El Tribunal Supremo ha puesto punto y final, de manera definitiva e inapelable, al proyecto urbanístico con el que el Ayuntamiento de Madrid pretendía transformar las antiguas cocheras del Metro en el distrito de Chamberí en un nuevo desarrollo residencial, cerrando así una larga y tortuosa disputa judicial que se prolongó durante más de una década y que convirtió este suelo en uno de los más litigiosos de la capital. Así consta en una providencia fechada el 11 de febrero de 2026, en la que el Alto Tribunal desestima los recursos de casación presentados por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid S.A. y la cooperativa Residencial Metropolitan S. Coop. Mad. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 9 de mayo de 2025, que ya había anulado la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana impulsada por el equipo de José Luis Martínez-Almeida. La resolución es firme y no cabe recurso alguno, lo que convierte la anulación del proyecto en una realidad jurídica sin vuelta atrás.
Un proyecto nacido en 2014 con más de una vida
La historia de las cocheras de Cuatro Caminos como suelo urbanizable arranca en 2014, cuando se formalizó la primera modificación parcial del PGOU y Metro de Madrid enajenó los terrenos —construidos en su día bajo la dirección del arquitecto Antonio Palacios— por un importe de 88,3 millones de euros, dando pie a la constitución de la Cooperativa Metropolitan, integrada por familias que aspiraban a levantar sus viviendas en ese enclave privilegiado del norte de Chamberí. Sin embargo, el proyecto acumuló obstáculos desde sus primeros pasos: la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía supuso su suspensión por discrepancias sobre el soterramiento de las instalaciones, y el TSJM anuló en 2021, mediante dos sentencias distintas que el Tribunal Supremo confirmaría posteriormente, aquel primer plan urbanístico aprobado en 2014, dejando las cocheras —parcialmente demolidas antes de que se decretara la paralización— en un limbo administrativo del que sería muy difícil salir. La magnitud de lo que se había perdido ya entonces era considerable: las estructuras históricas diseñadas por Palacios habían sido derribadas sin que el proyecto que las justificaba llegara a materializarse.
Con la llegada de Martínez-Almeida a la alcaldía, el Consistorio reemprendió la senda urbanística y en julio de 2019 aprobó definitivamente un nuevo plan que planteaba una superficie edificable de 59.586 metros cuadrados sobre un ámbito de 43.253 metros cuadrados, con una reserva del 10% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida y la incorporación de la calle Esquilache, que había quedado fuera de la propuesta anterior. El objetivo era dar respuesta a las 443 familias cooperativistas que llevaban años en espera, de las cuales 62 accederían a algún tipo de vivienda protegida. El plan fue aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 27 de diciembre de 2023, pero la batalla judicial continuó su curso.
Ecologistas en Acción y Madrid Ciudadanía y Patrimonio, claves en la anulación
Fueron precisamente dos organizaciones de carácter cívico y medioambiental las que mantuvieron viva la impugnación del proyecto a lo largo de todos estos años, convirtiéndose en los principales escollos jurídicos frente a las pretensiones del Ayuntamiento. Ecologistas en Acción Madrid y la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio recurrieron el plan urbanístico aprobado por la Comunidad argumentando el daño cultural y ambiental que ocasionaría sobre los terrenos de las antiguas cocheras, así como la «indebida» consideración de las alternativas de desarrollo urbanístico en su tramitación y evaluación ambiental. El TSJM les dio la razón en su sentencia de mayo de 2025, señalando que las alternativas propuestas por la administración «no dejan de ser una mera configuración variable y pormenorizada de las distintas estructuras edificatorias y de la ubicación de la zona verde y de los viales», sin que se cumplieran «las determinaciones propias del alcance que deberían tener» en un proceso de evaluación ambiental riguroso.
El Tribunal Supremo, al examinar los recursos de casación presentados por las cuatro partes, concluyó que ninguno de ellos reunía los requisitos necesarios para su admisión. En el caso de la Comunidad de Madrid, el tribunal observó que el recurso se limitaba a discrepar de algunos argumentos de la sentencia, pero que incluso aceptando sus planteamientos subsistiría otro motivo autónomo de nulidad, lo que privaba al recurso de «efecto útil». Respecto al Ayuntamiento y a Metro de Madrid, la Sala apreció falta de fundamentación suficiente y ausencia de interés casacional objetivo, al tratarse de cuestiones estrechamente vinculadas a los hechos concretos del litigio y no a la interpretación general del derecho. En cuanto a la Cooperativa Metropolitan, el tribunal tampoco consideró justificada la trascendencia jurídica necesaria para su intervención en casación. La providencia impone además las costas procesales a las partes recurrentes, con un máximo de 2.000 euros por cada recurso.
¿Qué es y qué queda de la Cooperativa Metropolitan?
La Cooperativa Metropolitan nació al amparo de la primera modificación del PGOU en 2014 con el propósito de canalizar la demanda de las familias interesadas en acceder a una vivienda en el ámbito de las cocheras de Cuatro Caminos, una zona de extraordinaria centralidad y alta demanda residencial. A lo largo de más de una década, sus socios han vivido una montaña rusa de expectativas y frustraciones judiciales, viendo cómo cada nuevo plan urbanístico que parecía despejar el camino era impugnado y finalmente anulado por los tribunales. Tras el fallo definitivo del Supremo, la cooperativa se encuentra ante una situación de profunda incertidumbre, sin un marco legal sobre el que apoyar el desarrollo de las viviendas comprometidas y con el suelo de las cocheras en suspenso a la espera de que las administraciones implicadas determinen qué hacer a continuación.
La vicealcaldesa Inma Sanz se limitó a señalar que el Gobierno municipal deberá estudiar la situación «en contacto permanente con los cooperativistas, con los propietarios, tratando de buscar una solución a esas familias que están en un momento complejo». Una declaración que refleja la magnitud del problema sin ofrecer todavía una hoja de ruta concreta para las 443 familias que siguen esperando una vivienda en Chamberí, muchas de ellas después de más de diez años de espera y con un desembolso económico ya realizado que complica aún más cualquier solución alternativa.
