El Gobierno vasco se encuentra en la fase final de diseño de un Fondo Social de Vivienda, un nuevo instrumento financiero que pretende reforzar de forma significativa la construcción de vivienda protegida en Euskadi. Se trata de una iniciativa que el Ejecutivo prevé presentar antes del verano y que marca uno de los hitos de la legislatura. Con este mecanismo, se aspira a impulsar alrededor de 10.000 viviendas de protección oficial en el medio y largo plazo, con una inversión global cercana a los 2.000 millones de euros.

Un instrumento público-privado para multiplicar la vivienda protegida

El fondo se concibe como una herramienta de colaboración entre el sector público y el privado, con el objetivo de ampliar de forma notable la capacidad actual de inversión en vivienda sin depender exclusivamente de los presupuestos públicos. El Gobierno vasco tendrá una participación inicial que podría situarse en torno al 30%, mientras que el resto correspondería a inversores privados. Esta estructura busca garantizar estabilidad y capacidad de financiación a largo plazo.

El Ejecutivo considera que la colaboración con agentes privados es imprescindible para alcanzar los objetivos marcados, y ya ha mantenido contactos preliminares con organismos como el ICO o el Banco Europeo de Inversiones, además de entidades financieras y fundaciones vascas. Los trabajos preparatorios arrancaron el año pasado mediante mesas técnicas en las que se han analizado aspectos como la gobernanza, el modelo financiero, la disponibilidad de suelo o la gestión de promociones.

Una apuesta en el medio y largo plazo

El lehendakari Imanol Pradales ha defendido la necesidad de apostar por instrumentos de este tipo ante la imposibilidad de responder únicamente con recursos públicos a la demanda existente. El propio Ejecutivo reconoce que los resultados no serán inmediatos, pero considera que el fondo es una inversión estratégica de futuro, cuyos efectos más claros se esperan dentro de dos a cuatro años. A partir de la presentación oficial, se abrirá la ronda formal de contactos con posibles socios financieros.

La iniciativa busca dar respuesta a una de las principales preocupaciones sociales en Euskadi: el acceso a la vivienda, especialmente en las capitales y sus áreas metropolitanas, donde se concentra la mayor parte de la demanda de pisos asequibles.

Otros instrumentos financieros y de ayudas en el País Vasco

El Fondo Social de Vivienda se suma a un ecosistema de instrumentos ya existentes. El Gobierno Vasco mantiene convenios de colaboración financiera con entidades del sector para facilitar líneas de crédito específicas para promotores y adquirentes de vivienda protegida, así como préstamos para suelo y edificación con periodos de carencia. La sociedad pública Visesa (Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.) actúa como instrumento directo de edificación de promociones VPO. A esto se suman las ayudas y subvenciones de la Dirección de Vivienda, los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 coordinados con la administración autonómica, y fórmulas como el Gazte Aval de Bizkaia, que facilita avales para jóvenes compradores por el tramo que los bancos habitualmente no financian.

El presupuesto consolidado del Departamento y sus sociedades públicas para 2026 alcanza los 596 millones de euros, con previsión de iniciar 1.713 viviendas de protección pública destinadas al alquiler social y asequible, financiar la rehabilitación de 31.650 viviendas y beneficiar a 9.500 jóvenes a través de Gaztelagun.

El refuerzo del escudo social en materia de vivienda

En paralelo al diseño del nuevo fondo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto de medidas urgentes que modifica doce normas en vigor y que el consejero Denis Itxaso ha definido como parte del «escudo social» de Euskadi frente a la emergencia habitacional. Entre sus principales novedades destaca la elevación del umbral de ingresos para acceder al programa Bizigune hasta los 46.463,29 euros, el incremento del canon a propietarios cedentes hasta el 80% del valor de mercado —con un máximo de 700 euros mensuales, ampliable al 95% del precio medio de la EMAL en zonas tensionadas— y la actualización del programa Gaztelagun, que sube las rentas máximas subvencionables hasta 900 euros en las tres capitales e incorpora por primera vez el subarriendo y el alquiler de habitaciones como realidades residenciales subvencionables.

El decreto también reserva hasta el 50% de las viviendas no adaptadas para menores de 36 años en los procedimientos de adjudicación en arrendamiento, e introduce un nuevo requisito de arraigo: tres años de empadronamiento en Euskadi. Asimismo, facilita la reconversión de edificios industriales y locales comerciales en planta baja en vivienda asequible, sin necesidad de modificación previa del planeamiento urbanístico.

En materia de límites al precio del alquiler, la publicación en el BOE de los índices de referencia para Bizkaia y Álava —que se suman al ya vigente en Gipuzkoa desde septiembre de 2025— completa la regulación en los 14 municipios vascos declarados zonas tensionadas, entre ellos las tres capitales. El propio Itxaso ha subrayado que «con estos índices las zonas tensionadas quedan ya reguladas al completo», aunque conviene precisar que alrededor del 90% de los contratos en esos municipios ya estaban sujetos al Índice de Referencia de Alquiler de Vivienda (IRAV), actualmente en el 2,47%, por lo que el nuevo índice afectará principalmente al 10% restante.

En conjunto, el modelo vasco combina planificación a largo plazo, recursos sostenidos y cooperación institucional para hacer frente a una crisis habitacional que ya no afecta solo a los colectivos más vulnerables, sino también a amplias capas de las clases medias y trabajadoras.