Aprobado por unanimidad el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

 El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presidió este jueves la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana con un resultado que no se veía venir: acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Todas. Las del PSOE, las del PP y las del resto. Un consenso que la ministra no tardó en convertir en titular: «Distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo. Este es el camino.»

El nuevo Plan movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden ya a la anualidad de 2026. Para hacerse una idea de la magnitud, es el triple de lo que contemplaba el plan anterior. El modelo de financiación funciona por corresponsabilidad: el Gobierno central aporta el 60% y las comunidades autónomas corren con el 40% restante, lo que en la práctica significa que ninguna región puede limitarse a cobrar el cheque sin poner algo de su parte.

Más construcción, más rehabilitación y más protección social

La distribución del presupuesto responde a tres grandes prioridades. Al menos el 40% de los fondos se destinará a construcción y adquisición de vivienda protegida, con una condición que el Ministerio ha querido subrayar: esa protección será permanente, no temporal. Se acabó el truco de construir VPO que a los veinte años se convierte en vivienda libre. El Plan incorpora mecanismos específicos para blindar ese carácter protegido con independencia del paso del tiempo.

Un 30% irá a rehabilitación del parque existente, que en buena parte del territorio español acumula décadas de abandono y una eficiencia energética que haría llorar a cualquier auditor. Y el 30% restante se reserva a protección social: ayudas a la emancipación juvenil, reducción del esfuerzo financiero para familias con dificultades y actuaciones específicas en zonas de mercado tensionado.

El Plan incluye además una cláusula antifraude en las adjudicaciones de vivienda protegida y un sistema de datos públicos para que los ciudadanos puedan acceder a información veraz sobre el mercado. Dos medidas que, por su mera existencia, dicen bastante sobre cómo han funcionado algunas adjudicaciones en el pasado.

El reparto territorial refleja el peso demográfico y la presión del mercado en cada territorio. Andalucía lidera con 1.197 millones de euros de inversión total, seguida de la Comunidad de Madrid con 1.113 millones y Catalunya con 1.015 millones. En el otro extremo, Ceuta y Melilla reciben 7 millones cada una, y La Rioja, 119 millones.

Las comunidades del PP aprueban el Plan pero anuncian futuros recursos ante el Supremo

Aquí viene la parte interesante. Las comunidades gobernadas por el PP votaron a favor. Todas. Pero antes de levantar la mano, su portavoz en la reunión, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, se encargó de dejar claro que lo hacían con la nariz tapada y los abogados ya en marcha.

Rodrigo acusó al Gobierno de haber elaborado el Plan «a espaldas de las comunidades autónomas», de haberles comunicado su contenido a través del BOE en lugar de negociarlo en una conferencia sectorial, y de intentar imponer una «agenda ideológica» a los gobiernos regionales. Fuerte acusación para alguien que acaba de votar que sí.

«Nos reservamos la presentación de futuros recursos pertinentes ante el Tribunal Supremo», advirtió el consejero madrileño. Es decir: aprobamos el reparto del dinero —porque sería un poco raro rechazar mil millones para tu comunidad—, pero impugnaremos el Plan en los tribunales. Una postura que tiene cierta lógica política pero que, vista desde fuera, suena a querer el dinero y el reproche al mismo tiempo.

El Ministerio, por su parte, destacó que el Plan es el resultado de 28 reuniones con las comunidades autónomas y que se han incorporado 365 aportaciones de entidades, agentes sociales y expertos a su redacción final. Lo que hace que la queja de haber sido ignoradas resulte, como mínimo, matizable.

En cualquier caso, el Plan existe, tiene presupuesto, tiene aprobación unánime y tiene calendario. Lo que ocurra con los recursos ante el Supremo es otra historia, pero mientras tanto, los 7.000 millones tienen destino asignado y las comunidades autónomas —todas, también las del PP— tendrán que ponerse a trabajar.