El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián han dado a conocer un protocolo de actuación que marca un nuevo impulso a la construcción de vivienda protegida en la capital guipuzcoana. El acuerdo contempla la puesta en marcha de más de 5.000 viviendas y alojamientos dotacionales en diferentes suelos de titularidad municipal.
El plan se apoya en la cesión de diez ámbitos urbanos al Gobierno Vasco, que será el encargado de desarrollar posteriormente las promociones. La iniciativa combina actuaciones a corto y medio plazo con proyectos de mayor alcance urbanístico, con el objetivo de ampliar la oferta de alquiler protegido en la ciudad.
En una primera fase, el protocolo prevé la construcción de 994 viviendas protegidas y alojamientos dotacionales en seis ámbitos de la ciudad de San Sebastián. De ese total, 854 serán viviendas de protección pública, entre VPO y viviendas tasadas, mientras que 140 corresponderán a apartamentos dotacionales. Entre las actuaciones más destacadas en este bloque se encuentra Txomin Enea II, con 315 viviendas protegidas y alojamientos, así como Antzita, con 387 viviendas previstas. También se incluyen Jolastokieta con 169 viviendas, Campos Elíseos con 98 alojamientos dotacionales, Apostolado con 16 viviendas y Rodil con 9 unidades residenciales protegidas. Estas intervenciones se consideran prioritarias por su grado de madurez urbanística y permitirán una incorporación más rápida de nuevas viviendas al mercado. El objetivo es aliviar la presión existente sobre el acceso a la vivienda en la ciudad en el corto plazo.
Grandes desarrollos para el medio y largo plazo
La segunda parte del protocolo contempla actuaciones de mayor dimensión, con una previsión de 4.101 nuevas unidades de vivienda protegida y alojamientos dotacionales. De ellas, 3.921 serán viviendas de protección pública y 180 se destinarán a apartamentos dotacionales, aunque estas cifras podrán ajustarse en función del desarrollo urbanístico definitivo.
Entre los principales ámbitos incluidos en esta fase destacan Auditz Akular, con 2.354 viviendas protegidas y 50 alojamientos, y los Cuarteles de Loiola, que sumarán 1.750 viviendas y apartamentos dotacionales. A ellos se añaden la Playa de Vías de Easo-Amara, con 530 viviendas y alojamientos, y Sarrueta, con 268 unidades previstas. Estos proyectos se encuentran en diferentes fases de planificación, por lo que su ejecución se extenderá en el tiempo. El protocolo establece que los desarrollos deberán ajustarse a los instrumentos urbanísticos correspondientes, lo que permitirá adaptar cada actuación a las necesidades del entorno.
El acuerdo también define un modelo de colaboración en el que el Ayuntamiento de San Sebastián cede gratuitamente los suelos municipales y el Gobierno Vasco asume la promoción, construcción y gestión de las viviendas. Todas las promociones estarán destinadas al alquiler permanente. Además, se incluyen medidas de apoyo para facilitar la viabilidad de los proyectos, como la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la exención de determinadas tasas municipales. Estas herramientas buscan reducir los costes de promoción y acelerar el desarrollo de las viviendas.
Condiciones de acceso y seguimiento del acuerdo
El protocolo establece también los criterios de acceso para las futuras viviendas protegidas. Las personas adjudicatarias deberán cumplir los requisitos generales de vivienda protegida y acreditar una vinculación con la ciudad, con al menos tres años de empadronamiento ininterrumpido en San Sebastián o cinco años dentro de los últimos diez. La vigencia del acuerdo será inicialmente de ocho años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de doce. Durante este periodo, ambas instituciones realizarán un seguimiento continuo del desarrollo de las actuaciones previstas.
Para ello se creará una Comisión Mixta de Seguimiento formada por representantes del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento, que tendrá como función supervisar el avance de los proyectos y garantizar el cumplimiento del protocolo. Esta estructura pretende asegurar la coordinación institucional a lo largo de todo el proceso.
