De poco ha servido la intensa campaña que medios afines a los partidos pro desahucios han llevado en contra de la moratoria en los lanzamientos por el alquiler. Tampoco las presiones  que entidades como la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) han estado haciendo a no sólo a  partidos políticos cercanos, sino también a miembros del Gobierno. Finalmente el Ejecutivo aprobó el pasado martes, día 20 de enero, añadir al Decreto Stop Desahucios del 23 de diciembre, las ocupaciones a grandes propietarios denunciadas por lo penal.

Y es que el decreto del 23 de diciembre para suspender los desahucios protegía únicamente la vía civil. Esto abría la puerta a que todos los grandes propietarios escogieran la vía penal para sus procedimientos, haciendo totalmente ineficaz y ridículo el decreto. Ahora, el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, ha cerrado para estos grandes propietarios la puerta que había quedado abierta.

Este decreto, salido del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, da un corto respiro a los miles de desahucios pendientes de familias vulnerables, al menos hasta que termine el estado de alarma, si el juez lo considera conforme a la normativa. Las sentencias de desalojo de inquilinos u ocupantes de viviendas de gran propietario, tanto en los Juzgados de Primera Instancia como en los Juzgados de Instrucción, quedarán paralizadas si el afectado pide al juez que suspenda el procedimiento por ser vulnerable y carecer de alternativa habitacional.

El decreto anti desahucios, aprobado en diciembre, da un máximo de tres meses para que la Administración y los servicios públicos encuentren una alternativa habitacional que no sea un hostal. Durante ese tiempo los grandes propietarios afectados por esta ley podrán cobrar una indemnización equivalente al precio del alquiler de la zona en la que se encuentre el inmueble, según establece el Índice de Precios de Vivienda del Ministerio. Esta puntualización, causó alguna desavenencia entre el vicepresidente Iglesias, muy contrario a indemnizar con dinero público a los fondos buitre y la representante del área económica del Gobierno, Nadia Calviño.

La campaña contraria, auspiciada por los grandes propietarios reunidos en ASVAL, entre ellos Testa Home, Aedas Homes, Ares, Tectum, Blackstone, o La llave de Oro, con un total de unas 30.000 viviendas en cartera, ha sido muy dura y se ha fundamentado en mentiras evidentes para quien se haya leído un decreto que excluye explícitamente, los allanamientos de primeras y segundas residencias, así como también los casos donde medie violencia personal o actividad ilícita. Por tanto, se trata de vivienda vacía de la banca o grandes tenedores, ocupada por familias en necesidad. Tampoco puede haber efecto llamada, como han repetido hasta la náusea,  ya que también desestimará el juez aquellos casos en que se haya ocupado una vivienda con posterioridad al 21 de enero de 2021, fecha de la entrada en vigor del decreto.

Esta medida de suspensión de los desahucios, que se establece con carácter extraordinario y temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso en cuanto finalice el estado de alarma, es decir,  las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021.

Pero ya se está vislumbrando que la nueva intención de Unidas Podemos, que está poniendo tan nervioso a Javier Basagoiti, presidente de Asocimi, es la de de incluir esta moratoria de manera permanente en la nueva Ley de Vivienda en gestación, que llegaría acompañada con la prohibición de cortar los suministros básicos.

La Ley de Vivienda, que deberá estar en el Congreso de los Diputados en marzo,  está siendo elaborada de forma conjunta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ábalos y la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigida por Pablo Iglesias. Si ambos socios del Ejecutivo llegan a un acuerdo en esta materia, como temen bancos, socimis y fondos buitre,  e incorporan la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos para familias vulnerables a la Ley de Vivienda, nuestro país saldrá de la pandemia con una normativa que respetará la Constitución y podría enfocar el camino para dotar a nuestro país de la necesaria vivienda social de la que carece, cumpliendo de paso con su obligación internacional en materia de derecho a la vivienda, contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Arrimando el ascua a la sardina de sus beneficios y escudándose en los pequeños propietarios, ASVAL asegura que el decreto es un paso más hacia la protección de una ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos, no respetándose los derechos de los arrendadores y es que, añaden desde la patronal de los fondos buitre, “cuestionar un derecho fundamental para garantizar otro genera inseguridad jurídica, tanto en nuestro país como internacionalmente, en un momento donde la recuperación económica precisa de los mayores niveles de inversión posibles”. En todo momento se están arrogando la representación del sector de los alquileres, cuestión esta que es preciso negarles con rotundidad, porque con sus 30.000 viviendas en cartera no representan más allá de 0,7% del total existente en nuestro país.

