Andalucía se apunta a la carrera del suelo público: AVRA moviliza terreno para 3.678 viviendas
La Junta de Andalucía ha decidido sacudir el tablero del suelo público y activar un movimiento que, hasta hace poco, parecía reservado a las comunidades más beligerantes en materia de vivienda. Andalucía movilizará suelo público para construir viviendas, en concreto terreno con capacidad para levantar 3.678 nuevas viviendas repartidas por las ocho provincias de la comunidad. La herramienta elegida es el Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026, elaborado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), organismo dependiente de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio. El Consejo Rector de la Agencia ya ha dado luz verde al documento, que prevé sacar al mercado 735 inmuebles de titularidad pública valorados, como mínimo, en 124,3 millones de euros.
Conviene situar el gesto en su contexto. Andalucía no ha sido, históricamente, la comunidad más proactiva a la hora de movilizar patrimonio público para vivienda protegida; de hecho, ha sido señalada en más de una ocasión por acumular suelo sin desarrollar mientras la presión sobre el mercado residencial no dejaba de crecer. Que ahora sea la propia administración autonómica la que anuncie una batería de 327 parcelas residenciales, capaces de albergar 3.678 viviendas, no deja de ser un síntoma de hasta qué punto la crisis de acceso a la vivienda ha calado incluso en los gobiernos menos inclinados a intervenir sobre el mercado.
Terrenos en todas las provincias andaluzas.
Parcelas residenciales en todas las provincias de Andalucía conforman el núcleo del plan, con casi 375.000 metros cuadrados de edificabilidad repartidos de forma muy desigual entre los territorios.
Cádiz se lleva la parte del león, con suelo suficiente para 1.102 viviendas, seguida de Huelva (692), Granada (624) y Sevilla (551). Jaén, Málaga, Almería y Córdoba completan la lista con cifras sensiblemente menores, entre las 237 y las 94 viviendas. Del total previsto, viviendas protegidas y libres convivirán en una proporción que deja clara la prioridad declarada: 2.964 serán protegidas, frente a las 714 de régimen libre, una relación de más de cuatro a uno que, sobre el papel, apunta a que la Junta quiere hacer de la vivienda protegida el eje de esta operación.
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido el plan como una vía para aumentar la oferta y aprovechar un patrimonio que llevaba tiempo sin explotarse a fondo, con la vista puesta en aliviar una de las principales preocupaciones de los andaluces. El discurso es impecable; la pregunta, como siempre en estos anuncios, es cuánto tardará el suelo movilizado en convertirse en llaves entregadas. Los procedimientos previstos combinan concurso y subasta con fórmulas de colaboración público-privada, como la permuta de suelo, pensadas para agilizar el desarrollo de las promociones y evitar que el patrimonio público quede, una vez más, aparcado a la espera de mejores tiempos administrativos.
No es un detalle menor que la Junta insista tanto en adaptar la oferta a «las características y necesidades de cada provincia», una fórmula que suena razonable pero que también sirve para justificar por qué unas provincias reciben más de mil viviendas potenciales y otras se quedan en apenas un centenar. La disponibilidad de patrimonio público no siempre coincide con la intensidad de la demanda, y ahí es donde el plan tendrá que demostrar si responde a un diagnóstico real del mercado o simplemente al inventario de lo que la Agencia tenía a mano.
También hay sitio para las empresas
El plan no se agota en la vivienda. AVRA sacará también al mercado 226 parcelas industriales, dos de uso dotacional y una nave industrial, además de 43 locales comerciales, 120 garajes y 13 trasteros. También se destinan parcelas para empresas y actividades económicas, un apartado que la Consejería vincula a la atracción de inversión y a la generación de empleo en los municipios. Es la parte del plan que menos titulares genera, pero probablemente la más sencilla de ejecutar frente a la residencial, donde los plazos de tramitación urbanística y de construcción siempre acaban alargando los tiempos que la propaganda institucional prefiere no mencionar.
La continuidad como coartada y como mérito
El nuevo plan se presenta como continuidad al trabajo desarrollado por AVRA en 2025, ejercicio en el que la Agencia impulsó ventas públicas, reforzó la comercialización de sus inmuebles e incorporó nuevas fórmulas de colaboración para favorecer promociones residenciales. Las adjudicaciones de aquel año mejoraron tanto en porcentaje de inmuebles vendidos como en valor económico respecto al ejercicio anterior. En el capítulo residencial, aquellas operaciones permitirán levantar al menos 588 viviendas repartidas entre Jerez (103), Cártama (25), Córdoba (10), Málaga (5), Algarrobo (48) y Granada (397).
Ahí está, precisamente, la prueba del algodón para el nuevo plan. Que Andalucía anuncie suelo para casi 3.700 viviendas es una buena noticia y, sobre todo, una señal de que ya no queda apenas comunidad autónoma que se resista del todo a mover ficha en materia de vivienda pública. Otra cosa muy distinta es que ese anuncio se traduzca en obra terminada dentro de plazos razonables. La experiencia reciente, en Andalucía y en el resto de España, invita a aplaudir el gesto sin perder de vista que entre movilizar suelo y entregar llaves media un trecho que la política rara vez recorre con la misma diligencia con la que lo proclama.
