Las licitaciones de obra pública destinadas a vivienda familiar han registrado un fuerte impulso durante los once primeros meses de 2025, consolidándose como uno de los principales vectores de la política pública de vivienda. Según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la inversión acumulada alcanzó los 905,9 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 44,4%. A falta de computar el mes de diciembre, el ejercicio 2025 se perfila ya como el mejor de los últimos 16 años en volumen de licitación pública para vivienda.
Este crecimiento se produce en un contexto marcado por la escasez estructural de vivienda, el aumento sostenido de los precios tanto en venta como en alquiler y la presión de la demanda en las principales áreas urbanas. La reactivación de la obra pública aparece así como una de las pocas palancas capaces de incrementar la oferta y aliviar, al menos parcialmente, las tensiones del mercado residencial.
El año 2025 será el mayor dato de los últimos 16 años
El volumen de licitaciones registrado entre enero y noviembre sitúa a 2025 en niveles que no se alcanzaban desde 2009, un hito relevante tras más de una década de mínimos en la inversión pública en vivienda. Solo en el mes de noviembre, la licitación de obra pública destinada a vivienda familiar alcanzó los 58 millones de euros, lo que representa un 27% más que en el mismo mes de 2024, según la estadística oficial de licitación de construcción del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Este repunte confirma una tendencia sostenida a lo largo del ejercicio y no un mero efecto puntual. La evolución mensual refleja un mayor grado de ejecución presupuestaria y una mayor activación de proyectos, tras años en los que la obra pública residencial quedó relegada a un papel secundario frente a otras prioridades inversoras.
El importe total de licitaciones de vivienda familiar alcanza los 905,9 millones de euros
El importe acumulado de 905,9 millones de euros en los once primeros meses del año evidencia el peso creciente de la vivienda dentro de la licitación pública. Este esfuerzo inversor se enmarca principalmente en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con los fondos europeos Next Generation.
Desde el Ministerio de Vivienda se subraya que estos recursos han permitido reactivar promociones destinadas a vivienda familiar, especialmente en un momento en el que el mercado privado muestra claras dificultades para generar oferta asequible. La inversión pública se convierte así en un instrumento clave para corregir fallos de mercado y ampliar el parque de vivienda protegida, una de las grandes carencias del sistema residencial español.
La distribución por comunidades autónomas
Aunque los datos agregados muestran un fuerte crecimiento, la distribución territorial de las licitaciones sigue siendo desigual, en línea con la diferente capacidad de ejecución de las administraciones y con las prioridades de cada comunidad autónoma. Las regiones con mayor presión de demanda y mayores problemas de acceso a la vivienda concentran una parte relevante de la inversión, aunque el impulso se extiende de forma progresiva al conjunto del territorio.
Esta heterogeneidad territorial vuelve a poner de manifiesto la necesidad de coordinar políticas de vivienda entre el Estado y las comunidades autónomas, especialmente en un contexto en el que la falta de suelo finalista, los plazos administrativos y los costes de construcción siguen actuando como frenos estructurales al desarrollo de nuevas promociones.
Las previsiones para 2026 con protección permanente
La apuesta por la obra pública no se limita al actual ciclo inversor. El Ministerio de Vivienda ya ha avanzado las líneas maestras del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contará con una dotación de 7.000 millones de euros. De ese importe, al menos el 40% se destinará a la construcción de vivienda asequible, reforzando el papel del sector público como promotor directo.
Uno de los elementos centrales de esta nueva etapa será la exigencia de protección permanente para las viviendas financiadas con fondos públicos. Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez se insiste en la necesidad de proteger para siempre las viviendas construidas con el esfuerzo de todos, garantizando que permanezcan al servicio del interés general y no acaben integrándose en el mercado libre tras unos años de calificación limitada.
Bajo este marco, solo aquellas promociones que acrediten jurídicamente esa protección permanente podrán acceder a la financiación del próximo plan estatal. El objetivo es consolidar un parque público de vivienda estable, capaz de amortiguar las tensiones del mercado y ofrecer una alternativa real a los hogares con mayores dificultades de acceso.
En un escenario de precios elevados, oferta insuficiente y demanda persistente, el crecimiento de las licitaciones de obra pública durante 2025 representa un cambio de tendencia relevante. No obstante, el reto seguirá siendo transformar el esfuerzo inversor en vivienda efectiva y accesible, con plazos razonables de ejecución y una planificación que permita que la vivienda pública juegue un papel estructural y no coyuntural en el mercado residencial español.
