La necesidad imperiosa de facilitar el acceso a un hogar copa actualmente todos los medios de comunicación y el debate público. De hecho, los datos más recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirman que la vivienda se ha consolidado como la primera preocupación de los españoles. Ante este escenario de emergencia habitacional y escalada desmesurada de los precios de venta y alquiler, la totalidad de los representantes políticos, incluso aquellos que históricamente defendían la no intervención y el libre mercado, han decidido subirse al tren de la promoción pública residencial. Esta movilización institucional supone que, si todos estos planes logran cristalizar en un horizonte de tres o cuatro años, las agencias inmobiliarias dispondrán de un volumen ingente de nuevas promociones en venta para dinamizar el sector. En este contexto, el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una intervención masiva que marcará el futuro urbanístico de la región.
Vivienda a construir en los 8 millones de suelos dotacionales que existen en la comunidad
El plan estratégico autonómico prevé levantar un inmenso parque inmobiliario aprovechando el suelo dotacional municipal, es decir, aquellos espacios de titularidad local originalmente reservados para infraestructuras públicas, así como terrenos pertenecientes al patrimonio de los ayuntamientos. Según los cálculos del ejecutivo, en la Comunidad Valenciana se acumulan hasta ocho millones de metros cuadrados de suelo con estas catalogaciones. El presidente ha detallado que no se agotará la totalidad de este espacio disponible, sino que las nuevas residencias se edificarían utilizando únicamente la mitad de esta superficie, unos cuatro millones de metros cuadrados. Aunque por el momento no se han especificado los detalles sobre cómo se repartirán territorialmente estas promociones, la voluntad es aprovechar parcelas que actualmente no tienen un uso definido para inyectar oferta directa al mercado inmobiliario y rebajar la tensión de los precios.
La herramienta Proyectos Habitacionales Locales
Para materializar esta ambiciosa propuesta y acabar con la emergencia habitacional, el Consell pondrá en marcha en los próximos meses la herramienta conocida como Proyectos Habitacionales Locales (PHL). El propósito fundamental de esta iniciativa es facilitar a las administraciones locales el destino de los suelos calificados como equipamiento para la construcción de vivienda asequible. Conscientes de que los tiempos de la burocracia suelen ser el gran cuello de botella del sector constructor, el gobierno autonómico ha avanzado que aprovechará la tramitación en las Cortes del Plan Simplifica para introducir cambios normativos sustanciales. Con ello se pretende eliminar la regulación excesiva y dotar de agilidad legal a la ejecución de estos nuevos desarrollos urbanísticos.
El Plan VIVE, pretende alcanzar un total de 10.000 inmuebles
Esta nueva inyección de terrenos se suma a las iniciativas que ya están en marcha, donde el ejecutivo autonómico defiende la gestión del Plan VIVE. Actualmente, este programa cuenta con 4.800 viviendas de protección pública en distintas fases de desarrollo, aunque la mayoría se encuentra aún en los engorrosos trámites previos a la edificación, con el objetivo final de alcanzar un total de 10.000 inmuebles en la región. Paralelamente a la construcción, la Generalitat ha reforzado el apoyo financiero a los compradores ampliando la línea de avales del Institut Valencià de Finances (IVF). Su dotación ha ascendido hasta los 30 millones de euros, una medida orientada a que los jóvenes de entre 18 y 45 años puedan obtener préstamos bancarios que cubran hasta el 100% de la financiación de su primera residencia.
El Ayuntamiento de Valencia impulsa el plan + Vivienda
A nivel local, las grandes capitales también están moviendo ficha para activar el suelo municipal inactivo. El Ayuntamiento de Valencia, bajo el mandato de la alcaldesa María José Catalá, ha lanzado su propio plan para transformar parcelas originalmente destinadas a centros educativos que nunca llegaron a construirse o que hoy se consideran excedentes. Este proyecto municipal permitirá activar aproximadamente 500.000 metros cuadrados de solares inactivos que se integrarán en la trama urbana como recursos residenciales. La hoja de ruta valenciana contempla diversas vías de ejecución que van desde la construcción directa por parte del consistorio hasta fórmulas de colaboración público-privada y la concesión de derechos de superficie a promotores privados, ampliando así la oferta para frenar la presión sobre la ciudad.
Ante el escándalo de adjudicaciones en Alicante se promete más control
Todo este despliegue de nueva vivienda protegida llega en un momento delicado debido al reciente escándalo de las adjudicaciones en el residencial Les Naus, que afectó a personas vinculadas con los ayuntamientos de Alicante, Sant Joan y San Vicente del Raspeig. Ante esta crisis de confianza, el presidente ha asegurado que la vivienda sigue siendo la prioridad absoluta de su gobierno, pero ha prometido un aumento significativo de los mecanismos de control. Para garantizar la transparencia total, se ha anunciado la creación de una comisión gestora con tres funcionarios encargada de supervisar la entrega de los inmuebles. Además, se ha introducido formalmente el criterio de arraigo para priorizar siempre a los residentes locales empadronados a la hora de acceder a estas nuevas adjudicaciones.
El grupo socialista critica conceder suelo dotacional a los intereses privados
A pesar de las promesas de control y de incremento de la oferta, los planes del Consell han chocado frontalmente con la oposición. Desde el grupo socialista en las Cortes, la síndica adjunta María José Salvador ha denunciado que estas políticas buscan convertir un bien público en un activo inmobiliario lucrativo, criticando duramente la intención de entregar suelo destinado a equipamientos a los intereses especulativos del sector privado. En la misma línea, desde Compromís, su portavoz de Vivienda, María José Calabuig, ha recordado que el suelo dotacional es imprescindible para construir infraestructuras sanitarias y educativas futuras. La coalición advierte que existen en el territorio cerca de 40 millones de metros cuadrados urbanizables sin necesidad de mermar el suelo público, además de recordar que hay aproximadamente 500.000 casas completamente vacías que, con las políticas de rehabilitación adecuadas, podrían salir de inmediato al mercado del alquiler asequible.
