ANCI pide al Gobierno un mecanismo excepcional ante el encarecimiento por la guerra en Oriente Medio
Un sector bajo presión por la escalada de costes
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha solicitado formalmente al Gobierno la activación de un mecanismo excepcional para revisar los precios de los contratos de obra pública. La petición llega en un momento en que el conflicto en Oriente Medio ha disparado los costes de materiales, energía y logística hasta niveles que amenazan la viabilidad de numerosos proyectos en ejecución. Según la patronal, la situación pone en riesgo la estabilidad económica de un sector que ya venía acumulando tensiones desde antes del estallido de las hostilidades.
En su comunicado, ANCI reclama un sistema de revisión que sea, en sus propias palabras, estable, automático, ágil y efectivo. El objetivo es que los contratos públicos puedan adaptarse a la realidad del mercado sin que las empresas constructoras tengan que absorber sobrecostes que no estaban previstos en el momento de la licitación y que, en muchos casos, resultan inasumibles.
Oriente Medio como detonante de un problema estructural
Tras la operación militar del 28 de febrero, el precio de los combustibles se ha disparado en un período de tiempo incluso más corto que durante la crisis de 2022 provocada por la invasión de Ucrania. El barril de Brent cotiza actualmente entre los 90 y los 120 dólares, frente a los 60-70 dólares previos al conflicto. En un sector donde los costes energéticos representan en torno al 30% del total —y hasta el 40% en obras intensivas en maquinaria—, el impacto es inmediato y muy significativo.
Ese encarecimiento energético arrastra consigo los costes de producción industrial y los logísticos. Materiales básicos como el hormigón, los áridos, el acero, los ladrillos o los plásticos registran ya subidas de entre el 10% y el 25%. El caso más extremo es el del betún, material imprescindible para la construcción y el mantenimiento de carreteras, cuyo precio ha aumentado hasta un 40%.
No es la primera vez, pero el margen se agota
El sector de la construcción lleva años reclamando una reforma estructural del régimen de revisión de precios en la contratación pública. La crisis del COVID, la guerra en Ucrania y ahora el conflicto en Oriente Medio han ido exponiendo, una tras otra, las vulnerabilidades de un marco contractual excesivamente rígido, incapaz de responder con agilidad a perturbaciones sobrevenidas e imprevisibles.
Lo que ANCI pide ahora no es un parche improvisado. La patronal respalda además una propuesta de la CEOE que plantea reformar la normativa para recuperar la obligatoriedad de revisar precios en todos los contratos públicos, incluyendo también la posibilidad de ajustar los costes laborales dentro de esas revisiones. Una reforma que debería tener carácter permanente y no depender de que estalle una guerra cada vez que los precios se descontrolan.
La propuesta: recuperar el mecanismo del Real Decreto-ley 3/2022
De forma urgente, ANCI propone reactivar el mecanismo de revisión excepcional de precios que ya se aplicó en 2022 mediante el Real Decreto-ley 3/2022, aprobado entonces para hacer frente al shock económico derivado de la invasión de Ucrania. La intención es adaptar su redacción al escenario actual, de modo que pueda aplicarse de forma automática y eficiente sin necesidad de tramitaciones que alarguen los tiempos de respuesta.
Concha Santos, presidenta de ANCI, ha sido clara al respecto: «Hoy el desafío es similar y, como entonces, las medidas deben considerar que la ejecución de un número significativo de contratos relacionados con la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras se está viendo complicada por un incremento extraordinario de costes, imprevisible en el momento de la licitación.» Para Santos, es esencial reconocer al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios, tal y como se hizo en 2022 a través de tres reales decretos-ley y una orden ministerial.
Una solución urgente para proyectos que no pueden esperar
La situación se agrava por el contexto en que se producen estas tensiones de costes. Muchas de las obras en ejecución no admiten demoras: los proyectos vinculados a los fondos europeos Next Generation tienen plazos fijados por la UE, las actuaciones de reconstrucción tras los episodios de la DANA en Valencia y Andalucía son urgentes por definición, y las campañas de mantenimiento y refuerzo de firmes están condicionadas a ventanas climáticas que no se pueden posponer indefinidamente.
Un problema que no desaparecerá solo
ANCI advierte de que el problema no es coyuntural. El clima geopolítico global de los últimos años ha dejado al descubierto vulnerabilidades estructurales que no se van a resolver con el fin del conflicto. La rigidez contractual actual expone tanto a los proyectos en curso —con sobrecostes difíciles de gestionar— como a los futuros, generando incertidumbre que desincentiva la concurrencia en los procesos de licitación pública.
La construcción española ha demostrado capacidad de resistencia en crisis recientes. Pero, como recuerda la propia patronal, ese margen no es ilimitado. La respuesta que adopte el Gobierno en las próximas semanas será determinante no solo para la estabilidad del sector, sino para la capacidad del país de cumplir con sus compromisos de inversión, reconstrucción y crecimiento.
