El sindicato UGT ha llevado ante el Consejo de Europa la situación de la vivienda en España, denunciando que el Estado no garantiza el acceso efectivo a una vivienda digna y adecuada para una parte significativa de la población. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano dependiente del Consejo de Europa —no de la Unión Europea—, ha admitido por unanimidad la reclamación colectiva presentada por UGT, un paso relevante que vuelve a situar el problema habitacional español en el foco europeo.

La queja fue registrada el 17 de octubre de 2024 y se basa en el presunto incumplimiento de varios artículos de la Carta Social Europea (CSE), tratado internacional que España ratificó y que está en vigor desde el 1 de julio de 2021. El sindicato considera que el marco jurídico y las políticas públicas actuales no garantizan el derecho a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres, la falta de vivienda social, la presión hipotecaria y la pérdida de poder adquisitivo ligada al consumo.

Para Aquimicasa, portal especializado en analizar la problemática estructural del mercado inmobiliario español, esta reclamación conecta directamente con debates clave como la insuficiencia de la Ley de Vivienda, la fragmentación territorial de su aplicación, el impacto del euríbor en las hipotecas, y la creciente dificultad de acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler.

En España se vulneran seis artículos que garantizan el derecho a la vivienda a todo ciudadano

UGT sostiene que en España se vulneran seis artículos fundamentales de la Carta Social Europea, todos ellos relacionados directa o indirectamente con el derecho a la vivienda y la protección social. Entre ellos figuran el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la protección de la familia, el de los niños y jóvenes, el de los trabajadores migrantes y sus familias, así como el derecho a la protección frente a la pobreza y la exclusión social, junto al principio de no discriminación.

Según el sindicato, la combinación de escasez de vivienda social y precios elevados en el mercado privado impide garantizar el acceso a un inmueble digno a una parte muy relevante de la población. Esta situación afecta con especial intensidad a jóvenes, trabajadores con salarios bajos y personas inmigrantes, colectivos que concentran una mayor precariedad laboral y menor capacidad de ahorro.

UGT recuerda que España se sitúa muy por debajo de la media europea en parque de vivienda pública, lo que agrava la dependencia del mercado privado del alquiler y tensiona los precios. En este escenario, el acceso a la vivienda deja de ser un derecho efectivo para convertirse en un factor de exclusión social que impacta directamente en el consumo, la emancipación juvenil y la estabilidad económica de los hogares.

El sindicato alega que el marco jurídico y político relativo al derecho a la vivienda es inadecuado

Uno de los argumentos centrales de la reclamación es que el derecho a la vivienda en España no es plenamente exigible, ya que se formula como un principio rector de la política social y económica, pero no como un derecho subjetivo y justiciable. Para UGT, esta concepción limita la capacidad real de los ciudadanos para reclamar soluciones efectivas ante situaciones de exclusión residencial.

El sindicato subraya que esta debilidad estructural del marco jurídico se traduce en políticas fragmentadas, falta de objetivos inmediatos y una escasa coordinación entre administraciones. Todo ello, en un contexto donde la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad social y económica.

Desde Aquimicasa se viene señalando que esta inseguridad jurídica también afecta al conjunto del mercado inmobiliario: dificulta la planificación a largo plazo, condiciona la inversión responsable y alimenta tensiones tanto en el alquiler como en la compraventa, en un momento en el que el euríbor y las condiciones hipotecarias ya presionan a las familias.

La ley de Vivienda es insuficiente y no vincula a todo el territorio

UGT es especialmente crítica con la Ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023, que, pese a nacer con el objetivo declarado de facilitar el acceso a un hogar, no ha logrado mejorar la situación real del mercado. El sindicato considera que la norma es insuficiente y que su eficacia queda seriamente limitada al delegar gran parte de su aplicación en las comunidades autónomas.

Esta falta de vinculación territorial genera desigualdades entre regiones, creando ciudadanos de primera y de segunda en función de su lugar de residencia. En la práctica, el acceso a la vivienda depende más del código postal que de un derecho garantizado de forma homogénea en todo el país.

Además, UGT critica duramente el plazo de 20 años que establece la ley para alcanzar un parque mínimo de vivienda pública destinada a políticas sociales. El sindicato califica este horizonte temporal de “irrazonable”, al carecer de objetivos inmediatos y medibles, y recuerda que la emergencia habitacional es un problema actual, no una hipótesis futura.

Las decisiones del CEDS no son vinculantes

Aunque el CEDS ha admitido la reclamación por unanimidad, conviene recordar que este órgano no es un tribunal y que sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes para los Estados ni para los tribunales nacionales. De hecho, el propio Comité ya concluyó recientemente que España incumplía la Carta Social Europea en materia de indemnización por despido improcedente, pronunciamiento que fue posteriormente ignorado por el Tribunal Supremo.

En este caso, el Gobierno español no presentó observaciones previas, lo que ha facilitado la admisión de la queja. El CEDS ha dado ahora de plazo al Ejecutivo hasta el 16 de febrero de 2026 para presentar alegaciones por escrito sobre el fondo del asunto. Posteriormente, UGT podrá responder y el Comité analizará la reclamación colectiva antes de pronunciarse “en el futuro”.

Más allá de su carácter no vinculante, esta reclamación supone un nuevo toque de atención internacional sobre la crisis de la vivienda en España. Un problema que no solo afecta al acceso a un hogar, sino que condiciona el mercado de alquiler, las compraventas, el endeudamiento hipotecario, el consumo y, en definitiva, la cohesión social.

UGT ya advirtió al presentar la demanda que el objetivo de alcanzar un 20% de vivienda protegida en 20 años es “pobre y poco ambicioso”. Su secretario general, Pepe Álvarez, recordó que los jóvenes españoles se emancipan de media más allá de los 31 años, que el alquiler mediano ronda los 950 euros, mientras que el salario mínimo apenas alcanza los 1.150 euros. Una ecuación que, hoy por hoy, no cuadra y que explica por qué la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales del país.