Una importante novedad sacude un mercado clave tanto para la capital como para el conjunto de su región. La obligatoriedad del registro para agentes inmobiliarios en España es, hoy por hoy, un mapa con remiendos: cada comunidad autónoma decide por su cuenta cómo aplicarla, y el resultado es un sector que convive con normativas de muy distinto calado según el código postal en el que se opere. La Ley de Vivienda estatal puso sobre la mesa las bases para hacer obligatorio este registro, pero, como suele ocurrir cuando Madrid se planta, la región ha funcionado durante años con sus propias reglas. Eso está a punto de cambiar.

De la voluntariedad a la obligación

Hasta ahora, inscribirse en el Registro de Agentes Inmobiliarios (RAIN) de la Comunidad de Madrid era un trámite voluntario, casi un gesto de buena voluntad profesional más que una exigencia legal. Eso va a dejar de ser así. El Gobierno regional ha anunciado que impulsará en los próximos meses la obligatoriedad de este registro, una decisión que las asociaciones y empresas del sector llevaban años reclamando sin éxito. El anuncio llegó de la mano del viceconsejero de Vivienda, José María García Gómez, durante el I Encuentro Jurídico Inmobiliario organizado por Fadei. Según explicó, el Ejecutivo madrileño elevará una propuesta al Parlamento regional en cuanto los servicios jurídicos de la cámara emitan su veredicto, con el objetivo declarado de «mejorar la calidad de la intermediación» en las operaciones de compraventa.

Las diferentes situaciones en las Comunidades Autónomas

Madrid no descubre nada nuevo, simplemente llega tarde. Comunidades como Cataluña ya exigen desde hace tiempo el registro obligatorio, mientras que la región madrileña había defendido con uñas y dientes un modelo liberalizado, resistiéndose a sumarse a esa tendencia. El resultado de esta dispersión normativa es, cuando menos, llamativo: un mismo oficio, el de agente inmobiliario, se regula de forma radicalmente distinta dependiendo de si se ejerce a un lado u otro de una frontera autonómica. Con este giro, Madrid cierra una de las últimas grandes bolsas de actividad inmobiliaria sin regulación profesional del país, y deja cada vez más en minoría a quienes todavía defienden que cualquiera pueda dedicarse a vender pisos sin acreditar nada.

Mejorar la calidad en la intermediación inmobiliaria

El argumento central del Gobierno regional no es nuevo, pero esta vez viene acompañado de hechos. García Gómez fue gráfico durante su intervención: «Todos conocemos a gente capaz de vender una vivienda, desde el portero de la finca a tu cuñado, pero no todo el mundo es capaz de dotar de seguridad jurídica a un contrato». Y añadió una reflexión que pocos discutirán: la compra de una vivienda no es solo un contrato, sino probablemente la decisión económica más importante de toda una vida. El viceconsejero aprovechó también el foro para lanzar una crítica a la Ley de Vivienda estatal, a la que acusó de «confundir el síntoma con la causa», insistiendo en que el verdadero problema del mercado no es el precio, sino la escasez de oferta frente a una demanda que no deja de crecer.

La posición de las asociaciones

El sector, lógicamente, ha recibido la noticia con entusiasmo, aunque también con cierto poso de hartazgo por la tardanza. Jesús Manuel Martínez Caja, secretario general y asesor jurídico de AMADEI, la patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid, e Isabel Soto, secretaria general de FADEI, celebraron el anuncio del viceconsejero. Ambos coincidieron en que la ausencia de obligatoriedad «no está trayendo nada bueno para la sociedad ni para el sector», y lamentaron que la disparidad normativa entre comunidades autónomas estuviera generando, en sus propias palabras, ciudadanos de primera y de segunda según dónde compraran o vendieran su casa. Martínez Caja fue más allá y recordó que desde Fadei llevaban meses proponiendo que se incorporara un articulado específico sobre el registro obligatorio de agentes inmobiliarios, una insistencia que por fin parece haber encontrado interlocutor.

La necesaria formación

El debate de fondo no es solo administrativo, sino también de competencia profesional. Para inscribirse de forma voluntaria en el RAIN hace falta acreditar 200 horas de formación inmobiliaria específica o, alternativamente, cuatro años de experiencia demostrable en el sector. Ese umbral, hasta ahora opcional, podría convertirse en el filtro mínimo que separe a los profesionales formados de quienes simplemente se han lanzado a intermediar sin más bagaje que la confianza de un vecino o un golpe de suerte. La medida no pretende, en teoría, expulsar a nadie del sector, sino dotarlo de unas garantías mínimas que hasta ahora dependían exclusivamente de la buena fe del comprador.

Los plazos del proceso

Por el momento, el anuncio de García Gómez marca el inicio de un proceso, no su conclusión. La propuesta deberá pasar primero por los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid antes de elevarse formalmente al Parlamento regional, un trámite que el propio Gobierno autonómico sitúa en un horizonte de «los próximos meses», sin concretar fecha exacta. Lo que sí parece claro es que el movimiento se ha vuelto imparable: tras años de resistencia, Madrid se prepara para sumarse a la obligatoriedad que ya rige en buena parte del territorio nacional, cerrando así uno de los últimos grandes flecos pendientes en la profesionalización del sector inmobiliario español.