Valencia pondrá en marcha el próximo mes una nueva regulación de viviendas de uso turístico, tras dos años de moratoria que impedía la concesión de licencias para estos alojamientos. Con la aprobación definitiva del cambio del planeamiento urbanístico y su publicación en el boletín oficial de la provincia, decaerá la moratoria y entrará en vigor la denominada regulación de los «cinco candados», un conjunto de medidas diseñadas para frenar la proliferación de viviendas turísticas en bloques de viviendas y proteger el mercado de alquiler residencial. Este marco normativo refleja el reconocimiento por parte del Ayuntamiento, al igual que otras administraciones, de que los pisos turísticos contribuyen al encarecimiento de los precios y a la disminución de la cartera de pisos destinados a alquiler residencial.
El nuevo régimen establece varios límites de saturación según distrito, barrio y manzana, que se aplican de manera simultánea. Los primeros filtros fijan que se denegará cualquier nueva licencia si el barrio supera el 2% de viviendas turísticas, si la manzana catastral alcanza el 5%, o si el número de plazas para visitantes sobrepasa el 8% de los vecinos empadronados. Los dos candados restantes limitan la transformación de locales comerciales a un máximo del 15% para proteger el comercio de proximidad y exigen que cada vivienda turística cuente con acceso independiente y no tenga vecinos en plantas inferiores. Además, cualquier implantación de VUT en edificios residenciales deberá contar con el permiso de tres quintas partes de la comunidad de propietarios, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal.
Cae la moratoria y llega la regulación de los «cinco candados»
Con la entrada en vigor de la normativa, se pondrá fin a la moratoria que ha estado vigente durante casi dos años, una medida que buscaba frenar la expansión de los alojamientos turísticos en toda la ciudad. La regulación de los «cinco candados» introduce restricciones estrictas en tres niveles —barrio, distrito y manzana— para garantizar que no se supere un 8% de plazas turísticas respecto a los vecinos empadronados, ni un 2% del total de viviendas de cada barrio o distrito, ni un 15% de transformación de locales en manzanas con uso residencial predominante.
Además, las viviendas turísticas que aspiren a obtener licencia solo podrán situarse en plantas bajas o primeras plantas, y solo en aquellas donde no existan otras viviendas por debajo, asegurando que la convivencia vecinal no se vea afectada. Estas restricciones convierten a Valencia en una de las ciudades españolas con la regulación más estricta en materia de alojamientos turísticos.
Frenar la creación de nuevas viviendas turísticas en bloques residenciales
La normativa busca equilibrar la capacidad de alojamiento con la necesidad de garantizar vivienda residencial. Para ello, se ha creado un Censo Municipal de Alojamientos Turísticos (CATAV) en el que solo figurarán los establecimientos con título habilitante, permitiendo al Ayuntamiento y a los ciudadanos consultar en tiempo real la saturación por barrio y manzana. Esta medida pretende garantizar transparencia y control sobre el desarrollo turístico urbano y evitar la proliferación de alojamientos ilegales o sin licencia.
Posibilidad de que las viviendas turísticas puedan reconvertirse a uso residencial
Entre las principales novedades tras la fase de alegaciones, en la que se recibieron 117 alegaciones, se aprobó la posibilidad de que las VUT puedan reconvertirse a uso residencial durante un año desde la entrada en vigor de la normativa. Podrán acogerse a esta reversión las viviendas con título habilitante, las inscritas en el registro autonómico de turismo, aquellas con expediente de restauración de legalidad suspendido y las afectadas por la moratoria. Esto permitirá recuperar unidades de vivienda para alquiler residencial, reforzando la oferta de pisos para los residentes y contribuyendo a frenar la presión sobre los precios del alquiler.
La alcaldesa, María José Catalá, y el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, han señalado que con esta regulación se busca proteger el derecho a la vivienda y frenar la saturación turística, haciendo de Valencia un modelo de ciudad equilibrada donde el turismo conviva con la vida vecinal y la oferta residencial disponible.
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