Hay noticias que no sorprenden a nadie y que, aun así, merece la pena subrayar. Valencia continúa incrementando sus medidas contra los pisos turísticos, y lo hace a un ritmo que sugiere que el Ayuntamiento ha entendido por fin que el asunto iba en serio. La alcaldesa, María José Catalá, aprovechó el debate del estado de la ciudad para desplegar un paquete que va desde el apoyo a los vecinos hasta las órdenes de cese con corte de luz y agua incluido. Valencia se suma así a un movimiento que se está generalizando en media España, y que resulta especialmente jugoso si se recuerda cómo sonaba el discurso hace unos pocos años: que si el modelo de Airbnb era el futuro, que si la propiedad privada, que si los derechos del propietario, que si eran cuatro pisos, que si dejaban riqueza en la ciudad. Qué rápido envejecen algunas frases.

Ayudas a las Comunidades de Vecinos para prohibir los pisos turísticos

El primer capítulo es el que Catalá ha bautizado como «programa de defensa del vecino». Consiste en ayudas a las comunidades de vecinos para prohibir los pisos turísticos en sus edificios: el Ayuntamiento habilitará una línea de subvenciones para que puedan modificar sus estatutos y vetar este uso. A ello suma asistencia jurídica, canalizada a través del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, para quienes quieran emprender acciones legales contra los pisos turísticos instalados sin el consentimiento de la comunidad o saltándose la legalidad. Conviene no perder de vista lo que esto significa: durante años, el vecino que no quería un piso turístico en el rellano tuvo que apañárselas solo, con su administrador y su paciencia. Ahora, al menos, tendrá abogados y dinero público de su lado. Tarde, sí, pero mejor tarde que nunca.

Se deniegan cada vez más licencias para pisos turísticos

La segunda pata es la de los números, y son contundentes. Según la alcaldesa, con la nueva regulación aprobada hace unos meses se deniegan cada vez más licencias para pisos turísticos: hasta ahora han quedado rechazadas 3.500 plazas turísticas. Es una cifra que habla tanto de la firmeza municipal como del apetito que había por convertir viviendas en alojamientos, y que deja una pregunta incómoda en el aire: cuánto habría crecido la oferta turística a costa del mercado residencial si nadie hubiera puesto freno. Catalá insiste en que la vivienda es «un eje prioritario» de su gobierno. Habrá que ver si la prioridad resiste cuando cambie el viento.

La lucha contra los pisos irregulares

Tampoco se olvida el frente de la lucha contra los pisos irregulares, el terreno donde el discurso se convierte en sanción. El Ayuntamiento emite una media de 449 órdenes de cese al año contra apartamentos turísticos sin papeles, y no son órdenes de trámite: van acompañadas del corte de luz y agua. A eso se suman multas tramitadas por valor de 1,6 millones de euros. Con el negocio ilegal, tolerancia cero; con el legal, cada vez menos plazas. Y hay un dato que apunta en dirección contraria a la que soñaban los promotores del modelo: 160 viviendas han mostrado interés en revertir su uso turístico a residencial. No son muchas, pero son 160 pisos que vuelven a plantearse ser hogares en lugar de cajas de llaves en la puerta.

Más actuaciones para favorecer el derecho a la vivienda

Todo esto viene envuelto en más actuaciones para favorecer el derecho a la vivienda. El Ayuntamiento anuncia la construcción de 390 nuevas viviendas públicas en barrios como Patraix, donde se proyectan 161, además de Ciutat Vella, Quatre Carreres, Malvarrosa y Torrefiel. Bienvenidas sean, pero conviene ponerlas en perspectiva: 390 viviendas alivian, no resuelven. Sirven, eso sí, para dejar claro que la ecuación no es solo prohibir, sino también construir, y que restringir los pisos turísticos sin sumar vivienda asequible sería quedarse a medias. La segunda parte, la de levantar edificios, siempre es la que más tarda.

Otras medidas contra el turismo low cost de Airbnb

El último bloque apunta directamente a otras medidas contra el turismo low cost de Airbnb, y aquí Catalá no se anda con eufemismos: «Queremos acabar con el modelo del turismo low cost», ha dicho, defendiendo apostar por hoteles y no «por camas de Airbnb». La nueva ordenanza de Convivencia prohibirá los grupos de turistas de más de 25 personas (20 en Ciutat Vella), con multas de 1.500 euros a los guías que lo incumplan, que además tendrán vetados los altavoces y megáfonos. Se pondrá coto al turismo de despedida de soltero, sin concentraciones en la vía pública que alteren el descanso de 22.00 a 8.00 horas; los grupos en bicicleta tendrán itinerarios señalados y los tuk-tuk se limitarán «todo lo que nos permita la ley».

Lo paradójico es que todo esto suena a sentido común, y precisamente por eso llama la atención que haya hecho falta tanto tiempo para llegar hasta aquí. La ciudad que aplaudía cada récord de visitantes descubre ahora que también hay que dormir, que hay que vivir en los barrios y que la riqueza que dejaba el turismo low cost no siempre llegaba al vecino de al lado. Más vale que Valencia lo haya aprendido, aunque el péndulo, como todos los péndulos, conviene vigilarlo.