La reforma de la Ley de Suelo como ejemplo

La sensación de incapacidad política se ha instalado con fuerza en el debate público, y en materia de vivienda se ha convertido prácticamente en dogma: los partidos políticos, todos, son incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en lo esencial. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo ha vuelto a poner sobre la mesa con una claridad que incomoda, pero que ya nadie puede negar. El diagnóstico es tan evidente como demoledor: la vivienda no es una prioridad real, sino un campo de batalla donde las formaciones desgastan su tiempo en rencillas ideológicas, mientras millones de ciudadanos se las ven y se las desean para encontrar un techo a un precio asumible.

La OCU destaca un ejemplo sangrante: la reforma de la Ley de Suelo, esa que los grandes partidos dicen compartir “en lo esencial”, pero que llevan años incapaces de concretar. Ni pactos de Estado, ni mínimos comunes, ni urgencias sociales. Nada. Solo declaraciones huecas y bloqueos parlamentarios que perpetúan un sistema disfuncional, donde construir vivienda es cada vez más difícil y más caro. La falta de acuerdos tiene consecuencias económicas reales, pero también transmite un mensaje político demoledor: la vivienda se usa para pelear, no para gobernar.

Las limitaciones del aval a los propietarios de viviendas en alquiler

En este contexto de parálisis, el Gobierno aprobó recientemente un Real Decreto que ofrece un aval público a propietarios que alquilen sus viviendas a menores de 35 años o personas vulnerables. Sobre el papel, una medida destinada a “tranquilizar” a un sector esencial del mercado del alquiler. En la práctica, otro parche con más propaganda que eficacia, según advierte la OCU. Las limitaciones son claras:

Restricciones de acceso: solo contratos con menores de 35 años o vulnerables y siempre que la renta no supere el índice estatal de referencia, un baremo que en muchas ciudades está muy lejos de los precios reales. Es decir, medida aplicable a pocos.

Cobertura temporal: solo contratos en vigor a 30 de enero de 2025, dejando fuera gran parte del mercado.

Falta de agilidad: la gestión queda en manos de las comunidades autónomas, que adelantarán el dinero y recibirán compensación meses después. Un sistema lento que, por definición, elimina cualquier “tranquilidad” que se quiera trasladar a los propietarios.

La sensación, una vez más, es que se legisla para rellenar titulares, no para resolver el problema estructural del alquiler en España.

La intranquilidad entre los pequeños propietarios de viviendas

La OCU recuerda un dato decisivo que los partidos parecen ignorar mientras discuten: más de 2,1 millones de personas físicas declaran ingresos por alquiler en el IRPF. Es decir, el mercado está compuesto mayoritariamente por pequeños arrendadores, no fondos buitre. Y son precisamente ellos quienes sienten mayor inseguridad jurídica: miedo a no cobrar, miedo a no recuperar su vivienda durante años, miedo a una normativa cambiante que jamás les incluye en la ecuación.

La suspensión de desahucios, que lleva más de cinco años en vigor sin criterio restrictivo ni compensación ágil, ha provocado que cientos de miles de propietarios opten por vaciar sus viviendas, destinarlas al alquiler de temporada o directamente renunciar al alquiler residencial. El resultado es conocido: menos oferta, más competencia y precios más altos. Y mientras tanto, los partidos siguen discutiendo entre sí quién “protege más” al vulnerable, sin proteger realmente a nadie.

Un desajuste entre oferta y demanda que se agudizará los próximos meses

El problema de fondo, recuerda la OCU, es el mismo de siempre: un desajuste histórico entre oferta y demanda que los gobiernos no han querido atajar con políticas estructurales.

Se necesitan medidas serias:

  • Aumentar la oferta de vivienda protegida y vivienda en general.

  • Seguridad jurídica real para que los pequeños propietarios vuelvan al mercado del alquiler.

  • Suspensión de desahucios solo en casos de verdadera necesidad, con compensación inmediata.

  • Refuerzo económico de los servicios sociales, que hoy funcionan desbordados.

Nada de esto es novedoso. Lo llevan reclamando expertos, entidades y asociaciones desde hace más de una década. Pero la política española sigue convertida en un tablero de guerra, y la vivienda ha sido una de sus víctimas más visibles.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pedir permiso: 1,5 millones de habitantes más entre 2022 y 2025, frente a solo 274.500 viviendas nuevas terminadas en ese mismo período. El resultado: el precio de la vivienda subió un 12,8% en el tercer trimestre de 2025, según el INE.

Pero los partidos seguirán peleando entre ellos, cada uno convencido de tener “la razón”, mientras un país entero sigue buscando dónde vivir.