El respeto por el medio ambiente, la sostenibilidad y la contención del cambio climático son conceptos que poco a poco van entrando en nuestras vidas haciéndonos cambiar muchas de nuestras costumbres. Y todos los sectores económicos se van implicando en el cambio, aunque sea de forma obligada. Así, la Comisión Europea está reforzando su normativa con respecto a la sostenibilidad. En 2022 se aplicarán nuevas normas con respecto a las finanzas sostenibles, pero no solo eso, sino que también se ultimará el segundo paquete de medidas Fit for 55.

En estas nuevas normativas se incluye exponer al carburante de los vehículos por carretera al mercado de emisiones de CO2 a partir del año 2026, lo cual encarecerá el producto. Ahora, también se quiere incluir en estas nuevas normas a las viviendas y edificios de baja calificación energética.

Para lograrlo, se prohibirá la venta o el alquiler de aquellas viviendas de baja calificación energética con la intención de que los propietarios reformen su casa para hacerla más eficiente. Eso sí, la normativa no entraría en vigor hasta dentro de ocho años.

De esta forma, para el año 2030 los edificios residenciales y viviendas tendrán que contar con una calificación energética F, como mínimo, para que puedan ser vendidas o alquiladas. En cuanto a los edificios públicos, tendrán que tener todos ellos una calificación de F en 2027 y de E en 2030. Las construcciones históricas y religiosas quedarán excluidas de esta normativa.

En cuanto a los certificados, actualmente el rango más bajo es la G y hace referencia a un consumo un 125% superior a la media. La F se encuentra entre el 110% y el 125%, mientras que la E se sitúa en el 100% y 110%. Los rangos más eficientes son el A++, con un consumo un 30% inferior a la media y el A+.

Esto también implica que contar con el certificado de eficiencia energética para medir el consumo del edificio u hogar será obligatorio para que todas las propiedades que se vayan a poner en venta o alquiler o si se tiene que renovar el contrato de alquiler. En el caso de tener un G se verán obligados a hacer las reformas necesarias para emitir menos CO2 a la atmosfera y consumir menos.

Ya no valdrá el socorrido «Certificado energético en trámite» con el que los propietarios pretenden evadirse del cumplimiento de la normativa, lo que en algunas comunidades autónomas ha traído aparejado multas considerables. Además se discute en muchos casos quién tiene que pagar el certificado energético, si el comprador o el vendedor, cuando la normativa es muy clara al respecto. Se llega hasta el caso de que lo pague el agente inmobiliario para poder hacer la venta.