Los lanzamientos disminuyeron un 11 % respecto a 2024
Los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial confirman una tendencia que preocupa cada vez más a quienes siguen de cerca la evolución del mercado inmobiliario y la situación social vinculada a la vivienda en España. Las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 35,6 % en 2025, un crecimiento muy fuerte que prácticamente duplica el aumento que ya se había producido entre 2023 y 2024. En total, se iniciaron 31.416 ejecuciones hipotecarias en toda España, una cifra que refleja que muchas familias siguen teniendo dificultades para mantener su vivienda en propiedad en un contexto de subida de tipos, inflación acumulada y encarecimiento general del coste de la vida.
Sin embargo, el informe también muestra un dato que a primera vista puede parecer positivo: los lanzamientos practicados en 2025 descendieron un 11 % respecto a 2024. En total se registraron 25.540 lanzamientos, incluyendo no solo viviendas sino también otros inmuebles. Los lanzamientos derivados del impago del alquiler bajaron un 10,9 %, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias descendieron un 14,3 %. Este descenso no significa necesariamente que haya menos problemas de vivienda, sino que puede deberse a retrasos judiciales, acuerdos extrajudiciales o medidas temporales de suspensión que han estado vigentes hasta finales de 2025.
Las ejecuciones hipotecarias aumentaron en todas las Comunidades Autónomas
Uno de los datos más significativos del informe es que las ejecuciones hipotecarias aumentaron en todas las Comunidades Autónomas sin excepción, lo que demuestra que no se trata de un problema localizado en determinadas zonas, sino de una tendencia generalizada en todo el país. En términos absolutos, Cataluña fue la comunidad con más ejecuciones hipotecarias iniciadas, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid.
Si se analizan las ejecuciones en relación con la población, Cataluña también lidera la clasificación, seguida por Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Esto refleja que el problema tiene especial intensidad en determinadas regiones donde el precio de la vivienda y el esfuerzo financiero de los hogares han aumentado de forma muy notable en los últimos años.
Las características de los 25.540 lanzamientos practicados en 2025
En cuanto a los lanzamientos practicados, el informe del CGPJ permite conocer mejor su origen. El 71,7 % de los lanzamientos se debieron a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, al impago del alquiler. En total fueron 18.317 lanzamientos por esta causa. Otros 4.346 lanzamientos, el 17 %, se derivaron de ejecuciones hipotecarias, mientras que los restantes obedecieron a otras causas.
Esto significa que el principal problema sigue estando en el alquiler y no en la propiedad. El encarecimiento de las rentas en muchas ciudades españolas está provocando que cada vez más familias no puedan hacer frente al pago mensual y acaben en procedimientos judiciales que pueden terminar en desalojo. Es decir, aunque los lanzamientos hayan bajado en términos globales, el problema del acceso y mantenimiento de la vivienda en alquiler sigue siendo estructural y muy grave.
Las suspensiones de los lanzamientos
El informe incluye por primera vez datos sobre la suspensión de lanzamientos por razones de especial vulnerabilidad, una cuestión especialmente importante porque hasta el 31 de diciembre de 2025 estuvieron vigentes medidas de protección para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Durante el cuarto trimestre de 2025, los juzgados recibieron 2.732 solicitudes de suspensión de lanzamiento y resolvieron 2.559. De ellas, solo se suspendieron 221 lanzamientos en aplicación del artículo 1 del Real Decreto 11/2020, además de otras suspensiones en aplicación de diferentes artículos de la normativa. Este dato es importante porque demuestra que el número de suspensiones efectivas no es tan elevado como a veces se transmite en el debate político.
Lo realmente preocupante es que estas medidas dejaron de estar vigentes a finales de 2025 y el Congreso no ha aprobado nuevas medidas de protección. Esto significa que muchos procedimientos que estaban paralizados pueden reactivarse y que los abogados de propietarios y empresas ya están presentando demandas para desalojar a inquilinos que han dejado de pagar la renta. La consecuencia puede ser un aumento importante de los lanzamientos a lo largo de 2026.
Los concursos aumentaron un 30 % en 2025
Otro dato muy relevante del informe es el fuerte aumento de los concursos. En 2025 se presentaron 74.739 concursos, un 30 % más que en 2024. Este incremento se debió sobre todo a los concursos presentados por personas naturales sin actividad empresarial, que aumentaron un 36,3 % y representaron el 89 % del total.
Esto significa que cada vez más particulares se ven obligados a acogerse a procedimientos concursales o a la ley de segunda oportunidad para intentar salir de situaciones de endeudamiento insostenible. Mientras tanto, los concursos de empresas y de empresarios individuales descendieron, lo que indica que el problema está afectando especialmente a las economías domésticas.
En conjunto, todos estos datos dibujan un panorama preocupante. Aumentan las ejecuciones hipotecarias, aumentan los concursos de personas físicas, los alquileres siguen tensionados y las medidas de protección a los colectivos vulnerables han desaparecido. Y, sin embargo, el debate político sigue girando muchas veces en torno a la rentabilidad de los propietarios y no a la vida de las personas que pueden perder su vivienda.
Si no se adoptan medidas estructurales sobre el alquiler, la vivienda social y la protección de los hogares vulnerables, la situación puede empeorar de forma considerable a lo largo de 2026. Porque los datos judiciales suelen ir con retraso respecto a la realidad económica y social, y todo indica que lo peor todavía podría estar por llegar.
