La vivienda pública vuelve a tener cifras de las que presumir. Entre enero y julio de 2026, las administraciones han sacado a concurso proyectos de vivienda por valor de 1.065,2 millones de euros, un 52,7% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No es un dato cualquiera: se trata del volumen más alto registrado para un periodo enero-julio desde que arrancó la serie histórica en 1989. Casi cuatro décadas de estadística y nunca se había licitado tanto en los siete primeros meses del año.
El Ministerio, lógicamente, saca pecho. Y tiene motivos para hacerlo. Pero conviene no confundir el titular con el problema resuelto, porque entre una licitación y una familia recogiendo las llaves de su vivienda hay un camino largo, lento y lleno de obstáculos que las estadísticas de contratación no recogen.
Siete meses que ya superan todo 2025
La fotografía del año es contundente. El volumen acumulado hasta julio ya supera en más de 100 millones de euros el total licitado en todo 2025, que cerró en 959,6 millones. Y ese ejercicio ya había supuesto un salto importante respecto a 2024, cuando la cifra se quedó en 750,3 millones. Es decir, la tendencia no es un espejismo de un mes afortunado, sino una aceleración sostenida durante al menos tres años.
Julio, por su parte, mantuvo el tono positivo aunque con menos fuerza. La licitación en viviendas familiares alcanzó los 181,4 millones de euros, un 11,3% más que en julio del año anterior, lo que lo convierte en el mejor mes de julio desde 2009. Eso sí, queda por debajo del pico del año, que se registró en enero con 201,2 millones. El ritmo se mantiene alto, pero el crecimiento mensual ya no tiene la intensidad del acumulado.
Rumbo a un máximo histórico anual
Con estos números sobre la mesa, el Ministerio da por hecho que, si se mantiene el ritmo de crecimiento de los primeros siete meses, 2026 cerrará con un récord en la serie histórica. Las cuentas no son difíciles: la media mensual del año ronda los 152 millones de euros, y si se sostuviera hasta diciembre, el ejercicio se iría por encima de los 1.800 millones, prácticamente el doble que en 2025.
El precio de la vivienda justifica la urgencia
El aumento de la licitación no llega en un momento cualquiera. El valor tasado medio de la vivienda libre subió un 12,5% interanual en el segundo trimestre de 2026, hasta los 2.355 euros por metro cuadrado, con un avance del 1,7% respecto al primer trimestre. Es cierto que ambas cifras suponen una ligera moderación frente a los primeros meses del año, cuando el valor tasado crecía un 13,9% interanual y un 3,8% trimestral, pero hablar de moderación cuando los precios siguen subiendo a doble dígito es, como mínimo, generoso.
Esa suavización coincide además con un enfriamiento de la actividad: menos compraventas y menos hipotecas firmadas. El mercado podría estar entrando en un cambio de ciclo, empujado por unos precios que han tocado techo para muchos bolsillos y por un encarecimiento de la financiación que se ha acentuado tras la decisión del Banco Central Europeo de elevar los tipos de interés hasta el 2,5%. Con el euríbor al alza y las cuotas hipotecarias apretando, la vivienda pública deja de ser una política complementaria para convertirse en la única salida realista para una parte creciente de la población.
Licitar es fácil, entregar llaves ya es otra historia
Y aquí es donde el optimismo oficial debería templarse. Una licitación es, en el mejor de los casos, el pistoletazo de salida. Después vienen la adjudicación, la redacción o ajuste de proyectos, las licencias, el inicio de obra, la ejecución y, finalmente, la entrega. Un proceso que en España rara vez baja de varios años y que tiene demasiados puntos donde atascarse.
El primero es el propio sector de la construcción. La falta de mano de obra cualificada es un problema estructural que las constructoras llevan años denunciando, y un aumento brusco de la demanda pública compite directamente con la obra privada por los mismos trabajadores. El segundo son los costes de construcción: materiales y salarios han subido con fuerza y, cuando los presupuestos de licitación no se actualizan, el resultado son concursos que quedan desiertos o adjudicaciones que acaban en modificados y retrasos. El tercero es la burocracia urbanística, con plazos de licencias y tramitaciones que convierten cualquier calendario en papel mojado.
Por eso, la cifra que realmente importa no es cuánto se licita, sino cuántas viviendas se terminan y se entregan. Y de ese dato, el que de verdad mide si la política de vivienda funciona, se habla bastante menos. Sería interesante que el mismo entusiasmo con el que se comunican los récords de licitación se aplicara a publicar, con la misma regularidad, el grado de ejecución de lo licitado en años anteriores.
Un buen dato que exige seguimiento
Nadie discute que invertir más en vivienda pública es imprescindible en un mercado donde los precios siguen desbocados y la financiación se encarece. El salto del 52,7% es una buena noticia y el posible máximo histórico anual sería un hito. Pero la experiencia enseña que en vivienda los anuncios corren mucho más que las grúas.
Si dentro de tres o cuatro años esos 1.065 millones se han convertido en miles de viviendas asequibles habitadas, estaremos ante un cambio real. Si se quedan atrapados entre concursos desiertos, sobrecostes y licencias eternas, este récord será solo eso: un número bonito en una nota de prensa. La vivienda, al fin y al cabo, no se mide en euros licitados, sino en llaves entregadas.