El Departamento vasco de Vivienda acaba de poner en marcha una iniciativa pionera en España para incentivar el alquiler y combatir la falta de oferta: el programa Aloka+, presentado por el consejero Denis Itxaso. Este seguro público y gratuito cubre los impagos y desperfectos en viviendas alquiladas dentro de los límites de precio fijados por el índice de referencia en municipios calificados como zonas tensionadas.

La escasez de oferta y la subida constante de los precios del alquiler preocupan cada vez más en Euskadi. El Gobierno vasco ha detectado que una de las razones del bajo número de pisos en régimen de arrendamiento está relacionada con el temor de muchos propietarios a los impagos o las malas experiencias previas. Para afrontar este problema, el Departamento de Vivienda lanza Aloka+, un seguro público sin coste para el propietario que alquile en régimen libre pero dentro de los precios regulados por el índice oficial.​

La medida se comunicó durante el congreso House Action que analiza en Donostia las claves del problema nacional y europeo de la vivienda. El objetivo central es procurar seguridad jurídica ante impagos y desperfectos, incentivando la incorporación de más viviendas al mercado del alquiler y aumentando la oferta en zonas tensionadas, donde la demanda supera con creces la disponibilidad.​

Estimular la salida al mercado de pisos en régimen de alquiler en un momento de falta de oferta

La situación en Euskadi es especialmente compleja. El precio del alquiler supera ya el umbral recomendable del 30% de los ingresos de los hogares y la oferta no consigue responder a la demanda. Denis Itxaso explicó que el modelo del seguro busca «reducir y moderar el aumento de los precios del alquiler y ofrecer mayor protección a los propietarios» — justo los que se mantienen al margen por miedo al riesgo económico.​

El Departamento reconoce que la actual regulación ha protegido a los inquilinos pero ha generado una «reticencia creciente» en los propietarios. Con Aloka+, se aspira a revertir ese efecto, garantizando el pago del alquiler, los suministros y los posibles desperfectos desde el momento en que se admite una demanda judicial por impago, cubriendo la totalidad del importe adeudado hasta un límite que se fijará pronto por orden normativa.​

El nuevo programa Alokaplus se aplicará en zonas de alquiler tensionado

El seguro solo será aplicable a viviendas ubicadas en municipios declarados zona tensionada y cuyo precio se ajuste a los parámetros del índice de referencia oficial. El objetivo, según Itxaso, es «movilizar viviendas vacías y deshabitadas» para incorporarlas al mercado regulado y así aumentar el parque disponible.​

Esta iniciativa favorece tanto a propietarios como a inquilinos, buscando equilibrar derechos y garantías para ambos colectivos en lugares donde la presión sobre el mercado residencial es especialmente alta. Se abre ahora un periodo de consulta pública en el que la ciudadanía puede aportar sugerencias para la elaboración definitiva del programa.​

Itxaso ha asegurado que en el País Vasco se necesitan 100.000 viviendas que no tienen que ser todas nuevas

Durante su intervención, Denis Itxaso subrayó que Euskadi, con 2,2 millones de habitantes y un parque actual de un millón de viviendas, necesita movilizar alrededor de 100.000 viviendas. No todas deben ser nuevas: el foco está también en la rehabilitación, la segregación de pisos grandes, los alojamientos dotacionales y la transformación de bajos comerciales en viviendas. La meta es lograr que el parque público y el mercado libre funcionen de manera coordinada para responder a la emergencia habitacional.​

La apuesta presupuestaria en vivienda para 2026 será «récord», según el consejero, con el objetivo de tener más de 3.600 viviendas dotacionales en obra y multiplicar la capacidad de respuesta del sistema público vasco.​

El programa Aloka+ se perfila como una acción valiente que busca dinamizar el mercado de alquiler en Euskadi, proteger a los propietarios y garantizar acceso a vivienda para quienes más lo necesitan. Incentivar la colaboración público-privada, intervenir sobre el precio, y movilizar parque residencial deshabitado son los pilares de una estrategia que aspira a ser referente nacional. La seguridad de los arrendadores es, ahora sí, una prioridad pública.​