los efectos del turismo masivo sobre el acceso a la vivienda, especialmente en Barcelona y zonas costeras. No obstante, habrá que evaluar si los recursos recaudados serán suficientes para incidir de forma estructural en el problema.

La medida alcanza a todo tipo de establecimientos hoteleros y turísticos

La reforma no se limita a los hoteles de alta gama. La medida alcanza a todo tipo de establecimientos hoteleros y turísticos, incluidos campings, albergues juveniles, viviendas de uso turístico y cruceros. En el resto del territorio catalán, por ejemplo, los hoteles de lujo pasarán de 3 a 4,5 euros en 2026 y podrían alcanzar los 6 euros en 2027. Las viviendas turísticas subirán de 1 euro a 1,75 en 2026 y hasta 2,5 euros en 2027, con posibilidad de añadir recargos municipales de hasta 4 euros.

Además, el texto abre la puerta a que otros ayuntamientos, además de Barcelona, puedan establecer sus propios recargos locales, modulando la cuantía según la zona o la temporada. Esto introduce un elemento de variabilidad territorial que puede generar diferencias significativas entre municipios de costa e interior y entre temporada alta y baja.

El sector se ha mostrado en desacuerdo

El aumento fiscal no ha sido bien recibido por buena parte del sector turístico. El sector se ha mostrado en desacuerdo, argumentando que la medida penaliza la competitividad y responde a un planteamiento ideológico contrario a la actividad turística. El Gremio de Hoteleros de Barcelona ha advertido de la necesidad de evaluar el impacto real sobre la actividad y evitar una caída cualitativa en determinados segmentos estratégicos. También desde asociaciones de apartamentos turísticos se ha alertado de un posible efecto disuasorio para determinados perfiles de visitantes.

En el plano político, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana han coincidido en que la subida puede erosionar la posición de Cataluña frente a otros destinos nacionales e internacionales. Por el contrario, los grupos favorables defienden que se trata de una herramienta para redistribuir parte de la riqueza generada por el turismo en un contexto de cifras récord de visitantes.

Desde la óptica de Aquimicasa, la cuestión de fondo vuelve a situarse en el delicado equilibrio entre turismo, fiscalidad y acceso a la vivienda. Si bien el gravamen puede contribuir a financiar políticas habitacionales, también puede trasladarse a precios finales más altos y modificar la dinámica del alquiler turístico. El impacto real dependerá tanto de la evolución de la demanda como de la capacidad de las administraciones para gestionar de forma eficiente los nuevos recursos. Lo que es indudable es que, a partir del 1 de abril, pernoctar en Cataluña será más caro, y el mercado inmobiliario y turístico afronta una nueva etapa marcada por una mayor presión fiscal y por un debate que, lejos de cerrarse, seguirá muy presente en 2026.