El Gobierno ha dado por fin un paso concreto para que la industrialización de la vivienda deje de ser una promesa de rueda de prensa. El Consejo de Ministros ha autorizado modificar los límites de gasto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que le permite asumir compromisos con cargo a ejercicios futuros. La partida estrella son 45 millones de euros en 2027 para la primera convocatoria de ayudas del PERTE para la Industrialización de la Vivienda. La convocatoria todavía está en preparación y su resolución se espera para el primer semestre de 2027.

Conviene detenerse en las fechas. El PERTE se aprobó en mayo de 2025 y las primeras ayudas no llegarán, en el mejor de los casos, hasta dos años después. Para un país que lleva años hablando de emergencia habitacional, ese ritmo se parece demasiado al de una obra tradicional con retrasos, justo lo que la industrialización pretende evitar.

¿Cuáles son los objetivos del PERTE para la industrialización?

Sobre el papel, los objetivos son difíciles de discutir: incrementar la oferta de vivienda, reducir costes, hacer el sector más sostenible y eficiente y garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, el plan quiere acompañar a un tejido empresarial muy atomizado, en el que la mitad de las empresas no tiene ningún asalariado y otro 30% cuenta con solo uno o dos.

El Ministerio calcula una producción de 15.000 viviendas industrializadas al año durante la próxima década, una cifra que el propio departamento califica de prudente pero ambiciosa. Es una aportación interesante, aunque modesta si se compara con lo que se termina cada año: apenas unas 95.000 viviendas el pasado ejercicio, muy lejos de lo que necesita la demanda.

¿Qué inversión pública tiene prevista el PERTE?

El proyecto cuenta con 1.300 millones de euros de inversión pública en diez años. De ellos, 1.000 millones se destinan a financiación y 300 millones a capitalización. Los 45 millones de esta primera convocatoria son, por tanto, poco más que el aperitivo de un plan que necesitará pisar el acelerador si quiere cumplir sus propios plazos.

La diversificación de la inversión

El reparto de los fondos intenta actuar a la vez sobre la oferta y la demanda. Los 1.000 millones de financiación se canalizarán a través de líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como ICO Verde o ICO Emprendedores, y del Plan Reinicia + FAIIP, que ya financia propuestas de industrialización en las zonas afectadas por la DANA. La idea es que surjan más fábricas de componentes industrializados y que constructoras y promotoras los demanden para modernizar sus procesos.

Los 300 millones de capitalización buscan reforzar el músculo financiero de las empresas de ambos lados de la cadena. Tiene sentido: en un sector de microempresas, montar una línea de producción industrial no se financia con buena voluntad.

La colaboración público-privada

Las ayudas se concederán a empresas privadas en régimen de concurrencia competitiva, con la colaboración público-privada como eje. El Gobierno espera un efecto multiplicador del 2,4: por cada euro público, 1,4 euros privados. Es una apuesta razonable, pero depende de algo que no se decreta: que el sector privado vea un mercado estable y unas reglas claras antes de invertir en fábricas que tardan años en amortizarse.

Más compromisos para rehabilitación y obra nueva

El acuerdo incluye otras partidas. El Ministerio podrá comprometer 33,55 millones de euros en 2027 y 36,41 millones en 2028 para actuaciones de obra nueva y rehabilitación, además de lo ya previsto para 2029 y 2030. Se suman 540.000 euros en 2027 y otros 540.000 en 2028 para estadísticas del sector residencial y para contratos de análisis técnico que auditen e impulsen las políticas de vivienda. Medir mejor lo que se hace nunca sobra, sobre todo cuando los resultados llegan tarde. El paquete se completa con ayudas al patrimonio histórico y a la difusión e innovación en arquitectura.

Sin mano de obra no hay vivienda, ni industrializada ni tradicional

Este es el fondo del asunto. Podemos liberar todo el suelo que queramos y agilizar cuanto haga falta los trámites burocráticos, pero si no hay manos que levanten las paredes, no superaremos esas 95.000 viviendas. La construcción arrastra la fama de ser un trabajo duro, a la intemperie y con elevada siniestralidad, y los jóvenes no hacen cola para entrar en la obra.

La industrialización es precisamente la respuesta más prometedora a ese problema. Trasladar buena parte del trabajo a una fábrica supone menos exposición al frío y al calor, menos accidentes, horarios más previsibles y plazos de entrega más cortos. Es decir, convierte un oficio poco atractivo en un empleo industrial más parecido al de cualquier otra planta de producción. Por eso preocupa que algo tan decisivo avance a este ritmo. Si el PERTE puede ayudar a construir más viviendas, ese es el camino. Lo que no tiene sentido es recorrerlo con el freno de mano echado.