El Congreso de los Diputados ha dado un nuevo paso para frenar uno de los principales agujeros del mercado del alquiler en España: el uso fraudulento de los contratos de temporada. Este martes se ha reactivado la tramitación de la proposición de ley que busca regular los alquileres de temporada y de habitaciones, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que llevaba casi un año paralizada desde su admisión a trámite en 2024. Su objetivo es diferenciar con precisión los arrendamientos temporales, turísticos y de vivienda habitual, y cerrar la vía de escape que muchos propietarios han encontrado para esquivar los límites de la Ley de Vivienda.

Según fuentes ministeriales, la norma “pretende reforzar la protección del inquilino, mejorar la transparencia del mercado y evitar que el alquiler temporal se convierta en una forma encubierta de arrendamiento de larga duración sin derechos”. La iniciativa se debatirá en la Comisión de Vivienda del Congreso, donde se iniciará la fase de ponencia el próximo 11 de noviembre para estudiar las enmiendas y elaborar un texto revisado.

Diferenciar los contratos de temporada de los arrendamientos turísticos y de vivienda habitual

El texto legislativo busca establecer criterios claros de duración, finalidad y obligaciones fiscales para cada modalidad de arrendamiento. La propuesta incluye además la creación de un registro nacional de contratos temporales, así como mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas para mejorar la supervisión.

En la práctica, la medida pretende equiparar los alquileres temporales y de habitaciones a los contratos de vivienda habitual, al menos en lo que se refiere a las obligaciones de los propietarios y la protección de los inquilinos. Con ello, se busca evitar que los propietarios utilicen la etiqueta de “temporal” para eludir la prórroga obligatoria, las limitaciones de renta o los requisitos de habitabilidad.

Actualmente, el alquiler temporal se ha convertido en un refugio para la especulación: un terreno poco regulado donde los precios se disparan y los inquilinos pierden derechos básicos. Muchos arrendadores lo utilizan como fórmula para aumentar ingresos o sortear los controles de la Ley de Vivienda, una práctica especialmente extendida en las grandes ciudades y zonas turísticas.

El alquiler de temporada se multiplica por tres en Madrid y por siete en Barcelona

El fenómeno no deja de crecer. Según los datos de portales especializados y estudios recientes del sector, en el último año el alquiler de temporada se ha triplicado en Madrid y multiplicado por siete en Barcelona, desplazando al arrendamiento tradicional. Estas cifras reflejan cómo miles de viviendas están siendo retiradas del mercado estable y dirigidas hacia contratos por meses, lo que agrava la escasez de vivienda habitual disponible.

En muchos casos, los contratos de temporada se firman con duración de 11 meses —el límite habitual para eludir la normativa del alquiler de vivienda habitual—, aunque en la práctica los inquilinos permanezcan en el inmueble durante años. La falta de una definición clara y de un control efectivo ha generado una zona gris legal que perjudica a los inquilinos y distorsiona las estadísticas del mercado.

El Gobierno busca poner orden en este caos normativo. La ministra de Vivienda ha insistido en que “no se trata de penalizar el alquiler legítimo por meses, sino de impedir que se utilice de forma fraudulenta para encarecer el acceso a la vivienda”.

La propuesta de ERC: un nuevo impuesto para los propietarios con tres o más viviendas

En paralelo a esta proposición, el Congreso debatirá otra iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que plantea la creación de un nuevo impuesto a los propietarios con tres o más viviendas. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la fiscalidad “es una de las herramientas más útiles para combatir la especulación y garantizar la función social de la vivienda”.

Este impuesto complementaría la estrategia del Ejecutivo para aumentar la oferta de alquiler asequible, reducir la presión sobre los mercados urbanos y frenar el desvío de pisos hacia el alquiler turístico o temporal. Desde ERC defienden que “no puede haber incentivos para mantener viviendas vacías o para transformarlas en alquileres sin regulación”.

Sin embargo, la aprobación de ambas iniciativas sigue siendo incierta. El PSOE ha decidido mover ficha para desbloquear la tramitación, pero el texto necesitará el apoyo de Junts, que ya tumbó hace un año una propuesta prácticamente idéntica. Los diputados del partido de Carles Puigdemont fueron decisivos en diciembre para permitir la admisión a trámite, aunque ya entonces advirtieron que exigirían modificaciones sustanciales en el texto final.

De momento, el ‘embrión’ de la nueva ley ha entrado en fase de ponencia. Si el Congreso logra un consenso, España podría tener en 2025 una regulación clara que ponga fin al uso abusivo de los alquileres de temporada. Pero si los bloques vuelven a chocar, el mercado seguirá igual: con miles de pisos destinados a un alquiler “temporal” que ni es turístico ni es de temporada, sino una vía de escape más frente a los controles del alquiler tradicional.

El tiempo corre, los precios no bajan y el acceso a la vivienda se complica. Regular el alquiler de temporada no resolverá por sí solo la crisis, pero puede ser el primer paso para cerrar una grieta que lleva años desangrando el mercado del alquiler en España. 🏠