El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden que regula las subvenciones para impulsar la construcción industrializada de vivienda. Es el marco jurídico de las próximas convocatorias dentro del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, ese proyecto estratégico que llevaba tiempo esperando algo más que buenas palabras. No es la convocatoria, ojo: son las bases. Es decir, el reglamento del partido, a falta de saber cuándo se juega, con cuánto dinero y en qué campo. Aun así, más despacio de lo deseable pero sin pausa, el marco económico de la industrialización empieza a tomar forma. Otra cosa es el marco normativo, que sigue siendo la asignatura pendiente.
Las ayudas se destinarán a impulsar la innovación, la investigación y la validación técnica
La orden establece tres líneas de actuación, que podrán activarse con convocatorias independientes. La Línea 1 financia la innovación en procesos y organización en la construcción industrializada. La Línea 2 se centra en la I+D+i, y la Línea 3 en la evaluación y validación técnica de productos innovadores. Esta tercera línea es probablemente la menos vistosa y la más importante. Uno de los grandes frenos del sector no es fabricar un módulo o un panel, sino conseguir que el sistema constructivo esté avalado técnicamente y que promotores, aseguradoras y entidades financieras se fíen de él. Sin esa validación, la industrialización se queda en las ferias del sector.
Podrán beneficiarse las empresas y agrupaciones empresariales dedicadas a la fabricación, integración, ensamblaje o desarrollo de componentes y sistemas constructivos para uso residencial, siempre que acrediten al menos dos años de actividad en construcción industrializada. Es un requisito lógico para no subvencionar ocurrencias, aunque también deja fuera a las startups que todavía no han cumplido dos años.
Las ayudas podrán llegar a los 5 millones de euros
La cifra que sale en los titulares es 5 millones de euros, y conviene matizarla. Es el máximo por entidad y proyecto en la Línea 1, la de innovación en procesos, a la que solo pueden optar pymes y microempresas. En la Línea 2, la de I+D+i, el tope baja a 1 millón de euros. Para la validación técnica de la Línea 3, el límite es de 50.000 euros por actuación.
Que la cuantía más alta se reserve a las pymes tiene sentido: son las que más necesitan capital para automatizar y digitalizar sus procesos productivos. Llama más la atención el tope de la validación técnica. Si de verdad es el cuello de botella, 50.000 euros parecen escasos para unos ensayos y unas certificaciones que no suelen salir baratos.
El régimen de concurrencia competitiva entre las empresas del sector
Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva. Las empresas tendrán que competir entre sí y solo los proyectos mejor valorados recibirán financiación. Cada convocatoria fijará la dotación presupuestaria, los plazos, la documentación exigible y los criterios específicos de valoración. Dicho de otro modo, todavía no sabemos lo esencial: cuánto dinero hay y cómo se reparte.
La fórmula es razonable sobre el papel, porque premia la calidad frente al café para todos. Pero conocemos la letra pequeña de estas cosas: memorias técnicas interminables, plazos ajustados y una carga burocrática que favorece a quien tiene departamento propio de subvenciones. La paradoja es evidente. La línea más generosa está pensada para pymes y microempresas, que son precisamente las que menos medios tienen para pelearse con la tramitación administrativa. Habrá que ver si las convocatorias lo tienen en cuenta.
Los objetivos del Ministerio
El Ministerio presenta la industrialización como una de las principales palancas para responder a los retos del sector residencial. Promete reducir los plazos de ejecución, aumentar la productividad, mejorar la calidad de los edificios y reforzar la sostenibilidad ambiental. Todo eso es cierto, y el sector lo lleva diciendo años. Según el Gobierno, estas bases refuerzan su compromiso con la modernización del sector, con el aumento de la capacidad productiva y con el acceso a una vivienda asequible y de calidad.
El diagnóstico es bueno. El problema es que llega tarde y, de momento, a medias. Con dinero se pueden levantar fábricas, pero sin un marco normativo adaptado esas fábricas seguirán encontrándose el mismo muro: un Código Técnico pensado para la obra tradicional, licencias municipales que no distinguen un edificio montado en semanas de uno levantado en dos años y una financiación hipotecaria que sigue mirando con recelo lo que no se construye ladrillo a ladrillo.
¿Podrá aliviar este nuevo enfoque el problema de falta de oferta?
Esta es la pregunta de fondo. La respuesta corta es que ayudará, pero no lo resolverá por sí solo. La construcción industrializada puede acortar los plazos de forma notable y compensar en parte la falta de mano de obra que lastra al sector. Pero la escasez de vivienda tiene más causas: suelo finalista que no aparece, tramitaciones urbanísticas eternas y costes de financiación que tampoco dependen de cómo se fabrique un muro.
Además, una industria necesita volumen y continuidad para ser rentable. Ninguna empresa invertirá en una línea de producción si no tiene garantizada una cartera de pedidos estable. Ahí es donde la vivienda pública y los grandes programas de alquiler asequible deberían actuar como tractor. Las subvenciones son un buen primer paso, siempre que las convocatorias lleguen pronto y con presupuesto suficiente. Si no llega también el marco normativo, el riesgo es tener la mejor maquinaria para construir viviendas que siguen atascadas en un despacho municipal.