Lo que no recuerdan decir en Asval, es que el  Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ), destaca en su informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, que el número de lanzamientos hipotecarios practicados en 2019 fue de 54.006, una cifra casi un 10% menor que la producida un año antes. Pero los desahucios producidos por impago del alquiler ya duplican los achacables al impago de la hipoteca, ascendiendo en concreto a 36.467, es decir, un 67,5% del total. Catalunya, con 8.427 desahucios continúa a la cabeza de estas cifras de la vergüenza, seguida por Andalucía, con 5.135; Madrid, con 4.849, y Valencia, con 4.486.

También olvidan mencionar que el precio del alquiler encadena cinco años de subidas consecutivas,  que alcanzó en 2019, con un incremento del 5,1%, su máximo histórico, superando ya de media nacional los 10 euros por metro cuadrado- aunque en algunos barrios de Barcelona o Madrid puede llegar a triplicar y más esa cifra. Y las expectativas de estas cantidades serían las de seguir subiendo, al igual que sus beneficios, si no fuera por la pandemia que nos aflige.

Tampoco refiere la patronal de los alquileres que según datos de avance del cuarto trimestre de 2020, la rentabilidad bruta media del alquiler en España se situó en un 7,9%, lo que supone un aumento del 5,9% frente al dato registrado durante el mismo periodo de tiempo del año anterior. Es decir, a pesar de la pandemia y la crisis económica, se obtienen mayores beneficios que un año antes.

Entre las provincias españolas que han mejorado sus rentabilidades, destacan Valencia y Málaga con un aumento del 2,9% y el 2,6%, respectivamente, mientras que en Madrid y Barcelona, mercados altamente dinámicos, se ha visto reducida un 0,9% y un 2,4%. Valencia se caracteriza por un mercado inmobiliario con riesgo leve y con un alto volumen de viviendas en alquiler respecto al total. Las viviendas de aproximadamente 85 m² rentan un 8,0% en la región.

Teniendo en cuenta la locura de la Bolsa y de que los bancos estén ya cobrando por los depósitos a las empresas, estas cifras de rentabilidad para los arrendadores pueden aguantar una cierta disminución, sobre todo si tenemos en cuenta que se logran sangrando a los más vulnerables y haciendo negocio con un  bien de primera necesidad. Ganar un 3,9% en lugar de un 7.9%  no parece ni tan mal;  y tampoco que las economías familiares que perciben rentas del alquiler vayan a sufrir profundos quebrantos.  Lo que sucederá es que habrá que remodelar los estudios de rentabilidad de la vivienda llevando su amortización a más años; que los fondos buitre ya no verán tan bonito nuestro país, que maldita la gracia que me hace, y que un millón de familias en España podrán dormir más tranquilas, ahorrándose sufrimientos y desahucios e introduciendo algo más de liquidez en el consumo.

El problema de la vivienda en España comienza cuando se olvida, con la complicidad de distintas administraciones, su categoría de bien de primera necesidad y derecho de los españoles contemplado en el artículo 128 de nuestra Constitución, muy mencionada por algunos para otras cuestiones. Su consideración de activo financiero sometido a las incertidumbres del mercado y de la que los inversores esperan altas rentabilidades, la ha hecho caer en la especulación que, por cierto, no está protegida por la seguridad jurídica.

Si se incluyera la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables, que podrían corresponder con aquellas posibles adjudicatarias de una vivienda social si las hubiera, pudiera ser que comenzaran a aparecer las necesarias para conformar ese parque de viviendas protegidas del que carecemos. Y seguro que resulta más barato poder hacer ese tipo de operación con las entidades financieras –entre unos y otros propietarios hay más de tres millones de viviendas vacías en nuestro país, que lanzarnos a la costosa e ímproba tarea de construirlas, aunque muchas empresas ya están dejando escuchar sus cánticos de sirena para grandes operaciones de build to rent con el aval del Estado como cliente y la especulación como objetivo. No necesitamos “sus favores” más que en ubicaciones puntuales, las viviendas están ahí y además la banca nos debe 60.000 millones de euros, como poco. Y podríamos pasar del 2% actual al 15% necesario en menos tiempo del previsible hasta ahora.

Después de los indignos manejos con los que se apropiaron de esas viviendas a precios inmorales, llevando a la ruina de por vida a muchas familias, de exenciones fiscales y ayudas varias, el precio de esos inmuebles que mantienen cerrados y que en muchos casos se construyeron con dinero público, no puede ser el de mercado, ni mucho menos. Eso si no tenemos en cuenta  el cheque de los 60.000 millones, porque entonces aún regalándolas deberían dinero al Estado. Además de paso cumpliríamos el artículo 128 de la Constitución, que debe tener complejo de jarrón chino, el pobre.

Eduardo Lizarraga

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