Solo para quien lleve 15 años empadronado
El Govern balear ha decidido que la vivienda protegida ya no es un derecho universal, sino un premio a la paciencia. El convenio firmado esta semana entre la presidenta Marga Prohens y el Consell de Mallorca contempla la construcción de 323 viviendas de protección oficial en el barrio de Sant Ferran, en Palma, sobre un suelo cedido gratuitamente y valorado en 4,6 millones de euros. Hasta aquí, la noticia sería una más de tantas promociones públicas que llevan años prometiéndose en las islas. Lo que la convierte en un caso distinto —y en un precedente que conviene mirar con lupa— es la letra pequeña: para optar a una de estas viviendas habrá que acreditar 15 años de empadronamiento legal en Baleares, triplicando el mínimo que marca la normativa autonómica.
Suelo gratis, IBAVI paga la obra
La mecánica del acuerdo es sencilla sobre el papel. El Consell de Mallorca cede al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) una parcela de 33.131 metros cuadrados en Sant Ferran, sin coste alguno. A cambio, el IBAVI asumirá el coste económico de la operación, es decir, la urbanización del terreno y la construcción íntegra de los 323 pisos. El instituto devolverá el favor entregando al Consell 35 viviendas para uso social, un local de 400 m2 para ensayos musicales y un solar de 3.000 m2 para futuros equipamientos. Para acelerar los plazos —el gran enemigo histórico de la vivienda pública en España—, la promoción se tramitará como Proyecto Residencial Estratégico (PRE), una figura que en teoría reduce la tramitación urbanística a año y medio. La entrega de llaves, eso sí, se fija de forma vaga en «la próxima legislatura», sin fecha ni compromiso vinculante. Quien haya seguido de cerca los plazos reales de la vivienda pública en Baleares sabrá qué peso otorgarle a esa promesa.
De cinco a quince años: la ‘prioridad balear’ se extiende
El verdadero titular de esta operación no es el número de viviendas, sino el criterio de acceso. La ley balear fija un mínimo de cinco años de residencia continuada para optar a una VPO, pero permite a los ayuntamientos negociar condiciones adicionales con el Govern. En Sant Ferran, esa cláusula se ha estirado hasta los 15 años. Prohens lo defendió sin matices: la intención no es atraer más población a unas islas que, según ella, ya han tocado techo, sino garantizar que la vivienda asequible llegue a «la gente de aquí».
El discurso tiene un problema de origen: el camino ya lo marcó VOX, que lleva tiempo reclamando una prioridad nacional o de arraigo prolongado para el acceso a servicios y ayudas públicas. Que el Govern del PP adopte ahora ese mismo lenguaje —aunque lo envuelva en términos de sostenibilidad demográfica— no es casualidad, y cuesta creer que sea coincidencia que la medida llegue justo cuando la presión electoral por la derecha aprieta. Municipios como Artà, Sa Pobla, Sóller o Santa Maria del Camí ya aplican baremos de entre 15 y 18 años, así que Palma no inventa nada. Lo que sí hace, por primera vez, es que una capital de la envergadura de Palma normalice ese modelo, lo que abre la puerta a que se replique en el resto del archipiélago.
Una gota en un océano de 4.000 familias
Aquí es donde la operación pierde parte de su relato. El propio IBAVI reconoce más de 4.000 familias en lista de espera para una vivienda asequible en las islas. 323 pisos, por mucho que se anuncien con solemnidad institucional, cubren apenas un 8% de esa demanda. Y de esos 323, ni siquiera todos estarán disponibles para el común de los solicitantes: 35 quedan reservadas para uso social gestionado por el Consell.
El resultado es una política que, más que resolver el problema de fondo —la escasez estructural de vivienda asequible en un territorio tensionado por el turismo y la segunda residencia—, filtra quién tiene derecho a aspirar a la poca oferta que existe. Los jóvenes que salieron de las islas por estudios o trabajo, aunque tengan raíces familiares, corren el riesgo de quedar fuera si el cómputo de años exige residencia ininterrumpida, algo que la Administración todavía no ha aclarado.
¿Arraigo o cortina de humo?
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿es esta la mejor política posible para mejorar el acceso a la vivienda en Baleares? Blindar la VPO tras 15 años de empadronamiento no aumenta el parque de vivienda pública, no abarata el alquiler libre ni frena la presión especulativa del mercado turístico. Simplemente decide, con criterios de arraigo, quién compite por una tarta que sigue siendo minúscula. Mientras el debate se centra en quién merece la vivienda protegida, la pregunta que nadie plantea en los despachos oficiales es por qué, año tras año, esa tarta no crece al ritmo que exige la crisis habitacional balear.
