El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha los trabajos para desarrollar una regulación específica del alquiler de habitaciones y de los contratos de temporada. El objetivo es reforzar la protección de los inquilinos y combatir los usos fraudulentos que están desviando vivienda habitual hacia fórmulas contractuales menos garantistas. La consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha sido clara al respecto: estas medidas buscan atajar prácticas que, en la práctica, se están utilizando para esquivar la normativa vigente en materia de vivienda. Dicho de otro modo, para hacer exactamente lo que la ley prohíbe, pero con traje de etiqueta.

Prácticas utilizadas para esquivar la normativa vigente en materia de vivienda

El mercado del alquiler lleva años perfeccionando el arte de la escapatoria legal. La más reciente y en expansión es el contrato de temporada: una figura pensada para estancias con causa justificada —trabajo, estudios, obra en el domicilio habitual— que ha mutado, en manos de algunos propietarios y agencias, en una herramienta para eludir las obligaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin duración mínima garantizada, sin derecho a prórroga obligatoria, sin las cautelas que la normativa de vivienda impone a los arrendamientos de larga duración. El resultado es un contrato de residencia habitual disfrazado de temporada, con todas las ventajas para el arrendador y ninguna de las garantías para el inquilino.

El Gobierno navarro ha detectado un incremento significativo de este tipo de contratos y trabaja ya con los grupos parlamentarios para establecer límites claros. La herramienta será el registro de contratos de alquiler, que permitirá identificar, inspeccionar y sancionar los fraudes. Porque cuando el 10% de los contratos del mercado —cifra que aporta la propia consejería— ya responde a esta modalidad, no estamos ante casos aislados sino ante una tendencia que requiere respuesta normativa urgente.

El otro frente es el alquiler de habitaciones. Solo en Pamplona se ofertan actualmente más de 450 habitaciones, según datos de Idealista. Un segmento que crece, que carece de regulación específica y que en algunos casos presenta condiciones que Alfaro ha calificado sin ambages de «socialmente inaceptables»: familias con menores viviendo en espacios de apenas nueve metros cuadrados. Que en 2025 haya que legislar para que una familia no habite en menos metros que un trastero dice mucho del estado del mercado y poco bueno de quienes se oponen a regularlo.

Las zonas de mercado tensionado afectan ya al 70% de los navarros

Mientras la regulación específica se desarrolla, Navarra no parte de cero. La declaración de zona de mercado tensionado, que ya alcanza a cerca del 70% de la población navarra, actúa como cortafuegos frente a las subidas abusivas de renta y mantiene topados los precios con independencia de lo que ocurra en el Congreso. La no convalidación del decreto estatal que contemplaba la prórroga de contratos y la limitación de las subidas de renta ha sido un golpe, pero no ha dejado a la Comunidad Foral sin instrumentos.

A eso se suma la campaña informativa impulsada por la consejería, dirigida a unas 10.000 familias, para que conozcan su derecho a acogerse a la prórroga extraordinaria de sus contratos. Y un detalle relevante que Alfaro ha subrayado: quienes ejercieron ese derecho durante la vigencia del decreto mantienen garantizada la extensión por dos años, con independencia de su no convalidación posterior. La prórroga ya activada no desaparece por el naufragio político del decreto.

Confundir seguridad jurídica con la garantía de beneficios desorbitados

El sector inmobiliario ha salido al paso con su argumento favorito: la inseguridad jurídica. La regulación espanta a los propietarios, reduce la oferta, provoca que los pisos pasen al alquiler turístico o se queden vacíos. Es un relato conocido, repetido con la convicción de quien sabe que funciona en determinados ámbitos mediáticos y políticos.

Alfaro no ha tenido demasiada paciencia con él. Su respuesta ha sido quirúrgica: «El decreto dotaba de estabilidad; otra cosa es confundir seguridad con la garantía de beneficios desorbitados.» Traducción: la seguridad jurídica es un principio del Estado de derecho, no un eufemismo para blindar rentas sin techo ni límite. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Navarra, Miguel Elizari, había apuntado en el mismo programa de radio que los contratos de temporada ya representarían la mitad del mercado. La consejera lo ha desmentido con datos propios del Gobierno navarro: su peso real ronda el 10%. La diferencia entre ambas cifras no es baladí; es la diferencia entre un problema estructural y una narrativa de pánico diseñada para frenar la regulación.

El debate de la prórroga de los alquileres

El rechazo en el Congreso del decreto que prorrogaba dos años los contratos de alquiler ha generado una situación de cierta confusión jurídica para muchos inquilinos. Navarra ha optado por la pedagogía activa: informar, aclarar qué derechos se mantienen y cuáles han quedado en el aire, y avanzar en paralelo con instrumentos propios que no dependan de la aritmética parlamentaria estatal. La zona tensionada, la prórroga ya activada y la nueva regulación en marcha son las tres patas de esa estrategia.

¿Cuál es la previsión de puesta en marcha de estas medidas?

La consejera ha fijado un horizonte ambicioso: que tanto la regulación del alquiler de habitaciones como el control de los contratos de temporada puedan aprobarse antes de que finalice el actual periodo de sesiones parlamentarias. El Ejecutivo foral trabaja ya con los grupos para articular los textos normativos necesarios. El objetivo no es solo legislar, sino hacerlo a tiempo de frenar una sangría que, aunque represente el 10% del mercado, ya tensiona la oferta y deja a demasiadas familias sin las garantías mínimas que cualquier inquilino debería tener por defecto.