La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado al Gobierno a ampliar más allá del 31 de diciembre de 2025 las medidas que suspenden los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden afrontar el pago de su alquiler. La dirigente morada ha pedido que se abra de inmediato la negociación para aprobar un nuevo decreto que evite la reactivación de estos procedimientos de lanzamiento a comienzos del próximo año. Según cálculos de la formación, unas 60.000 familias podrían verse afectadas si se levantara la moratoria.

La petición de Belarra se centra en los desahucios sin alternativa habitacional de las personas que viven de alquiler

Belarra ha precisado que la petición de prórroga se centra en los desahucios de inquilinos sin alternativa habitacional, ya que las medidas que protegen a las familias hipotecadas seguirán en vigor hasta 2028. La líder de Podemos ha subrayado que su formación exigirá que el nuevo decreto amplíe la cobertura a las personas vulnerables con contratos de renta antigua y, en general, a toda persona que no pueda acceder a una vivienda digna. “El Gobierno no puede permitirse levantar esta protección cuando la emergencia habitacional sigue en aumento”, ha advertido.

Podemos aspira además a que la suspensión de los desahucios se convierta en una medida estructural, de carácter permanente, y no una prórroga puntual. Para Belarra, esta medida es “la mejor manera de combatir el discurso violento y mediático que criminaliza a las personas más vulnerables, tildándolas de inquiokupas”.

Incluir a las personas vulnerables con renta antigua

El partido morado plantea extender la moratoria también a los inquilinos con renta antigua, un colectivo especialmente golpeado por la especulación inmobiliaria y los fondos de inversión que adquieren edificios con contratos protegidos. Según Podemos, estos casos representan una nueva forma de expulsión silenciosa del vecindario tradicional y deben tener una respuesta institucional inmediata.

En ese sentido, Belarra ha anunciado que su grupo registrará una proposición no de ley en la Comisión de Vivienda del Congreso, con el objetivo de que la suspensión de los lanzamientos se prorrogue “con carácter inmediato y permanente”. Además, ha recordado que esta moratoria fue aprobada inicialmente en marzo de 2020 para paliar los efectos sociales de la pandemia y se ha renovado sucesivamente ante la persistencia de la crisis habitacional.

La última prórroga, pactada en diciembre del año pasado entre el Gobierno y Podemos, vence el próximo 31 de diciembre. Por ello, la formación exige que la nueva extensión esté aprobada antes de final de año, evitando así que se reactive la maquinaria judicial que podría dejar sin hogar a miles de familias vulnerables.

El intento de desahucio de Mari Carmen en Madrid

Belarra ha mencionado como ejemplo el intento de desahucio de Mari Carmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño del Retiro, que ha vivido en el mismo piso desde 1956. Mari Carmen tiene un contrato de renta antigua y lleva décadas pagando un alquiler asequible, pero el inmueble fue adquirido recientemente por una empresa que pretende subirle la renta un 275%, hasta los 2.600 euros mensuales.

El caso ha generado una fuerte reacción social y mediática, y Podemos lo ha tomado como símbolo de lo que califican como “la degradación del mercado del alquiler en manos de fondos buitre”. Belarra ha advertido de que no pueden volver a repetirse imágenes como esas: “O el Gobierno actúa frente al problema de la vivienda, o será una crisis habitacional sin precedentes la que derribe a este Ejecutivo”.

La secretaria general de Podemos ha insistido en que no se trata solo de aplazar los desahucios, sino de repensar el modelo de acceso a la vivienda y de reforzar el papel del Estado como garante del derecho constitucional a un hogar digno.

La crisis de la vivienda continúa ganando en intensidad

La suspensión de los desahucios para hogares vulnerables se aprobó en 2020, en el contexto de la pandemia, y ha beneficiado, según datos de Podemos, a unas 60.000 familias. Sin embargo, cinco años después, la emergencia habitacional no ha remitido. El precio del alquiler sigue disparado, los desahucios se mantienen en cifras elevadas y cada vez más familias destinan más del 40% de sus ingresos a pagar su vivienda.

Desde Aquimicasa se recuerda que esta situación refleja una crisis estructural del modelo inmobiliario español, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal foco de desigualdad. Las políticas públicas, aunque necesarias, siguen siendo insuficientes para contener la especulación y garantizar una oferta estable de vivienda social.

Podemos busca mantener el debate en el centro de la agenda política y presionar al PSOE para incluir estas medidas en los próximos presupuestos. Mientras tanto, los colectivos antidesahucios advierten de que el fin de la moratoria podría suponer un repunte de lanzamientos judiciales en los primeros meses de 2026.

La realidad es que la crisis de la vivienda continúa ganando intensidad. En España, el acceso a un hogar estable se ha convertido en un problema de primer orden, y el futuro de miles de familias depende de que la política, una vez más, mire hacia abajo y no hacia los intereses del mercado.

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