El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva transferencia de 260 millones de euros a Casa 47, la entidad estatal dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para acelerar la construcción del parque público de vivienda asequible en España. Con esta cuarta adenda al convenio, los recursos totales traspasados a Casa 47 alcanzan ya los 2.080 millones de euros. La ministra Isabel Rodríguez no ha desaprovechado la ocasión para reivindicar el rumbo de las políticas públicas: en el primer trimestre de 2026, las licitaciones de vivienda pública ascendieron a 465 millones de euros, el mejor dato desde 2008 y un incremento del 44% respecto al mismo período del año anterior.
Los 68 proyectos de Casa 47 se extienden por todo el territorio
Los 260 millones recién aprobados financiarán 22 nuevos proyectos que sumarán un total de 1.629 viviendas. Con su incorporación, Casa 47 alcanzará 68 proyectos activos repartidos por todo el territorio nacional en apenas medio año de vida operativa. El desglose entre tipos de actuación refleja una estrategia en dos velocidades: por un lado, 44 actuaciones de edificación residencial orientadas a construir 3.266 viviendas; por otro, 24 actuaciones de urbanización de solares con capacidad potencial para hasta 22.000 viviendas. La distinción importa: urbanizar solares es más rápido y barato que construir desde cero, pero las viviendas resultantes dependen de que promotores públicos o privados terminen el trabajo. El Gobierno apuesta por combinar ambas vías para ganar volumen a corto y medio plazo.
Construcción nueva, rehabilitación y las 40.000 viviendas de la Sareb
A la obra nueva se suma la puesta en valor del stock heredado. El Gobierno trabaja en la adecuación de las 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y de otras entidades públicas, que irán incorporándose al parque asequible a medida que alcancen condiciones óptimas de habitabilidad. En estos momentos se está cerrando la convocatoria piloto con la adjudicación de 171 viviendas, y en los próximos meses se lanzará una nueva convocatoria con más de 600 viviendas, ya con el portal del inquilino operativo para facilitar el acceso a los ciudadanos. Son cifras modestas respecto a la magnitud del problema, pero representan el primer movimiento real de un parque que llevaba años bloqueado entre gestiones fallidas y edificios sin rehabilitar.
La oferta pública de compra: 100 millones para capturar vivienda privada antes de que especule
Una de las novedades más llamativas del paquete es la primera oferta pública de compra de Casa 47, dotada con 100 millones de euros. El objetivo es incorporar al parque público viviendas en manos de particulares o de fondos de inversión inmersos en procesos de desinversión, antes de que esos inmuebles acaben siendo objeto de nuevas operaciones especulativas. La ministra Rodríguez lo ha resumido con una fórmula políticamente efectiva: garantizar que esas viviendas «respondan a su función social y no sirvan a la especulación». En la práctica, el Estado compite en el mercado para frenar el circuito por el que el capital institucional rota activos mientras los precios de alquiler suben. Si funciona a escala, es una herramienta potente. Con 100 millones en un mercado donde los fondos mueven miles, la escala es, por ahora, la pregunta pendiente.
800 millones para las comunidades autónomas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2031
En paralelo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la distribución territorial del Plan Estatal de Vivienda 2026-2031, aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda de mayo. El plan moviliza un presupuesto total de 7.000 millones de euros bajo un modelo de corresponsabilidad: el Estado aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. Este mes de julio se transferirán los primeros 800 millones a las autonomías, que podrán empezar a ejecutar actuaciones con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Los fondos se distribuirán con una estructura de gasto mínimo obligatorio: al menos un 40% para construcción y adquisición de viviendas, un 30% para rehabilitación del parque existente y el 30% restante para proteger a los colectivos y territorios más vulnerables.
El plan incluye mecanismos para garantizar la protección permanente de las viviendas construidas con fondos públicos y una cláusula antifraude en las adjudicaciones de vivienda protegida. En el capítulo municipal, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha confirmado que los ayuntamientos podrán destinar su superávit a políticas de vivienda no solo en 2025, sino durante los cuatro años siguientes, dotando de estabilidad a la inversión local en un área históricamente dependiente de financiación extraordinaria.
